La red delictiva que cayó en Salto desarrollaba un “delivery de contrabando”. Los cinco empresarios de la capital pedían y los tres salteños ejecutaban. Viajaban en vehículos de su propiedad a Argentina y se encargaban de traer la mercadería solicitada.
A su vez, en el paso de frontera cinco aduneros, tres policías de Migración y dos funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a cambio de determinadas sumas de dinero, hacían la vista gorda y dejaban pasar la mercadería.
Así se configuraba el contrabando, ya que ingresaban al país todo tipo de artículos sin ser declarados, y sin pagar los impuestos que hubieran correspondido por la importación. La mercadería abarcaba desde productos químicos, hasta insumos para vehículos como cubiertas, o ropa.
La investigación demostró que estas maniobras se venían realizando desde hacía cinco años. La indagatoria fue coordinada por la Justicia y el Grupo de Respuesta e Información de Aduana (GRIA).
El 22 de junio de 2010, el juzgado penal de 14° turno de Montevideo autorizó las escuchas telefónicas que permitieron detectar las maniobras en el puente de Salto Grande.
Al surgir los primeros indicios de las maniobras, la justicia penal de Montevideo derivó competencia en el juzado penal de Salto, a cargo de la jueza Marcela Vargas y el fiscal Ricardo Lackner.
Las escuchas continuaron efectuándose entre noviembre de 2010 a febrero de 2011 y así se descubrió que se realizaban giros de dinero entre los empresarios de Montevideo y los tres empresarios salteños. En ese momento se solicitó autorización judicial para levantar el secreto bancario de los giros realizados.
Esa medida permitió detectar que los giros alcanzaron la suma de 2 millones de pesos desde el año 2008.
Uno de ellos era el que recibía los giros y luego efectuaba los pagos a los otros dos. De esta manera cobraban un “sueldo” por la tarea de contrabando.
La indagatoria avanzó y cuando lograron recabar las pruebas se detuvo en total a 18 personas: cinco empresarios de Montevideo, tres salteños –uno de ellos es el principal proveedor del denominado “Bagashopping”–, y los diez funcionarios públicos, aduaneros, policías y funcionarios del Ministerio de Ganadería.
Las audiencias judiciales comenzaron este martes y continuaron este miércoles. Al cierre de esta edición, la jueza Vargas resolvía los procesamientos de los indagados.
Además de contrabando, la jueza y el fiscal evaluaban aplicar los delitos de asociación para delinquir, y cohecho calificado, un delito que se aplica a los funcionarios públicos por el cobro de coimas y que le cabe a los particulares en calidad de coautores. Se castiga con 12 meses de prisión a seis años de penitenciaría, inhabilitación de dos a seis años y multa.
Mientras avanzaba la indagatoria por el contrabando los efectivos policiales que trabajan en la Aduana se percataron del elevado nivel de vida de los empresarios salteños que tiene casas y vehículos costosos.
Ello determinó que se comenzara a indagar el delito de lavado de activos. También quedaron comprendidos en la investigación de ese delito los funcionarios públicos.
Por el lavado se “blanquea” el dinero proveniente de la actividad delictiva. Son delitos precedentes del lavado el contrabando mayor a US$ 20.000 y la corrupción. Ambos delitos se verificaron en esta oportunidad, dijeron los informantes.
En este caso también se autorizó el levantamiento de secreto bancario de las cuentas de los implicados para indagar sus patrimonios.
