Aunque la integración del Consejo Directivo Central de la Educación (Codicen) parece reflejar una pluralidad de ideas que surgen de dos directores nombrados por el Poder Ejecutivo, dos elegidos por los gremios y un integrante de la oposición política, en realidad sólo este último representante tendría concepciones educativas diferentes al del resto de sus colegas. “Tenemos una misma visión progresista sobre los que son los temas referentes a la enseñanza”, dijo a El Observador uno de los integrantes de ese organismo en referencia a los directores oficialistas y los sindicales.
En las elecciones docentes fueron elegidos por la mayoritaria lista 1 como representantes sindicales los dirigentes Néstor Pereyra y Teresita Capurro. En tanto que los representantes del Poder Ejecutivo serán el decano de la Facultad de Humanidades, José Seoane (futuro presidente del Codicen), y la directora del INAU, Nora Castro (futura vicepresidenta). Seoane es de filiación frenteamplista y Castro pertenece a la Corriente de Acción y Pensamiento- Libertad (Cap-L). El representante de la oposición política será nombrado luego de que culminen las reuniones multipartidarias en las que se está negociando la integración de la oposición a los organismos públicos. Pese a esa comunión de pensamiento, los gremios de la enseñanza tienen una visión crítica con la forma en que el gobierno ha manejado determinados asuntos vinculados al área. Por ejemplo, el sindicato de profesores de Secundaria (Fenapes) considera que los docentes son víctimas de una “política sistemática de desacreditación” por parte de los políticos.
En el Parlamento está funcionando un grupo de trabajo en el que todos los partidos buscan acuerdos sobre temas educativos. Este grupo de trabajo también es cuestionado por la Fenapes. “Más allá de disfrazar el tema como un asunto nacional, la comisión multipartidaria instalada por el gobierno no es más que la concepción de siempre: la educación se piensa solo para el plazo que dura un gobierno, acordada solo entre partidos políticos”, dice una declaración emitida por el gremio que pide 6% del PBI para la educación y mejoras en las condiciones de trabajo.
Por su lado, desde el Partido Nacional se ha pedido insistentemente que se retrace la aplicación de la ley de Educación pero esto es rechazado de plano por parte del gobierno de la izquierda.
