En el fondo Uruguay no quiere inmigrantes

Sin embargo, desde febrero de 2023, Uruguay cobra una tarifa de $ 3.400 (US$ 85) para las solicitudes de residencia de ciudadanos de países del Mercosur, incluyendo a los venezolanos. Anteriormente, estas solicitudes eran gratuitas. 

Los ciudadanos del Mercosur, en particular de Argentina y Venezuela, representan la mayoría de la inmigración en Uruguay. En 2022, se registraron 7.209 ciudadanos del otro lado del Río de la Plata y fueron 2.613 los venezolanos que solicitaron residencia en Uruguay. Su presencia a través de los tonos de voz y las costumbres es hoy ineludible para cualquier uruguayo.

A pesar de que esta tarifa puede parecer relativamente baja en comparación con estándares internacionales, puede ser una carga para los migrantes que ya se encuentran en una situación económica vulnerable, como suele ser el caso de los venezolanos y los caribeños. 

Una familia de cuatro personas necesita pagar US$ 340 para solicitar la residencia. Solo con la residencia se puede obtener una identificación que permite acceder a servicios de salud, educación y seguridad social, se adquiere el derecho a firmar un contrato y se abre la posibilidad de obtener un permiso de trabajo. 

En Uruguay, la mayoría de los trabajos son formales, y la informalidad no es la moneda corriente, salvo en algunas ciudades de la frontera con Brasil. Por lo tanto, los migrantes necesitan obtener la residencia, y prácticamente todos ellos lo hacen. Es una cuestión de supervivencia.

Aunque el proceso aún se considera relativamente sencillo, la nueva tarifa también provoca que los migrantes más pobres intenten obtener el estatus de refugiado, creando un cuello de botella en el proceso de solicitud de refugio y socavando la reputación de Uruguay como un país que ha sido eficiente y rápido en el procesamiento de tales solicitudes. 

Aunque suena comprensible, esta situación finalmente compromete el objetivo de Uruguay de convertirse en un lugar más atractivo para la mano de obra extranjera, tan necesaria para el desarrollo.

Pero hay una cuestión aún más compleja: la ciudadanía. En Uruguay, la ciudadanía legal es la única disponible para aquellos que no nacen en el país ni en el extranjero de padres uruguayos. Una persona nacida en Venezuela, por ejemplo, que obtiene la ciudadanía legal en Uruguay todavía necesita un pasaporte venezolano y una visa para ingresar a la mayoría de los países de las Américas, excepto Colombia y los Estados miembros del Mercosur.

Uruguay es uno de los pocos países en el mundo donde los ciudadanos extranjeros adquieren la naturalización solo a través del estatus de ciudadanos legales, una figura establecida en la Constitución desde 1830. Para solicitar la ciudadanía legal, un residente debe dirigirse al Tribunal Electoral, no al Ministerio del Interior, y, aun así, debe esperar tres años más antes de adquirir un documento que le permita votar en las elecciones. Un tanto engorroso.

La principal diferencia aquí es que un extranjero que se convierte en ciudadano legal en Uruguay luego de pasar por un proceso de trámites que dura al menos ocho años, no es considerado un ciudadano uruguayo pleno. La ciudadanía legal otorga acceso a un pasaporte que los diferencia por su lugar de nacimiento. Un ejemplo es el caso de miles de venezolanos y cubanos, quienes en la práctica deben tramitar visas en sus pasaportes por no poder usar plenamente el pasaporte emitido por Uruguay debido a las restricciones de circulación que tiene su nacionalidad.

Esta limitación de la ciudadanía legal afecta a más de 35.000 personas en Uruguay de nacionalidades variadas, no solo latinoamericanas. Es obvio que los más perjudicados son cubanos y venezolanos cuya ciudadanía de nacimiento se ha vuelto más problemática debido a la situación política, pero también para eventuales inversionistas y/o jubilados que buscan en Uruguay un refugio pacífico para instalarse.

En setiembre de 2021, legisladores del oficialismo presentaron un proyecto de ley para corregir esta situación, pero aún no avanzó. A pesar de que políticos de diferentes partidos y autoridades son plenamente conscientes del problema, el sistema político no muestra interés en abordar de fondo el asunto. No lo ven prioritario, y lo es. Debería estar en el tope de la agenda de los partidos políticos. Las restricciones de la ciudadanía legal plantean un problema para todos los migrantes en Uruguay al afectar sus derechos de movilidad y la decisión de radicarse en un país que además está caro.

Si Uruguay quiere integrar a su creciente comunidad de migrantes y cumplir su objetivo de convertirse en un destino atractivo para la mano de obra extranjera, debe abordar esta situación mal resuelta y encontrar soluciones razonables que beneficien tanto a los migrantes como al país. 

Es buen tiempo para que Uruguay tome medidas concretas para mantener el prestigio mundial de sociedad abierta y no retroceder en la posición de país atractivo para el extranjero. A nivel de presidencia la voluntad existe, es el resto del Estado, sus reparticiones y sus legislaciones vetustas las que no acompañan. Hay que avanzar no solo porque es parte de nuestro ADN sino porque los necesitamos como agua en el desierto si no queremos que nuestra nacionalidad vaya evaporándose lentamente de la faz de la Tierra.

(*) Columna inspirada en el artículo “Uruguay is Receiving Venezuelans, With a Caveat” del Dr. Ángel Arellano publicado en Caracas Chronicles el 11 de noviembre de 2023. Y en investigación “República de Inmigrantes” publicado por el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social Ceres en diciembre de 2020.