En la dirección equivocada: la meta cada vez más lejos

La situación fiscal se ha ubicado como uno de los temas centrales del debate tras registrarse sucesivos guarismos que mantienen el desequilibrio de las cuentas públicas en torno a 4% del PIB (si se excluye el efecto de los “cincuentones”). 

En concreto, 2018 fue un año caracterizado por una divergencia considerable (de 0,9% del PIB) respecto a la meta planteada en la última Rendición de Cuentas, así como un desmejoramiento respecto a la cifra alcanzada al término de 2017, cuando el déficit fiscal se situaba en 3,5% del PIB. El primer dato publicado para 2019 no se aleja de esta tónica, alcanzándose en el año móvil a enero un resultado negativo de 4,3% del PIB, destacándose aumentos en partidas del gasto más discrecionales como lo son los gastos de funcionamiento y las inversiones.

Asimismo, el Fondo Monetario Internacional en el marco de las revisiones anuales que realiza a los países miembros, ha señalado a la arista fiscal como uno de los principales debes de Uruguay en su política macroeconómica, remarcando la necesidad de que el gobierno se comprometa con medidas para afrontar el desequilibrio acuciante. Esto está en línea con las advertencias que han hecho algunas calificadoras de riesgo, en particular la agencia Fitch, del historial de incumplimiento de las metas fiscales con el que cuenta Uruguay y el impacto que esto posee sobre la trayectoria del endeudamiento público, que se ha tornado insostenible más allá del apetito que aún siguen mostrando los inversores por la deuda de los países emergentes y de Uruguay en particular. Adicionalmente, poseer un escaso espacio fiscal dificulta la introducción de políticas contracíclicas ante shocks adversos, lo cual para países como Uruguay, cuya vulnerabilidad al contexto externo es elevada, resulta especialmente problemático. 

En ese contexto, es necesario que las autoridades lleven a cabo políticas de reducción del desequilibrio que a su vez, minimicen la generación de impactos negativos adicionales sobre la actividad económica. Para ello, hay dos tipos de medidas que podrían aplicarse, las dirigidas a incrementar los ingresos y las que buscan racionalizar los egresos. 

Respecto de las primeras, es de notar que la carga contributiva ha aumentado en los últimos años (en particular luego del ajuste fiscal de 2017), por lo que introducir nuevos tributos o aumentar la tasa de los existentes podría generar perjuicios adicionales sobre una actividad económica en franca desaceleración. Por otra parte, los incrementos de tarifas tampoco parecen el camino indicado para solventar el deterioro fiscal, considerando que los mismos deben estar determinados por las necesidades de las empresas públicas y sus costos, y no precisamente por una lógica recaudatoria que busque cubrir los excesos generados en otros sectores. 

En cuanto a las medidas dirigidas a racionalizar los gastos, es importante recordar que gran parte de ese egreso es esencialmente rígido, por lo cual, si bien a simple vista puede ser complejo embarcarse en operaciones de este tipo, sí existen espacios para introducir medidas de ajuste. En ese sentido, es relevante traer a colación algunas de las conclusiones alcanzadas en el documento del Banco Interamericano de Desarrollo publicado en setiembre pasado, “Mejor gasto para mejores vidas”, que estudiaba la eficiencia del gasto público en los países latinoamericanos y que ubicaba en 3,7% del PIB la inadecuada utilización del mismo en Uruguay (lo cual representa casi todo el déficit actual). Este porcentaje era explicado principalmente por: una brecha injustificada a nivel salarial del sector público frente al sector privado, a filtraciones en las transferencias y a deficiencias en los procesos a nivel de compras públicas. Por lo tanto, es claro que existen medidas posibles si se está dispuesto a actuar frente a esta realidad, aunque para ello se deba pagar un costo político.

Más allá de estos elementos, también deberán generarse debates serios acerca de temáticas más estructurales como lo son: la necesaria reforma del sistema previsional, la gobernanza de las empresas públicas, la incorporación de una regla fiscal viable y creíble y, finalmente, la definición de aquellas actividades que justifican una participación activa del Estado (por generar un retorno adecuado respecto de la inversión que todos los ciudadanos depositan en dichas áreas) y cuáles deben ser dejadas en manos de los actores privados en un contexto de mayor competencia. 

Ante un 2019 de elecciones y con la fuerte tendencia histórica que indica que en años de esta característica el gasto público se incrementa, lo más probable es que muchos de los puntos señalados no sean desarrollados en el resto del período del actual gobierno. En consecuencia, será imprescindible que la próxima administración elabore al respecto un plan estratégico, que deberá contar con consensos amplios de todas las esferas sociales, de forma de atacar la compleja realidad de mediano y largo plazo de las finanzas públicas. 

Primer Premio Academia Nacional de Economía 2017 y Segundo Premio Academia Nacional de Economía 2018.