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En los últimos cinco años se fiscalizó a menos de la mitad de las clínicas de radioterapia
La Autoridad Reguladora Nacional de Radioprotección (ARNR), el organismo encargado de controlar todas las actividades en la que se produzca radiación potencialmente dañina, desde su creación, en 2005, no ha sido dotada de recursos suficientes, ni del personal capacitado como para cumplir con los cometidos que la ley le asignó.
Desde 2015 ha sido incapaz de realizar más del 45% de las inspecciones que tenía fijadas, y las autoridades de la administración anterior (2015-2020) advirtieron a las actuales sobre el “vaciamiento de la unidad” debido a jubilaciones y traslados de funcionarios, algo que a su juicio requería de una respuesta “urgente”.
Así surge de un pedido de acceso a la información pública que realizó El Observador al Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), en el que se solicitó información sobre los centros de radioterapia que se encuentran operativos, el equipamiento con el que cuentan, y el estado de situación de la ARNR.
“Tenemos algunos desafíos, pero ya estamos haciendo cambios para que la Autoridad Reguladora cumpla cabalmente con sus cometidos”, dijo a El Observador Gabriel González, el actual director de esa oficina.
González se doctoró en Física en el Centro Atómico de Bariloche, es docente grado 5 e investigador del Instituto de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, y es jefe de la Unidad de Física Médica de la Facultad.
Es la primera vez que un físico dirige la ARNR. El jerarca anterior, Walter Cabral, veterinario de profesión, estuvo diez años a cargo del organismo. Antes había sido dirigida por Alejandro Nader, odontólogo con carrera administrativa en el Estado, y que integró entre 2008 y 2014 el Organismo Internacional de Energía Atómica.
Entre el 2002 y 2003, cuando lo que existía era la Dirección Nacional de Tecnología Nuclear, al frente del área estaba el abogado Daniel Turcatti, quien impulsó su transformación hacia la actual ARNR, porque las autoridades de entonces entendían que no había méritos para que el departamento tuviera el rango de dirección, según recordó.
Pero también es la primera vez que hay físicos en la ARNR. Otro ingresó a trabajar con González este año, y se espera la llegada de un tercero.
Las carencias
En el informe de transición elaborado por la administración saliente –que está incluido en los documentos proporcionados por el MIEM–, se enumeran las dificultades que tuvieron entre 2015 y 2019 para inspeccionar los lugares en los que se genera radiación ionizante –que es aquella radiación lo suficientemente fuerte como para generar efectos biológicos–, lo que incluye centros de radioterapia, y también clínicas de mamografía, centros de imagenología o del rubro industrial.
“Hasta el momento se había cumplido la meta de 300 inspecciones al año, basado en el riesgo radiológico recomendado por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y que nosotros tomamos. En la actualidad no se está pudiendo cumplir esta meta por tres razones básicas: poco personal, no disponibilidad de algunos funcionarios para viajar al interior del país y falta de recursos para pagar viáticos”, denuncia el expediente que recibió González al asumir el cargo.
El año en que más inspecciones se realizaron fue 2017, con 440. En 2015 y 2016 se superó apenas el piso de 300, y en 2018 y 2019 se hicieron menos de 260. En porcentajes, el organismo controló en 2015 el 44% de las inspecciones que consideraba necesarias; en 2016, el 43%; en 2017 el 45%; y en 2018 y 2019 el 33%. En el interior del país, sin contar Canelones, en 2018 se llegó a inspeccionar el 5% de lo propuesto. No hay datos de 2019.
Las autoridades de la última administración agregaron que “debido a que en el último período se ha actualizado gran parte de la normativa, el proceso de autorización se ha complejizado, puesto que existen nuevos requerimientos de seguridad a las instalaciones de acuerdo a las recomendaciones de la OIEA”, y que como esa área “está integrada tan solo por dos personas, y existe un mayor número de solicitudes, el tiempo de respuesta se ha resentido”.
Y añaden por último que de los 18 funcionarios de la ARNR, cinco pasarán a retiro –dos son del grupo de emergencias radiológicas–, otros cuatro han sido trasladados a otras unidades ejecutoras del Estado sin suplir las vacancias, y que todo eso tiene como resultado una “compleja situación (que) exige una urgente acción de las futuras autoridades antes de que se produzca el ‘vaciamiento de la unidad’ y el retroceso de la experiencia y el prestigio ganado, así como la pérdida potencial de las últimas incorporaciones”.
Guillermo Moncecchi, el subsecretario de Industria del último gobierno del Frente Amplio y ministro tras la renuncia de Carolina Cosse, respondió que ni él ni ella estaban al tanto de estas carencias. “Sinceramente, era un problema que no estaba identificado de acuerdo a lo que la autoridad nos decía. Nosotros entendíamos que se estaba cubriendo (las necesidades), que el presupuesto era adecuado y que las inspecciones se hacían”, aseguró.
Tampoco estaba al tanto de que la gestión de Cabral considerara “insuficiente” las partidas destinadas al rubro de inversiones –$ 482 mil–. “Este rubro incluye el equipamiento y mobiliario de oficina, informática y equipos de detección. Cualquier equipo de detección que se quiera comprar se lleva casi todo el dinero asignado. Sin equipos de detección no se pueden hacer inspecciones”, advierte el informe de transición. Cabral no quiso hacer declaraciones.
El informe hacía la misma consideración respecto al rubro destinado a gastos de funcionamiento, ($ 880 mil anuales).
Ahora, según supo El Observador, las autoridades actuales duplicaron esas partidas. El ministro de Industria Omar Paganini asumió el compromiso con González de asistir a la ARNR ante cualquiera de sus necesidades presupuestales, y se volvió a crear el cargo de director de la ARNR con recursos de otra unidad ejecutora del ministerio.
No obstante, en la actual Ley de Presupuesto –a discusión en el Senado–, se mantienen los recursos totales del organismo para 2020 –un promedio anual de $ 36 millones–, y se reduce un millón para los años siguientes.
Nader, que dijo ser “el fundador” de la ARNR, y quien hoy se mantiene como jefe de Asesoría Técnica, afirmó por su parte que el organismo “siempre fue una autoridad pequeñita en el ministerio” y reconoció que González “está tratando de fortalecer” el área.
