Enemigos íntimos: la nueva batalla de Alberto Fernández contra los jueces

El juez, vocero oficioso de sus colegas, compartía su convicción con quien quisiera escucharlo: esta es una embestida política que nada tiene que ver con temas  impositivos sino con un apriete. 

Los jueces en Argentina no pagan ganancias. O, para ser más precisos, los magistrados que ingresaron antes del 2017 no tributan ese impuesto. Prácticamente no lo hicieron nunca. La Corte Suprema ratificó mediante una acordada en 1996 la exención vigente desde 1936. “Los jueces recibirán por su servicio una compensación que determinará la ley, y que no podrá ser disminuida en manera alguna”, dice el artículo 110 de la Constitución Nacional al que se abrazan hace casi 90 años. Aun cuando también la Corte a través de un fallo de 2018 convalido lo contrario, pero sólo en referencia a quienes ingresaron al Poder Judicial a partir de 2017.

Pero lejos está de ser una discusión técnica. No hay un debate académico al respecto.  Ni reuniones destinadas a analizar el espíritu de la ley y definir a través de comisiones de expertos las razones de esta excepción. Sí, hay reuniones. A puertas cerradas, en los primeros pisos de restaurantes del centro, en oficinas sin identificación, donde se desata una guerra por momentos silenciosa y por otros transmitida en directo en todos los canales de televisión entre jueces y políticos. 

La base de los encuentros es la desconfianza. Uno de los magistrados se retiró de lo que se suponía iba a ser un café con el objetivo de tender puentes, cuando el secretario de un funcionario de la mesa chica del gobierno le acercó una canasta de pan para que depositara el celular y se lo pudiese llevar a una mesa lejana. “¡Están enfermos! ¿Crees que te voy a grabar?”, fue la segunda y última frase después del frio saludo inicial.

Desde el gobierno, que no logró que la oposición acompañara el fin de la exención en el pago de ganancias de los jueces, aseguran que poner en agenda el tema tenía un doble objetivo: por un lado, efectivamente exponer los privilegios de “la casta”, haciendo públicos sus sueldos engordados por las excepciones, y por otro, recaudar, en este contexto de crisis, cerca de 250 mil millones. 

El presidente Alberto Fernández, que desde el día que asumió puso en la mira a parte del Poder Judicial que tan bien conoce, despotricó apenas supo que el oficialismo había quedado solo impulsando este proyecto. “Es incomprensible", dijo. Y continuó: “Sentí que esta vez íbamos a poder hacerlo, pero la oposición cada vez que uno toca este tema dice que es un ataque a la justicia, cuando no tiene nada que ver, ya que es una cuestión de estricta justicia".

Apenas se conoció que se cayó el artículo en diputados, se suspendió una llamativa reunión que estaba pautada entre la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner y la Asociación de Magistrados. 

Del otro lado, los funcionarios judiciales no bajaron la guardia convencidos de que esto se trató de un ataque a su independencia y de un intento de amedrentamiento en momentos donde tienen que tomar decisiones jurídicas de alto impacto político.

El juez Diego Barroetaveña, hombre de la poderosa Cámara de Casación Penal y estrenando representación de los jueces en el Consejo de la Magistratura habló sin disimulo: “Soy opositor a todo lo que ataque la independencia del Poder Judicial. Esto tiene más tufillo a una cuestión política que a una financiera" y resumió: “Buscan cercenar nuestra independencia”.

¿A qué se refiere? ¿De qué habla él en público y otros en privado? De inminentes decisiones que debe tomar la Justicia, particularmente en causas que involucran a la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner. Entre otras, se espera el veredicto en la causa Vialidad en la que el fiscal le pidió 12 años de prisión e inhabilitación especial perpetua como supuesta jefa de la asociación ilícita en concurso real con el delito de administración fraudulenta agravada. Cuando se conocieron los pedidos de pena, los seguidores de CFK salieron a la calle y montaron una manifestación permanente frente a su casa de Recoleta. Es difícil imaginar el escenario social si la condenan.

El oficialismo aprovecha y capitaliza el clima de crispación general sabiendo que apuntar, en medio de una crisis, a privilegios de los ya privilegiados que cobran sueldos de siete cifras generará una reacción. Y los jueces están convencidos de que la jugada es, más allá de la cuestión tributaria, esmerilar la credibilidad de quienes deben juzgarla. 

El proyecto se cayó. El oficialismo va insistir y cree que algo ganó: poner el tema en agenda. Los jueces ganan tiempo: por la reforma de la gestión del expresidente Mauricio Macri todos los que ingresen pagaran el polémico impuesto como lo vienen haciendo desde el 2017. Así, les permite decir y cada vez más: “los jueces ya pagamos ganancias”. Casi un win win. Un poco ganaron todos.

Mientras tanto y sin esos 250 mil millones que dicen podían haber recaudado de los bolsillos de los magistrados, el gobierno sale a buscar plata. Y a última hora reavivó el proyecto de Renta Inesperada. O renta extraordinaria. O que aporten más aquellos que más ganaron durante la pandemia, aunque ya lo hagan a través de los impuestos escalonados. Y así, a través de la portavoz Gabriela Cerruti, el oficialismo abrió otro debate y otro frente tributario. Ahora con los empresarios.

La semana termina con el inicio de un nuevo capítulo del enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Gobierno. El cruce en este caso se desató luego de que fueran excarcelados por orden de la Cámara Federal algunos miembros de la organización Revolución Federal, que son investigados por ser parte del armado del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner.

El presidente Alberto Fernández no tardó mucho en disparar un hilo de tuits contra los magistrados. “Una vez más, la Sala 1 de la Cámara Federal de Comodoro Py, integrada por dos magistrados (Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi) que ocupan sus asientos de forma contraria a la Constitución, interviene en una causa de relevancia institucional”, sentenció el presidente en 140 caracteres.

Ambos jueces ocupan su cargo por un traslado avalado por el Consejo de la Magistratura y un decreto del Poder Ejecutivo en tiempos de Mauricio Macri, sin haber pasado por un concurso. 

Todo hubiera sido una historia más de cruces y acusaciones, pero Bruglia anunció en declaraciones al portal Infobe que demandará al presidente por daños y perjuicios.  Argentina, no lo traten de entender.