En contra de la opinión pública, y siguiendo el consejo del ala dura de sus asesores médicos, el presidente argentino Alberto Fernández dio el viernes marcha atrás con la tibia apertura que se venía realizando en Buenos Aires. El hecho de que el nivel de contagios haya llegado a una velocidad crucero de 2.600 nuevos casos por día terminó por convencer al mandatario, que en una conferencia conjunta con el gobernador de la provincia Axel Kicilof y el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, anunció un endurecimiento de aislamiento social obligatorio para el el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)desde las cero horas del miércoles 1 de julio, y hasta el día 17.
Esto implicó que se volviera a prohibir actividades recreativas y deportivas al aire libre, que habían generado polémica por la aglomeración en los parques. También se volverá a cerrar algunos negocios barriales, se restringirá el transporte público y se acotará el permiso de circulación de vehículos.
Protestas
Ya se transformó en uno de los espectáculos principales del “prime time” televisivo y las redes sociales: pequeños empresarios que, apenas conteniendo el llanto, relatan la tragedia del desplome de su negocio y que cuentan que deberán bajar las persianas en forma definitiva, al no poder seguir pagando salarios, alquiler ni demás costos. En definitiva, que lo que costó décadas de esfuerzo se vino abajo por los 100 días de cuarentena.
Los empresarios cuentan que, por más que el gobierno haya puesto en marcha el programa de asistencia que paga la mitad de los sueldos de los empleados, por más que haya una moratoria para el pago de cargas de seguridad social y que ahora venga otra amnistía fiscal más amplia, por más que se hayan congelado tarifas y alquileres, nada puede compensar el hecho de que una caja haya tenido ingresos cero por la inactividad forzada.
Es una crisis que no discrimina sectores, afecta a servicios, gastronomía, comercio y pequeñas industrias. Y contrasta con el mensaje optimista que intenta transmitir el gobierno, de que “lo peor ya pasó”.
Alberto Fernández destaca que, a excepción del AMBA, el resto del país está relativamente normalizado y con la economía en recuperación. Pero es un mensaje de difícil recepción. Las encuestas industriales marcan que dos tercios de las empresas del sector están inactivas o produciendo menos de la mitad respecto del nivel pre-cuarentena.
RONALDO SCHEMIDT / AFP
En los últimos días, el Fondo Monetario Internacional revisó sus proyecciones de actividad económica y pronosticó que el PBI argentino se desplomará un 10 por ciento, la peor cifra desde la gran crisis de 2002. Es una caída que casi duplica a la media de la región y que está en línea con la de los países europeos más golpeados por la pandemia, como Italia y España.
La Unión Industrial alertó sobre una posible ola de quiebras o empresas que entren en crisis financiera. Por lo pronto, un 41% de las empresas adeuda impuestos mientras que el 27% dejó de pagar a sus proveedores, agravando así la ruptura de la cadena de pagos.
En ese marco se registró un desplome en la recaudación de impuestos, al tiempo que se disparó el gasto público. Como consecuencia, los números fiscales indican que el déficit se disparó un impactante 1.000 por ciento respecto del año pasado, según las últimas cifras. Solo en mayo, el gasto público desfinanciado equivalió a un 0,8 por ciento del PBI, es decir el triple de todo el déficit del año pasado. Y aun cuando esto marca un límite en la capacidad de asistencia estatal para los privados, la magnitud de la crisis convenció al gobierno de dar marcha atrás con un recorte en la asistencia salarial a las empresas.
Cuarentena, debate nacional
Con semejante panorama, se exacerbó el debate respecto de si la estrategia sanitaria elegida por Alberto Fernández es la que realmente le conviene a Argentina. Las protestas en contra de la cuarentena estricta que se aplica en Buenos Aires y su conurbano están creciendo en intensidad, al punto que a los funcionarios se les hace cada vez más difícil justificar las medidas.
Incluso los propios intendentes del conurbano advirtieron que no se debería volver a un régimen de aislamiento extremo por la sencilla razón de que pueden enfrentarse a una desobediencia civil por parte de la población, que ya no puede sostener la inactividad.
Los medios afines al gobierno fustigan a quienes critican la cuarentena por la irresponsabilidad que supone “militar la pandemia” y comparan esa actitud con la de quienes se oponen al uso de vacunas. Ponen como comparación los casos dramáticos de Brasil o Chile con sus miles de muertos y sistemas sanitarios colapsados.
Sin embargo, la fatiga por la cuarentena hace que se empiecen a escuchar quejas desde la propia interna gubernamental. Hay funcionarios que manifestaron que se había sometido a la población a un sacrificio para que, finalmente, la perspectiva con la propagación de la enfermedad no se suavizara.
Y señalan que, para peor, es posible que el peor momento –es decir, el pico de los contagios y el uso intensivo de las terapias en los hospitales- se dará ya con una economía devastada y una población exhausta por el encierro-.
El presidente ha ratificado una convicción respecto de cuáles son las prioridades de su agenda. En cada entrevista periodística repite su mantra de que siempre hay recuperación de una crisis económica pero no hay posibilidad de recuperar las vidas perdidas por la pandemia.
¿Víctima del éxito sanitario?
En cierto sentido, lo que hace el presidente es coherente con sus posturas previas. Desde el inicio, había dicho que el requisito para flexibilizar la cuarentena sería que la tasa de duplicación de contagios se enlenteciera al punto de ocurrir cada 25 días. Pero lo que ocurrió fue exactamente lo contrario, lo cual le dio pie a Fernández para defender su postura sanitarista dura.
Desde ese punto de vista, no debería haber polémica posible. Y sin embargo, el presidente comprobó que, aun con la contundencia de esos números, cada vez debe invertir mayor esfuerzo de comunicación para justificar la necesidad de mantener el confinamiento.
“Qué me importa cuánto dura la cuarentena si los casos de contagio se quintuplican”, había justificado el presidente hace un mes, algo irritado por la insistencia con la que los periodistas le preguntaban sobre el hastío social por el aislamiento.
En cierto sentido, el gobierno está siendo víctima de su propio éxito en materia sanitaria. Porque al inicio de la pandemia, los informes señalaban que, en el mejor de los casos, Argentina llegaría a junio con 250.000 personas contagiadas, mientras que si las cosas se hacían mal habría más de dos millones de enfermos y unos 20.000 fallecidos.
Las tenían en cuenta la experiencia de los países donde el coronavirus había golpeado primero. Y, en comparación, la situación argentina actual luce más que bien: el número de 52.000 contagiados y 1.167 fallecidos supera las expectativas más optimistas.
Sin embargo, ese éxito tiene su contracara: en el afán de “aplanar la curva” de contagios, nunca parece llegar el momento del pico, y por lo tanto hay una perspectiva de que la cuarentena se prolongue de manera indefinida. Hay quienes incluso sugieren que, si se hubiese dejado propagar más el virus, ahora la situación estaría más controlada.
Lo cierto es que la fatiga social y el sufrimiento económico por la cuarentena llegó a un punto en que se plantean dudas sobre cuándo aparecerán las señales de rebeldía y desobediencia civil masiva. Algo que, de darse, ocurriría justo cuando la curva de contagios esté en su momento ascendente. Ahí reside el mayor desafío para Alberto Fernández en las próximas semanas. Con un ojo bien atento a lo que ocurre en Brasil, el presidente se aferra a su dureza sanitarista: sabe que en Argentina no habría tolerancia social a un ritmo de 1.000 muertes diarias.
Pero, por otro lado, nunca la opinión pública anti-cuarentena se manifestó de manera tan contundente.
