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Protesta a la salida de la Fiscalía General de la Nación de México

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Escándalo político y judicial por la liberación de decenas de implicados en el caso de Ayotzinapa

Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos hace 8 años reclamaron avances en la causa, pero un juez liberó a 120 acusados de estar vinculados al hecho

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23 de septiembre de 2022 a las 10:51

Activistas y familiares de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos hace ocho años de Ayotzinapa protestaron frente a la Fiscalía General de la República (FGR) en Ciudad de México para exigir la aparición con vida de los jóvenes.

La protesta culminó con incidentes con varios policías heridos y manifestantes detenidos, en un clima caldeado por la liberación de 120 implicados en el caso ordenada por un juez.

La situación se tornó explosiva luego de que el juez federal Samuel Ventura Ramos dejó en libertad a 24 personas acusadas por la desaparición de los 43 estudiantes, con lo que sumaron 120 las órdenes de absolución relacionadas con el caso.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal informó en su página web que Ventura Ramos será denunciado penalmente y se interpondrá una queja en su contra ante el Consejo de la Judicatura.

El titular de la Secretaría, Ricardo Mejía Berdeja, lo anticipó durante la presentación del informe semanal Cero Impunidad, en la conferencia matutina del presidente Andrés López Obrador.

La semana pasada, Ventura Ramos absolvió a José Luis Abarca, quien era alcalde de Iguala, en el estado sureño Guerrero, en el momento de la desaparición de los jóvenes, que fueron capturados en esa ciudad.

Abarca está acusado de participar en el secuestro y la desaparición de los estudiantes, pero el juez consideró que “no existen evidencias de la plena responsabilidad” del exalcalde.

A unos días de que se cumpla el octavo aniversario de los hechos, decenas de manifestantes se congregaron frente a la FGR con pancartas con los rostros de los estudiantes desaparecidos y al grito de “¡Vivos los llevaron, vivos los queremos”.

Vidulfo Rosales, abogado de los padres, denunció tanto al gobierno como a la Fiscalía de no cumplir con las más de 80 órdenes de aprehensión que se han hecho públicas.

“Queremos una explicación, porque no han sido detenidos los 16 militares (acusados). Queremos una explicación, porque no han sido detenidos funcionarios de alto nivel que nos informaron que ya tenían órdenes de aprehensión y que era cuestión de horas (para que se cumplieran)”, cuestionó.

Uno de los detenidos fue Jesús Murillo Karam, extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), acusado de fabricar la "verdad histórica” que lejos de ayudar a saber lo ocurrido clausuró la investigación.

El exfuncionario será enjuiciado penalmente por desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia.

Los manifestantes recriminaron también que el fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero, no los recibiera y lo responsabilizaron de cualquier acto de represión.

Pese a que decenas de policías con escudos resguardaron el edificio, ubicado en el centro de la capital mexicana, los manifestantes lanzaron petardos y piedras que produjeron la rotura de vidrios e hirieron a una mujer policía en una pierna.

Según fuentes oficiales citadas por AFP, los policías heridos en los incidentes fueron 11, aunque ninguno de gravedad.

La protesta se produjo un día después de que manifestantes realizaran pintadas en la embajada de Israel en México para exigir la extradición de Tomás Zerón, un exfuncionario del gobierno federal que habría ordenado manipular investigaciones sobre el caso.

Los 43 estudiantes desaparecieron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando intentaban apoderarse de ómnibus en Iguala para viajar a la Ciudad de México y participar en manifestaciones.

Fueron detenidos por policías y militares y entregados a narcos del cartel Guerreros Unidos, que los habrían asesinado al confundirlos con miembros de una banda rival.

Hasta ahora solo fueron identificados los restos de tres víctimas.

La "verdad histórica" fue el nombre con el que se bautizó la cuestionada pesquisa del anterior gobierno, que no acreditó la participación de militares en los hechos, a diferencia del informe de la comisión creada por López Obrador.

Ese grupo difundió el pasado 18 de agosto su informe final, que asegura que autoridades civiles y militares, en acuerdo con narcotraficantes, intervinieron en lo que llamó un "crimen de Estado".

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