Exmilitar Sergio Pintado inició huelga de hambre frente a residencia de Suárez

“Estoy determinado a seguir hasta las últimas consecuencias”, dijo a El Observador.

Pintado reclama que se le reconozcan los años que, según sostiene, revistó en el Ejército y que se le pague una jubilación que le estaría siendo negada desde hace décadas en forma injusta e irregular.

Como ya ha hecho en anteriores oportunidades, el exmilitar dejó una carta al presidente Luis Lacalle Pou, en la que una vez más denuncia que todo su legajo fue destruido.

“Intento recuperar mi vida y cobrar lo que el Estado me quitó ya hace casi 21 años; jamás he cometido delito alguno. Lamento que usted se haya quedado con lo primero que le dijeron y no es justo para mí”, sostiene en la misiva. “Sepa que estoy cursando una enfermedad terminal (cáncer) y seguramente no viviré para ver terminado su mandato (…) Iniciaré una huelga de hambre –y esta vez– hasta recuperar lo que me quitaron”.

En mayo de 2020 había enviado otra una carta al presidente Lacalle en la cual reclamaba que se reconocieran sus méritos jubilatorios y ofrecía entregar un archivo que según su versión perteneció al coronel José Antonio Rodríguez Buratti, quien fue uno de los jefes del Servicio de Información y Defensa en la dictadura.

Lacalle envió la carta de exsoldado a la fiscalía y al servicio de retiro del Ejército, donde la respuesta fue que los registros solo mostraban que había tenido un muy breve pasaje por el Ejército, de 13 meses, entre 1980 y 1981.

El general Mario Moreira, hasta febrero responsable del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, manifestó entonces a El Observador que no existía ningún antecedente de que Pintado Otero hubiera tramitado o cobrado ninguna jubilación por servicios prestado al Ejército.

Moreira agregó que, en cambio, sí existe documentación que atestigua que Pintado Otero se presentó para obtener una jubilación especial de acuerdo a la ley sancionada en 2006 para reparar a víctimas de la dictadura. Pero que tal pedido fue desestimado por comisión que analizó los casos, y que el fallo negativo fue asentado en un boletín del Ministerio de Defensa con fecha 2009-2010. 

Pintado Otero, en cambio, sostiene que ingresó al Ejército en 1980 y fue dado de baja en 1999 cuando tenía el grado de alférez de reserva. Relata que ha sido perseguido a causa de la información que obra en su poder. Y que solo alcanzó a cobrar su jubilación durante dos meses del año 2000, pero luego se le dejó de abonar.

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El abogado del exmilitar, José Azuaga, dijo a El Observador que en contactos que tuvo recientemente con un integrante de la “jefatura de seguridad presidencial” se le informó que existen documentos reservados que atestiguan que Pintado revistó 18 años en el Ejército, pero tampoco alcanzan para jubilarse.

Azuaga prefirió no nombrar a la persona que habría efectuado esos contactos y no fue posible corroborar esa información.

En mayo de 2020, el fiscal Ricardo Perciballe ordenó allanar la vivienda de Pintado Otero en la ciudad de Paysandú en busca de archivo que dice tener, pero no encontró documentos de importancia.

En octubre, el exmilitar realizó otra huelga de hambre, sin obtener resultados.

Pintado Otero afirmó que ya entregó el archivo Rodríguez Buratti al comando del Ejército.

El vocero del Ejército, coronel Wilfredo Paiva, dijo no tener registro de esa entrega.

La credibilidad de Pintado Otero ha sido objeto de polémica. El abogado italiano Fabio Galiani, que representó a Uruguay en la primera instancia del juicio por el Plan Cóndor en Roma, señala que fue ese exmilitar quien aportó los datos que permitieron ubicar los restos del escribano Fernando Miranda en 2005. También que su testimonio fue clave para que el excanciller Juan Carlos Blanco, hoy en prisión domiciliaria, fuera condenado por la muerte de Elena Quinteros. 

En cambio, la exfiscal Mirtha Guianze ha declarado que Pintado Otero no es una fuente confiable, que no se encuentra en sus cabales y que procura dinero.

En 1999, Pintado Otero dijo al diario La República que había presenciado como el preso político Edmundo Dossetti había sido ejecutado en 1982 y que sabía el lugar donde había sido sepultado.

Sin embargo, los restos de Dossetti nunca fueron hallados.