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"Familiares de Prisioneros Políticos" se presentaron en el Parlamento

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Familiares de represores reclaman “Verdad, memoria y justicia” como lema para liberarlos

Hijos de militares procesados por delitos en dictadura defendieron proyecto de Cabildo Abierto; senador Domenech cuestionó "vendetta judicial" 

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25 de noviembre de 2021 a las 05:02

Sentada este martes frente a un grupo de senadores, Ruth Ballestrino no pudo contener las lágrimas

“Disculpen si lloro, pero todavía me cuesta entender que mi padre esté preso por un hecho que pasó hace 48 años, cuando él era un alférez recién recibido”, dijo la hija del coronel retirado Alberto Ballestrino, que resultó procesado con prisión por el homicidio de Óscar Fernández Mendieta, muerto por tortura a fines de mayo de 1973 en el Regimiento de Caballería 2 de Durazno.  

Convocada como integrante de la organización “Familiares de Prisioneros Políticos”, Ballestrino compareció ante la comisión de Constitución y Códigos del Senado para exponer la visión de la agrupación sobre el proyecto presentado por Cabildo Abierto para que la prisión domiciliaria sea preceptiva en los mayores de 65 años de edad. 

“Para nosotros es muy difícil hablar, porque lo primero que te dicen es que sos un defensor de genocidas, de violadores de derechos humanos, sin profundizar en los casos particulares”, relató la hija del coronel retirado ante los legisladores. Su padre, Alberto, sería uno de los beneficiados por el proyecto, que ha sido cuestionado desde diversas filas por estar destinado específicamente a sacar de prisión a los militares que están procesados o condenados por delitos vinculados al terrorismo de Estado. 

Lejos de desechar esas atribuciones, los familiares de los represores –o de "prisioneros políticos", según se autoperciben– centraron su defensa en la "injusticia" que consideran se ha cometido frente al grupo de militares recluidos por hechos sucedidos durante la dictadura

Para ello, desde la organización incluso apelaron al mismo lema que utiliza la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos desde hace años: "Memoria, verdad y justicia"

"Hay unas palabras que se dicen mucho y yo las comparto: verdad, justicia y memoria. Sé que esas palabras se han tomado como una bandera de la izquierda, en contra del otro lado, por decirlo así", afirmó. "Pero quiero decir que yo también creo en la verdad, creo en la justicia y creo en la memoria. Les pedimos a ustedes que, por favor, se fijen quiénes están en Domingo Arena", concluyó la hija de uno de los militares presos.

"La gente que tuvo decisión ya murió"

Ballestrino, que concurrió a la comisión junto a Victoria Ubillos y Diego Flores, planteó en su intervención que en la sociedad “hay mucha bronca” con “un montón de gente” que, antes y durante la dictadura, “hizo las cosas mal”. En ese grupo, sostuvo, “podría llegar a incluir" también a su abuelo, el general Alberto Ballestrino, integrante de la logia Tenientes de Artigas y uno de los símbolos del golpe de Estado de 1973. 

“Pero todo eso no tiene nada que ver con mi padre”, afirmó la mujer. “Pasaron muchos años y la mayoría de la gente que sí tuvo decisión u opinión ya murió”. 

Ballestrino sostuvo que cuando sucedieron los hechos por los que terminó en prisión, su padre llevaba apenas tres meses de egresado. “Cualquiera que sepa cómo funciona un sistema militar puede entender que es un sistema de orden de autoridad, donde los de más abajo no tienen decisión en nada de lo que sucede”, dijo. 

A su juicio, las causas en contra de los militares procesados han sido direccionadas. “Es como si se buscara a quienes quedan vivos y estuvieron en lugar”, sostuvo. 

Todo comenzó, según su visión, en 2011, ante la anulación de los efectos de la ley de Caducidad. “A partir de allí se abren todos los casos y empiezan todas estas causas, tipo cacería de brujas donde entran todos los nuevos presos, que son los que están ahora”. Ballestrino relató que cuando su padre fue citado por la Justicia tenía confianza en salir absuelto. “No tengo nada que ver con lo que pasó”, fue la respuesta del militar en ese entonces. 

“Creíamos que se iba a tomar en cuenta quién estuvo, quién no, quién tenía autoridad y quién no”, dice ahora la mujer, que adjudicó la situación de su padre a que es de los pocos que queda vivo. El comandante del lugar, el capitán, el jefe, todos fallecieron. “Mi padre tenía 21 años, hoy tiene 70. Tiene marcapasos”, agregó. 

Ballestrino insistió en adjudicar la responsabilidad de los hechos a los que representaban la máxima autoridad militar en ese momento. “Soy arquitecta y, si pasa algo en la obra, yo soy la responsable. No es el peón que estaba ahí abajo”, remarcó. 

Al respecto, cargó contra el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricarco Perciballe. “La información está, el fiscal sabe quiénes estuvieron en los cuarteles, porque los militares tienen todo por escrito”, dijo. 

En ese marco citó una entrevista que el fiscal concedió a Brecha en agosto de este año y en la que, afirma, el fiscal cuenta “cómo se armó” el inicio de una causa penal contra Gilberto Vázquez, José Arab, Jorge Silveira, Ernesto Ramas y Ricardo Medina, en torno a los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw. Perciballe pidió además la captura internacional de Manuel Cordero y Pedro Mato. Según Ballestrino, el fiscal reconoce allí la “dificultad para la obtención de elementos probatorios por el tiempo transcurrido”. “En lugar de admitir que no se tienen pruebas contra una persona, se concluye que debido a esa dificultad se debe flexibilizar la valoración de la prueba y condenar en base a indicios”, dijo la hija del coronel retirado. 

Ballestrino insistió en sus cuestionamientos a Perciballe. “Él dice que el recuerdo de los denunciantes en las causas se construye en base a un relato colectivo y que la obtención de pruebas de hechos ocurridos hace más de 40 años es contraria a la lógica de una trabajo de investigación”. “Él habla de que se arma un relato colectivo porque no hay pruebas”, concluyó.

A la comisión también concurrió Victoria Ubillos. Su padre, Ariel Ubillos, está preso en la cárcel de Domingo Arena, procesado en setiembre de este año por el asesinato del estudiante Hugo de los Santos, ocurrido en el Regimiento de Caballería 6 en setiembre de 1973. “Todos tenemos un compromiso con la historia”, dijo. “No tenemos derecho a  transmitirles a las futuras generaciones todo este odio y rencor”, sostuvo la hija de Ubillos, que además está bajo investigación al ser uno de los 100 militares acusados de torturas y abuso sexual por parte de 28 ex presas políticas, en una causa que se inició en 2011. 

Su esposo, Diego Flores, es la cara visible y vocero de “Familiares de Prisioneros Políticos”. Ante los legisladores, remarcó que el proyecto de Cabildo Abierto lejos está de ser una solución, aunque pidió su aprobación. “En realidad, lo que queremos  es que se derogue la ley interpretativa”, aseguró. 

Entre el perdón y la verdad

Desde Cabildo Abierto, el senador Guillermo Domenech defendió el proyecto de su partido también con alusiones a los militares. “Sabemos bien que los responsables de estos hechos fueron una minoría de militares” dijo, al sostener que lo hoy se esá llevando a cabo  es una “especie de vendetta judicial” por parte de un sistema penal con el que su fuerza política discrepa. 

“Creemos inconstitucional el sistema y creemos ilegal la prisión preventiva de la forma en que está siendo aplicada”, dijo. 

Domenech reivindicó otro de sus proyectos, que planteaba la derogación de la ley interpretativa de la Caducidad, al entender necesario que el país ingrese en otra etapa. “No digo que entierre ni olvide, pero sí que perdone”. 

“He repetido que me anima un espíritu cristiano”, sostuvo. “Me anima un espíritu cristiano. No soy católico práctico, pero sí tengo formación católica y están escritos en la base de nuestra civilización el perdón y la prescripción, que es otra forma de perdón”. 

Domenech admitió que el proyecto de prisión domiciliaria no resolverá este tema. Sí enfrentará, explicó, “las dificultades que la situación de confinamiento carcelario le ocasiona a una persona que está, digámoslo claramente, al final de su vida. Nos guían razones de orden humanitario”, concluyó. 

La senadora frenteamplista Liliam Kechichian planteó su discrepancia con lo expresado por Domenech. “Para perdonar hay que saber, y acá lo que falta es la verdad”, dijo. 

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