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Femicida de Artigas incumplió orden judicial, no fue sancionado y acabó matando a su expareja

Después de la segunda denuncia, la justicia le reiteró la prohibición de acercarse "bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desacato”.

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06 de marzo de 2019 a las 05:01

El 31 de enero, Rosana Batista, una policía de 29 años que trabajaba en la Jefatura de Artigas, decidió poner fin al hostigamiento al que era sometida por su expareja y denunciarlo. El hombre de 39 años con el que estuvo casada durante 15 años y con el que tenía dos hijos de ocho y diez años no paraba de seguirla hasta su trabajo, enviarle mensajes preguntándole qué hacía en tal o cual lugar, y amenazarla con matarla si la veía con otro hombre.

La Justicia de Familia de Artigas dispuso entonces contra el agresor la prohibición de acercarse a la mujer y de mantener cualquier tipo de comunicación con ella. No consideró necesario aplicar otras medidas de protección como el uso de tobillera electrónica o la custodia policial de la víctima.

Tampoco consideró necesario disponer de estas medidas, cuando a los pocos días, el hombre violó todas las restricciones que le había impuesto la justicia y volvió a mandarle mensajes a través de Whatsapp, y perseguirla. El hombre volvió a insinuar que la mataría si la veía con otra persona.

Luego de que la mujer, asustada, volvió a denunciarlo, el juzgado de Familia dispuso “reiterarle al indagado que cumpla estrictamente las medidas bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desacato”.

Este martes, la policía fue encontrada muerta en su vivienda ubicada en las afueras de la ciudad de Artigas. El hombre estaba muerto en otra habitación de la casa. El caso es trabajado como un presunto femicidio con posterior suicidio del agresor. 

De confirmarse lo que para los investigadores es ya casi una certeza, se trataría del tercer femicidio en lo que va del año. El primer caso tuvo lugar el 29 de enero, cuando un hombre estranguló a su pareja luego de discutir en su vivienda del barrio montevideano de Paso de la Arena. El agresor huyó de la escena del crimen y fue detenido el 5 de febrero en Cerro Largo.  

En tanto, el segundo episodio ocurrió el 2 de febrero en un campo de San José, cuando un hombre de 61 años mató a su pareja de 60 y luego se colgó de un árbol.

Reiterar las medidas

La responsable del área de Políticas de Género del Ministerio del Interior, July Zabaleta, dijo a El Observador que, como ocurrió en el caso de Artigas, es “bastante común ” que tras el incumplimiento de una medida cautelar los agresores no sean sancionados, sino que por el contrario se resuelva exclusivamente “reiterarle las medidas”.

Zabaleta dijo que si bien las leyes para combatir la violencia doméstica están, “no se ha dado el cambio cultural”. “No llamás por teléfono a un rapiñero para decirle que se porte bien porque sino va a estar cometiendo un delito”, cuestionó.

Sin embargo, según explicó el ministro del Tribunal de Apelaciones de Familia, Eduardo Cavalli, por más que el juzgado de Familia amenazara con imputar un delito en caso de un nuevo incumplimiento, el organismo no contaba con la potestad para hacer eso. La única medida más severa para la que tiene potestad hubiera sido la colocación de una tobillera electrónica, algo que tampoco hizo. 

Antes de que entrara en vigencia el nuevo Código del Proceso Penal, el 1° de noviembre de 2017, el juez de familia debía informar a la justicia penal si un agresor incumplía una orden judicial, pero ahora, quien debe llevar el tema al terreno penal es la fiscalía. Cuando una víctima presenta una denuncia por violencia de género, se informa a la fiscalía y paralelamente la policía informa al juzgado de Familia, que es quien toma las medidas urgentes para proteger a la víctima. 

Sin embargo, según supo El Observador, la fiscalía no fue informada ni de la primer denuncia, ni del incumplimiento de la medida cautelar en una segunda oportunidad. La fiscal que estuvo trabajando con los dos turnos de Artigas, Cecilia Irigoyen, hasta el 28 de febrero, aseguró a El Observador que el caso no llegó a su sede por lo que no pudo perseguir el delito, ni por las amenazas de la primera denuncia, ni por el desacato posterior. 

El Ministerio del Interior revisó la actuación de la policía en este caso y concluyó que se actuó de acuerdo a lo que disponen los protocolos. 

Para Cavalli, este caso es un ejemplo de la necesidad de tener juzgados especializados en violencia de género, tal cual lo dispuso la ley de combate a la violencia contra las mujeres. Sin embargo, estas sedes que pretendían unir en un único lugar la persecución penal, con las medidas cautelares que se aplican para proteger a las victimas, nunca fueron creadas ya que la ley de Rendición de Cuentas no dispuso los fondos que el Poder Judicial solicitó para tal fin, y que ascendían a US$ 30 millones. 

Según explicó el magistrado, de haber existido estos juzgados especializados, la fiscalía hubiera estado al tanto del incumplimiento de las medidas cautelares, ya que trabajarían en la misma sede y no en otra como ocurre en la actualidad. 

Muertes y prevención

De los 31 femicidios registrados en 2018, en el 80% de los casos las mujeres nunca habían denunciado a sus agresores, al tiempo que el 20% restante sí lo había hecho. La mayoría de estas últimas tenían medidas de protección vigentes cuando fueron asesinadas.

El 2018 cerró con 39.481 denuncias de violencia doméstica, unas 126 más que en 2017. En 2011 (el dato más antiguo disponible) se registraron 15.868 denuncias. 

Zabaleta señaló que hasta el momento la medida más efectiva es la del uso de tobillera electrónica –que no se dispuso en el caso de Artigas-. En total, el Ministerio del Interior cuenta con 600 tobilleras, de las cuales la totalidad están ocupadas en casos de violencia doméstica.

La cartera debió adquirir más tobilleras a finales de 2018 (tenía poco más de 440) a raíz de la alta demanda de estos dispositivos. Ante la escasez de tobilleras la policía tuvo que destinar personal para custodiar a las víctimas de violencia doméstica las 24 horas.

De todos modos, Zabaleta consideró que poco tiempo pueden volver a ser insuficientes las tobilleras por el uso incorrecto que hacen los jueces que las consideran esenciales para mantener vivas a las víctimas. “Hay que revisar la forma en la que usamos las tobilleras, porque muchas veces si el riesgo no baja se prorroga el uso, en lugar de disponerse una medida más fuerte. Si el agresor no pone de sí, hay que aumentar las medidas, no dar más prórrogas”, opinó la jerarca.

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