La fiscal de Durazno, Barbara Zapater, pidió este miércoles cinco años y siete meses de prisión efectiva para los dos policías que persiguieron a Santiago Cor, un joven de 20 años que chocó contra un árbol mientras escapaba de ellos en moto y murió en agosto de 2020, informó El País.
Según supo El Observador, se prorrogaron las medidas cautelares por 120 días más y ahora los abogados tanto de la víctima como los de los policías tendrán 30 días para contestar esa acusación. Allí tendrán, por primera vez, posibilidad de explicar su versión y aportar pruebas.
El joven iba adelante y logró escaparse de los "manotazos" de los policías que querían detenerlo por estar en infracción, había dicho Zapater a El Observador en julio cuando se dio lugar a la imputación. Después de 200 metros de "manotazos y gritos" los efectivos le pidieron que detuviera la marcha. Cor, según la fiscal, estaba asustado, y aumentó la velocidad para librarse de ellos. A partir de eso, perdió control de la moto y se estrelló contra el árbol. Iba con un amigo y en otra moto viajaba su novia. Ambos son testigos de lo ocurrido.
La infracción que presuntamente había cometido era llevar un caño tronador. Zapater entiende que la decisión de los policías de perseguirlo desde el Campamento Artiguista por avenida Churchill es arbitraria e inmotivada. El rol de los efectivos era circular por la ciudad y ver si existía algún delito "flagrante", pero no había ningún procedimiento ni operativo de control estipulado previamente. "Se le indica a la persona que detenga la marcha... Pero vienen desde atrás a exigirle la detención", relató
Además, señaló que si los policías entendían que el tipo de delito era flagrante, deberían haber alertado por radio para que otros colaboraran en su detención. La fiscal explicó que en esos casos lo común no es la persecución sino tomar una fotografía de la matrícula de la moto y avisar de oficio a la intendencia que hay un vehículo circulando con un caño tronador para que, en otra oportunidad, se lo detenga para aplicarle la multa.
Al momento de la imputación, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber respaldó la actuación de la policía y criticó que “una fiscal tome esta actitud que ata de pies y manos a la Policía". “La gente que suda la camiseta, que se levanta de mañana, que son trabajadores del Uruguay, no tiene inconveniente en mostrar sus documentos; cuando salen y se escapan de los controles es lógico que la Policía los persiga”, subrayó.
"No estamos de acuerdo en que se acuse de abuso de funciones a policías que hicieron una persecución ¿Dónde vamos a quedar entonces? ¿No podemos perseguir a alguien que es sospechoso? Incluso para pararlo y pedirle documentos", se había preguntado en una conferencia de prensa realizada en julio de 2021.
Ante esas declaraciones, la Asociación de Magistrados del Ministerio Público y Fiscal emitió un comunicado en el que pidió al sector político que no presione a los fiscales.
El comunicado sostenía que era "entendible que la actuación de los fiscales pueda ser objeto de distintas opiniones", pero llamaba al sector político y autoridades de los distintos poderes del Estado "a ser cautos en sus expresiones". "No deberían existir presiones de ninguna clase sobre aquellos que recae la responsabilidad de ejercer la acción penal", agregaba.
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