La práctica de un grupo de fiscales penales de retirar nafta para sus vehículos particulares en los talleres del Centro de Abastecimiento y Mantenimiento Automotriz (Cayma) del Ministerio del Interior, comenzó en la década de 1990, y se extendió hasta 2011 poco antes de que el ministerio decidiera cerrar el centro por irregularidades. Si bien no existía ninguna resolución por escrito que lo autorizara, era una práctica conocida y admitida por las autoridades policiales.
El hecho fue mencionado en el juzgado de Crimen Organizado por la exjefa del Cayma. La mujer y otros dos funcionarios policiales, que declararon esta semana ante la Justicia, señalaron que nueve fiscales penales retiraban nafta sin una autorización que lo estableciera.
El juez Néstor Valetti y la fiscal Mónica Ferrero investigan desde 2011 las maniobras con vales de nafta por las cuales personal policial jerárquico y subalterno retiraba vales de nafta y los canjeaba en al menos tres estaciones de servicio por dinero o por productos, cuyos propietarios también son indagados. El Ministerio del Interior cerró el centro por corrupción y presentó la denuncia penal (ver nota inferior).
Tres de los indagados señalaron que los magistrados que cargaban nafta en el Cayma eran las exfiscales Mirtha Guianze y Elsa Machado, los fiscales Adriana Costa, Carlos Negro, Raquel González, Cristina González, Dora Domenech, y Luis Bajac, actualmente fiscal de Aduanas.
Según dijeron a El Observador fuentes judiciales, los policías declararon que algunos de los fiscales que utilizaban nafta no tenían libreta de conducir. También señalaron que sacaban nafta fuera del turno penal.
Supuestamente, el objetivo de este beneficio era que la utilizaran para asistir durante el turno penal a las escenas del crimen.
Fuentes del caso dijeron que es probable que el juez Valetti pida un informe al fiscal de Corte y al Interior para conocer si existe una resolución que lo autorice.
De esos fiscales, el único que obtuvo una autorización escrita fue Negro. Cuando llegó a la fiscalía pidió al entonces jefe de Policía, Wilder Ferreira, que le autorizara a retirar combustible, y este firmó una resolución. Ferreira es uno de los indagados en esta causa.
Fiscal de Corte investigará
Los fiscales señalados le pidieron ayer al fiscal de Corte, Jorge Díaz que inicie una investigación administrativa “para que se demuestre que no cometieron ninguna irregularidad”, dijo a El Observador el secretario letrado de la Fiscalía de Corte, Fernando Romano, designado vocero por los fiscales. Díaz hará lugar al pedido.
Justamente ayer Díaz había convocado a los fiscales para informarles de un nuevo mecanismo de comunicación con la Policía (ver Apunte), y aprovechó para preguntarles sobre este tema que desconocía y le “sorprendió”.
Romano señaló que en 2011 el entonces jefe de Policía, Diego Fernández, divulgó una resolución que suspendía la entrega de nafta, pero dijo desconocer si en esa resolución se mencionaba a los fiscales.
Agregó que dos fiscales presentaron notas el 15 y 23 de diciembre de 2011 en las que pedían se restableciera lo que consideraron “un derecho adquirido”, teniendo en cuenta que no se les proporciona vehículo y deben trasladarse por sus propios medios.
“No hay que olvidarse la tarea que hacen los fiscales y que muchos de ellos se trasladan en ómnibus con los riesgos que implica”, destacó en defensa de sus colegas.
Una de las fiscales mencionadas dijo que esto es “una injuria tremenda”, que afecta la imagen de todos.
Una práctica conocida
La exfiscal Mirtha Guianze dijo a El Observador que la entrega del combustible era una práctica que venía desde la década de 1990. En aquel entonces los fiscales José Pumarega y Célida Basso promovieron un acuerdo con el Ministerio del Interior para que les dieran nafta.
Según explicó, desde ese momento los fiscales de primer a octavo turno empezaron a recibir 120 litros de nafta por mes. Luego cuando llegó el fiscal Carlos García Altolaguirre (quien fue procesado por coimas en 2003) pidió que se extendiera a todos. Entonces, les redujeron la cantidad a 50 litros.
Por medio de un mail que envió a sus conocidos, Guianze manifestó ayer su indignación con el caso y cuestionó a la fiscal del caso, Ferrero. “Me extraña sobremanera también que alguno/a/s fiscales digan que nunca hicieron uso del beneficio” (...) Y la fiscal que lleva el caso forma parte del grupo de los impolutos que nunca cargó combustible, tal vez porque su esposo es policía y lo juzgó inoportuno”, escribió.
Además dijo que “llama poderosamente la atención que se personalice esa presunta anomalía, en un reducidisino grupo de fiscales.cuando todos saben que los vales fueron otorgados a varias tandas de magistrados, algunos ya jubilados”.
El exfiscal de Corte, Rafael Ubiría, dijo a El Observador que cuando llegó a penal en 1998 “ya existía esa costumbre. Había un cuaderno en el que se registraba el nombre del fiscal y se firmaba al costado”.
Agregó que en 2007, cuando asumió en la Fiscalía de Corte, averiguó si había alguna resolución escrita que habilitara a los fiscales a recibir combustible pero “no la encontró”. “Era algo que sabía todo el mundo. No era algo oculto”, remarcó Ubiría.
Sin embargo, no todos los fiscales hacían uso de este beneficio. El exfiscal Eduardo Fernández Dovat dijo que nunca lo utilizó. Señaló que otro colega averiguó en la Fiscalía de Corte si existía alguna resolución que lo permitiera y como le dijeron que no, nunca llegaron a sacar combustible. l
La Policía trasladará a los fiscales
El fiscal de Corte, Jorge Díaz convocó ayer a los fiscales penales y de Aduanas para comunicarles de un acuerdo con el Ministerio del Interior para mejorar las comunicaciones entre Policía y fiscales, sobre todo de cara al nuevo proceso penal, que se supone aprobará el Parlamento e implicará que el fiscal lleve adelante la investigación y el juez solo juzgue con las pruebas que el fiscal reúna. Según les explicó Díaz, a partir de ahora la Policía comunicará a cada fiscal los hechos delictivos y será la encargada de trasladar a los fiscales a la escena del crimen.
