Gerardo Núñez y el peligro del “Yo te creo, hermana”

El caso le pega en un costado sensible al FA, que siempre se ha alineado a las reivindicaciones de género y ha establecido un estándar alto allí, pagando el precio de las acusaciones de darle excesivo lugar a la agenda feminista, como en su momento señaló el expresidente José Mujica. Para peor, la denunciante asegura que en el Partido Comunista no hicieron lugar a su reclamo, algo que el PCU niega.

Pero además pone sobre la mesa uno de los asuntos más sensibles de la lucha por hacer visible los casos de abuso. ¿Cómo se equilibra el derecho de la víctima a ser escuchada con el derecho al debido proceso que tiene el acusado?

Que las mujeres violentadas tengan más respaldo institucional y social para animarse a denunciar debería alegrar a toda persona decente. La sociedad debe fomentar ese proceso, protegerlas, darles garantías. El gran problema es que, en ese derecho, se ha llevado puesto al debido proceso, al menos en la opinión pública.

En los últimos tiempos muchas denuncias de abuso encontraron en la opinión pública una condena previa. Eso muchas veces incluyó a medios, a políticos, a figuras públicas. Las causas judiciales pasaron a un segundo plazo, porque van a una velocidad mucho más lenta que lo que la sociedad para elaborar elaborar un juicio contundente. Hasta pasó a ser un eslogan de algunos movimientos feministas: “Yo te creo, hermana”, basado en el entendible punto en que una mujer que decide denunciar pasa por una segunda situación traumatizante al relatarlo, sea en la Justicia o en las redes. Y que esos movimientos buscan darles una red de contención que la Justicia no les da.

Pero el “yo te creo hermana” no es una forma de hacer Justicia. O más bien es una forma demasiado primitiva de hacerla, como la hoguera de Juana de Arco. Y hasta entiendo que esas organizaciones lo hagan: es su función llamar la atención sobre el problema. 

El tema es cuando medios, políticos, líderes de opinión toman el mismo camino. O hasta la Justicia.

Lamentablemente, cada vez que alguien ha intentado defender eso con criterio y equilibrio ha recibido la misma acusación: se preocupan más por los acusados que por las víctimas, lo que solo sirve para tirar la pelota para adelante. Lo mismo con el debido proceso: por momentos parece una excusa del sistema heteropatriarcal para no hacer justicia. En definitiva, parece que son justificables un par de condenas sociales a un inocente si en la mayoría de los casos la condena se condice con los hechos.

Los procesos judiciales que tratan estos temas tienen algunas aristas que tampoco ayudan al equilibrio. La declaración reservada de los casos, con el justo y loable objetivo de proteger a la víctima, deja sin embargo a ciegas a la opinión pública para encontrar un poco de luz en la oscuridad. Así, solo sabemos extractos de los casos, difundidos casi  siempre de forma interesada por alguna de las partes. Un buen ejemplo es el de la violación en el Cordón: conocimos una parte de una de las pruebas, se discutió mucho alrededor de eso, hasta hubo un allanamiento contra el periodista que lo difundió, pero ni siquiera tras la imputación de los acusados conocimos el resto de las pruebas que sirven para afirmar o para contradecir ese punto.

El caso de Gerardo Núñez también toca ese aspecto: todo lo que estamos hablando es a partir de un fallo de un juzgado de familia, donde la carga de la prueba es bajísima: básicamente no se necesitan demostrar hechos, sino que alcanza con el dictamen de un psiquiatra, que habló con ambas partes, para concluir que el diputado ejerció violencia contra la víctima. En general, en los juzgados de familia, la sola denuncia alcanza para que el denunciado se tenga que alejar de su casa y su familia durante seis meses, antes de que se analice ninguna prueba.

Seguramente, en la mayoría de los casos los acusados tienen algún grado de culpabilidad. La Operación Océano es un buen ejemplo: de 32 acusados, por el momento hubo cinco absueltos, cinco acordaron culpabilidad a cambio de  penas abreviadas, mientras para la mayoría de los otros la juez entiende que hay suficientes pruebas como para ir a juicio oral.

¿Qué se les dice a los cinco que fueron absueltos? Formalmente se puede sostener que no tienen nada que reclamar, porque la Justicia cumplió sus pasos, los sometió a una acusación, no encontró pruebas y desistió de encauzarlos. ¿Pero qué pasa con la exposición pública que tuvieron algunos de ellos, con las consecuencias personales o económicas que tuvieron que atravesar, cuando la Justicia acaba de decir que no habían cometido ningún delito?

En definitiva, el sistema judicial, y la sociedad en general, no ha solucionado el problema de fondo de esa tensión entre derechos. Pero deberá seguir buscando una manera, para que la Justicia para unos no se transforme en el linchamiento para otros.