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Gobierno envía Rendición de Cuentas con foco en asentamientos, infancia y empleo; dice que es “hito histórico”

Proyecto del gobierno crea fideicomiso para vivienda, da un giro al programa Uruguay Trabaja del Mides y habilita a usuarios a pedir que no los llamen a sus teléfonos por publicidad 

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01 de julio de 2021 a las 05:02

El gobierno presentó este miércoles el proyecto de Rendición de Cuentas, correspondiente al ejercicio 2020. El texto, que consta de 304 artículos, incrementa en US$ 50 millones anuales el presupuesto nacional, con recursos que se destinarán a programas de primera infancia. 

A su vez, el proyecto estipula la creación de un fideicomiso para regularizar asentamientos, que se nutrirá de unos US$ 20 millones al año que hasta el momento se asignaban al Instituto de Colonización. El jueves pasado, el presidente Luis Lacalle Pou presentó esa iniciativa en la residencia de Suárez y Reyes a los líderes de los partidos de la coalición, tal como informó El Observador este martes. 

La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, resaltó que esos dos grandes planes se incorporarán al presupuesto de "forma estructural".

No se trata de desvestir un santo para vestir a otro santo. El encare integral y por la dimensión que estamos haciendo hoy de las políticas sociales creo que es un hito histórico", afirmó la jerarca.

También se asigna una partida única de US$ 8 millones para el ejercicio 2022 con destino al “desarrollo de políticas activas de empleo de los jóvenes entre quince y veintinueve años, de los trabajadores mayores de cuarenta y cinco años y de personas con discapacidad”.

En relación al empleo, en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) también se sustituye el programa Uruguay Trabaja por uno con mayor énfasis en la reinserción laboral.

Además de la asignación o reasignación de recursos, el proyecto incluye disposiciones de lo más variadas: desde la habilitación al Ministerio del Interior para acceder a los domicilios de los autocultivadores y clubes cannábicos registrados en el Ircca hasta la creación de un registro nacional denominado “No llame”, mediante el cual los usuarios de las telefónicas podrán pedir que no se los contacte para ofertas de contratos o publicidad. 

A continuación, un repaso de algunas de las novedades incluidas. 

Infancia

El artículo 247 asigna una partida anual de $ 2.117 millones (unos US$ 50 millones) al “fortalecimiento de las políticas, programas y acciones destinadas a la atención integral de la primera infancia”.

Para ello se crea “un equipo de coordinación que tendrá como cometido establecer el lineamiento y estrategia del programa mencionado anteriormente, así como proyectar la distribución de la partida referida en el inciso primero, entre las diferentes instituciones públicas que tendrán a su cargo la ejecución del programa”.

Fuentes del gobierno explicaron que la idea era no atar de antemano esos recursos a una política específica de infancia, sino dejarlo a juicio de ese equipo que estará integrado por un representante de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), y de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

En la exposición de motivos, el Ejecutivo asegura que se busca, entre otras cosas, “expandir gradualmente la cobertura de educación inicial de calidad a niños de 0 a 3 años provenientes de familias del primer quintil que actualmente no asisten a ningún centro”. “La meta de esta etapa del programa es llegar al 2024 con porcentajes de atención de niños del primer quintil iguales a los que tienen en la actualidad los niños provenientes del tercer quintil. Poder incorporar a la totalidad de los niños en esa franja etaria excede el período de esta administración, por lo cual se requiere contar con una amplia base de apoyo político y de la sociedad en su conjunto”, afirma el documento.

Otro objetivo es “ofrecer acompañamiento a un mayor número de embarazadas y familias con recién nacidos con riesgo biológico, psicosocial o sanitario a través de un programa de teleasistencia de 4 meses de duración”. Ese programa será llevado a cabo por Uruguay Crece Contigo (Mides)  

Desde ASSE, en tanto, se “realizará un aporte fundamental en la priorización de la atención a la primera infancia, poniendo foco en los aspectos nutricionales que determinan el desarrollo de las habilidades visuales, auditivas y motrices de los niños, particularmente en los entornos más vulnerables”.

Fideicomiso para asentamientos

Como informó El Observador, el gobierno creará un fideicomiso para atender el problema de los asentamientos que se nutrirá de recursos que estaban destinados al Instituto Nacional de Colonización. El mecanismo llevará el nombre de Fideicomiso Integración Social y Urbana y tendrá como objeto el financiamiento de programas en los barrios “de situación de vulnerabilidad con especial énfasis en el acceso a una vivienda digna de personas en situación de contexto crítico”, según dice el proyecto que el Ministerio de Economía entregó este miércoles al Parlamento. 
 
Este mecanismo recibirá dinero de dos impuestos. El 100% de la recaudación por el Impuesto Adicional al Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales sobre los inmuebles rurales y la sobretasa del Impuesto al Patrimonio establecido en la ley 19.088 y vinculado a explotaciones agropecuarias. Con este financiamiento, el fideicomiso tendrá unos US$ 20 millones por año, sumado a lo ya retenido en el año 2020. En total, serán alrededor de US$ 100 millones en todo el período.

Mides sustituye Uruguay Trabaja 

En el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) se deroga el programa Uruguay Trabaja, creado en 2007, y se lo sustituye por el programa Accesos, con el objetivo de mejorar los resultados en la inserción laboral de los participantes.

En el Mides consideran que el problema con Uruguay Trabaja está en lo que ocurre luego de que un beneficiario culmina su etapa en el programa. Para ello el proyecto de ley enviado al Parlamento diseña un programa que actuará “mediante convenios con organismos e instituciones públicas y privadas, generando las articulaciones necesarias para el acceso a programas de formación”, y que constará de dos fases. 

En una primera fase, el Mides abonará a los beneficiarios una prestación mensual que será equivalente a un salario mínimo nacional (actualmente $ 17.930), una erogación que no tendrá naturaleza salarial ni retributiva. Hoy en día, Uruguay Trabaja tiene un monto máximo equivalente a 2,35 BPC ($11.444 a valores actuales).

En una segunda fase, las empresas privadas o las organizaciones seleccionadas por el Mides “asumirán la calidad de contratante del participante, recibiendo como reconocimiento de parte del Estado el sello anual de ‘madrina’ por el compromiso con la política pública de inserción laboral, el cual se hará público y se le dará la difusión correspondiente”. Esas empresas u organizaciones “serán responsables del pago de las cargas legales asociadas a las contrataciones, pudiendo estar exoneradas de los aportes patronales a la seguridad social por las contrataciones realizadas en el marco del Programa, sin perjuicio de otros beneficios que se otorguen por ley o por acto administrativo, según corresponda”.

En ese sentido, el Poder Ejecutivo podrá “exonerar total o parcialmente por hasta un máximo de doce meses los referidos aportes patronales a la seguridad social”.

La intención de las autoridades del ministerio es que esa segunda fase ayude a cumplir el objetivo de reinserción laboral que, según entienden, no se obtienen con el programa actual. Los detalles en cuanto a la postulación de los participantes y los plazos y duración de cada una de las fases quedarán sujetos a la reglamentación del Poder Ejecutivo. El texto aclara que los compromisos asumidos al amparo del programa Uruguay Trabaja “se cumplirán hasta su finalización, sin que sea posible prórroga alguna”. 

Funcionarios públicos

El gobierno decidió finalmente no introducir cambios en esta Rendición de Cuentas a lo aprobado en el Presupuesto sobre las certificaciones médicas. 

Más allá de que la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) elaboró un informe, adelantado por El Observador, sobre la cantidad de licencias médicas en el Estado y una comisión integrada por el gobierno y los sindicatos estatales trabaja en el tema, el proyecto enviado este miércoles no introduce grandes modificaciones.
 
El Presupuesto votado en 2020, además, aprobó un nuevo régimen para la Administración Central que está a la espera de que la comisión culmine su labor –y proponga una alternativa- para empezar a regir.
 
El único cambio que introduce el gobierno en este proyecto es sobre las inasistencias prolongadas de un funcionario. El texto establece que cuando un funcionario esté certificado por más de un año pero no se determine la imposibilidad permanente para el desempeño de funciones, ese plazo podrá durar hasta dos años (un año con posibilidad de extender otro).
 
“Vencido dicho plazo se procederá a la destitución del funcionario por la causal de ineptitud física o psíquica, previo otorgamiento de las garantías del debido proceso”, dice el proyecto.
 
La Rendición de Cuentas sí establece que la ONSC tendrá que realizar de forma anual un informe sobre la cantidad de funcionarios públicos que pidieron licencia por enfermedad o accidente laboral detallando cantidad de días y momento en el que se producen las solicitudes.
 
El texto tampoco detalla la recuperación salarial de los funcionarios públicos que debe comenzar a partir de enero de 2022, según establece el Presupuesto Nacional. El gobierno hasta ahora no ha logrado acordar con COFE los términos de esa recuperación pero las negociaciones continúan.
 
“Rige lo comprometido en el Presupuesto y continúan las negociaciones en el Consejo Superior de públicos”, dijo a El Observador un legislador oficialista al tanto de este tema.

Nuevo sistema de información social

El artículo 28 del proyecto crea bajo la órbita de Presidencia un Sistema de Información de Protección Social, que “integrará los datos concernientes a las coberturas en materia de transferencias económicas, programas de alimentación, educación en todos sus niveles, acceso a la vivienda, salud y partidas correspondientes a los organismos de seguridad social por todos los beneficios que estos otorguen dinero”.

La gobernanza del Sistema estará a cargo de un Consejo Directivo, presidido por el director de OPP e integrado por los ministerios de Economía, Desarrollo Social, Trabajo y Seguridad Social, Educación y Cultura, y Salud Pública, así como el director ejecutivo de Agesic. 

Habilitan acceso de policía a registro de Ircca

El proyecto enviado por el Ejecutivo establece una modificación en la ley de Regulación y Control del Cannabis, habilitando al Ministerio del Interior a acceder a la información sobre “dirección y ubicaciones” de los autocultivadores y los clubes cannábicos registrados en el Ircca, por “razones de seguridad”, a los fines de la prevención de delitos, pudiendo en tales casos realizar inspecciones y controles regulares”. 

El texto establece que solo se considerará “dato sensible” la identidad de los titulares del registro. 

La modificación, impulsada por el fallecido ministro Jorge Larrañaga, fue objetada en su momento por el secretario de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío, quien entiende que al menos en el caso de los autocultivadores, no hay forma de acceder a los domicilios sin revelar la identidad. 

Por otra parte, en la órbita del Ministerio del Interior se crea el Plan de Dignidad Laboral para Personas Privadas de Libertad, con la finalidad de “fomentar el trabajo a través de emprendimientos productivos dentro de las unidades penitenciarias”. Entre otras cosas, se dispone que los presos que produzcan bienes o presten servicios podrán aportar al BPS. 

Esas personas privadas de libertad “podrán optar por pagar, en sustitución de las contribuciones especiales de seguridad social generadas por su propia actividad y de todos los impuestos nacionales excluidos los que gravan la importación, una prestación tributaria unificada que se denominará Aporte Social Único de PPL”.

Otro artículo del proyecto establece nuevas fechas de vencimiento de la cédula de identidad. Hasta los 18 años de edad se renovará cada seis años; desde los 18 hasta los 68 se renovará cada diez años; de los 68 en adelante no se necesitará renovación. 

Asimismo, se autoriza al Ministerio del Interior a subastar vehículos incautados en procedimientos policiales. Para ello los vehículos deberán haber permanecido en depósito por más de dos años desde la fecha de la incautación.

Registro "No Llame" 

En el apartado del Ministerio de Industria se destaca la creación de un registro nacional denominado “No Llame”, mediante el cual los usuarios de las telefónicas podrán solicitar que no se los contacte por promociones, contratos y publicidad.

El artículo 152 dispone que ese registro estará en la órbita de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) y “tendrá por objeto proteger a los titulares o usuarios de los servicios de telecomunicaciones, en cualquiera de sus modalidades, de los abusos del procedimiento de contacto, publicidad, oferta, venta y regalo de bienes o servicios no solicitados a través de los mismos”.

“Podrá inscribirse en el registro toda persona física o jurídica, consumidor o usuario de un servicio de telecomunicaciones, en cualquiera de sus modalidades, que manifieste su voluntad de no ser contactada por quien publicitare, ofertare, vendiere o regalare bienes o servicios. La baja de dicho Registro, sólo puede ser solicitada por el titular o usuario en cualquier momento y tendrá efectos inmediatos”, añade el texto.

“Quienes publiciten, oferten, vendan o regalen bienes o servicios utilizando como medio de contacto los servicios de telecomunicaciones, en cualquiera de sus modalidades, no podrán dirigirse a ninguno de los inscriptos en el Registro Nacional "No Llame". A tales efectos deberán consultar las inscripciones y bajas producidas en el citado registro a efectos de no incurrir en las conductas antes referidas”, se agrega.

El titular o usuario del servicio de telecomunicaciones “podrá realizar la denuncia por incumplimiento de la presente ley ante la Ursec, quien podrá aplicar las sanciones que entienda pertinentes”. 

El artículo mandata al Ejecutivo a reglamentar la disposición en un plazo de 120 días. 

Otro artículo, el 153, crea un Fondo Universal de Telecomunicaciones para universalizar el acceso de servicios de voz e internet a todo el país. Se financiará con los recursos que se le asignen por lo producido en las subastas de espectro radioeléctrico que realice el Estado, con el límite máximo del 5% (cinco por ciento) de lo obtenido; los recursos y partidas que le sean asignados por normas presupuestales u otras disposiciones legales o reglamentarias; los legados y las donaciones que se efectúan a su favor; todo otro recurso que le sea asignado o que se genere por autorización de otras normas legales o reglamentarias”.

Otros ministerios y organismos

Uno de los artículos del Ministerio de Economía autoriza el teletrabajo en zonas francas. Por el lado de Transporte, el artículo 159 faculta al Ejecutivo a obligar a los vehículos que circulan en rutas nacionales a que cuenten con dispositivos de identificación que faciliten el pago por telepeaje. 

En el Ministerio de Salud Pública, uno de los artículos estipula que los prestadores integrales del Seguro Nacional de Salud, deberán presentar los estados contables ante el Ministerio de Salud Pública, con dictamen de auditoría externa realizado por empresas auditoras o profesionales independientes de reconocida solvencia. Las empresas o profesionales referidos no podrán auditar a la misma institución por más de tres ejercicios económicos consecutivos.

En el Ministerio de Vivienda se confiere a la ministra y subsecretario pedir hasta 20 pases en comisión para la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana, creada en la ley de urgente consideración.

También se faculta al Ejecutivo a resarcirse de los costos incurridos en el desalojo y re locación de asentamientos irregulares cuando se constate la omisión de acciones o el no ejercicio del cometido de policía edilicia de parte de los gobiernos departamentales a efectos de evitar la formación de nuevos asentamientos irregulares. El resarcimiento se hará, una vez comprobada la formación del asentamiento irregular, mediante el descuento de las partidas asignadas. 

En lo concerniente al Ministerio de Educación, el texto modifica la integración del Consejo Directivo de la Dirección del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan).El Consejo ya no estará integrado por la Dirección Nacional del Cine y Audiovisual, sino que estará a cargo de la dirección del Canal 5, la de Radiodifusión Nacional y de un vocal. 

En lo referido al INAU, el proyecto crea los regímenes de familia de origen y de acogimiento familiar de niños, niñas o adolescentes por los cuales se otorgan subsidios o subvenciones por partidas únicas o periódicas. Son partidas de naturaleza alimentaria, no retributiva que serán abonadas directamente a quienes celebraron el acuerdo de acogimiento familiar, a las familias de origen o a la institución o servicio cuya intervención se requiera en cada situación.

En ASSE se asignan partidas para incrementar la prima por antigüedad de los funcionarios no médicos. Se lo faculta a celebrar contratos temporales de derecho público, a efectos de atender necesidades que el organismo por un término no superior a los tres años, no prorrogables. En el caso de directores de hospital podrá prorrogarse el plazo por hasta dos años.

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