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Gobierno incluirá reforma a sistema de licencias médicas en Rendición de Cuentas
La regulación de las certificaciones médicas en el Estado fue un asunto que estuvo en la mira del Poder Ejecutivo desde que asumió las riendas del gobierno en 2020. Bajo el entendimiento de que los funcionarios públicos "abusan" de esa herramienta, con millonarias pérdidas para las arcas estatales, las autoridades nacionales han impulsado una serie de cambios en la normativa y los controles a las licencias por salud, aunque se encontró con resistencias entre los trabajadores, que aducen que esos abusos no son "generalizados" y piden evitar que "paguen justos por pecadores".
Durante la discusión parlamentaria de la ley de Presupuesto, el resultado de ese tire y afloje político fue una solución amortiguada que alargó el proceso al menos hasta estos días, pero en el gobierno no solo están decididos ahora a avanzar, sino que planean hacerlo a través del proyecto de Rendición de Cuentas que debe enviar al Poder Legislativo antes de fin de mes.
Es por ello que la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) ya cuenta con un primer borrador del articulado, que será presentado a la brevedad ante la comisión multisectorial creada justamente por la ley de Presupuesto con el objetivo de discutir un sistema único de certificaciones en la administración pública.
El senador nacionalista Jorge Gandini, que mantuvo días atrás reuniones con jerarcas del Ejecutivo, se reunió este martes con la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estados (COFE) para conversar acerca de los datos que recabó Servicio Civil, y que marcan una tendencia creciente en el número de certificaciones y el promedio de días por el cual los trabajadores piden licencia por salud.
El informe de la ONSC, divulgado la semana pasada por El Observador, revela que cuatro de cada diez funcionarios de la Administración Central (42%) se certificó en 2019. Mientras que en promedio esas certificaciones fueron por 38 días, el 25% fue por más de un mes, el lapso a partir del cual la nueva legislación obliga a convocar a una junta médica.
Tras la reunión, Gandini dijo que el comienzo del diálogo con los trabajadores "es importante y enriquecedor", y destacó que hay "coincidencias" en algunas conclusiones.
"Reconocemos que hay desvíos. Los datos que da la ONSC muestran un creciente número de certificaciones médicas, la cantidad de días y la cantidad de certificados. Hay ahí varias cosas para controlar y el Ejecutivo va a mandar una serie de artículos", dijo el senador.
Mientras que COFE asegura que los números fueron agrupados de forma "tendenciosa", y que lo que ocurre en la administración central "está en línea" con los privados, Gandini defendió la información recabada por Servicio Civil y dijo que en todo caso lo que debe hacerse ahora es "desmenuzar más los números y ver dónde están los problemas".
De la ley a la comisión
En la comparación con el sector privado, hasta ahora los funcionarios públicos corren con ventaja, ya que la normativa vigente hasta ahora asegura el 100% de su salario cuando se certifican por estar enfermos.
El gobierno intentó cambiar este sistema a través del Presupuesto pero la ley que finalmente se aprobó, al tiempo que estableció los lineamientos del nuevo sistema, también constituyó una comisión para discutir el tema en profundidad y elaborar un nuevo proyecto con una solución más acabada.
En su artículo 30, la ley aprobada en diciembre de 2020 estableció un nuevo régimen de licencias por enfermedad para los trabajadores del Poder Ejecutivo, más aparejado con el sector privado (tres primeros días sin cobrar nada y el 75% a partir del cuarto día de licencia por enfermedad) pero no del todo, ya que la normativa también dispuso que los funcionarios públicos tendrán hasta tres días de licencia por enfermedad paga por año y acumulables hasta un máximo de 15 días.
Sin embargo, ese sistema no fue reglamentado, por lo cual su implementación quedó supeditado al trabajo de la comisión creada por el artículo siguiente del Presupuesto –el artículo 31– "con el fin de diseñar un sistema de subsidios para las licencias por enfermedad y accidentes profesionales aplicable a todos los trabajadores no cubiertos por otros regímenes". La comisión, presidida por la ONSC, se constituyó con un representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, del Ministerio de Salud Pública, del Banco de Previsión Social, del Banco de Seguros del Estado, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado y otro en representación de las organizaciones representativas de la profesión médica.
El cometido de esa comisión es elevar al Poder Ejecutivo un proyecto de ley para crear un nuevo sistema de certificaciones, y es en ese contexto que Servicio Civil presentará en los próximos días su borrador al resto de los representantes en la comisión.
Fuentes del oficialismo dijeron a El Observador que, a grandes rasgos, el proyecto avanzará en el mismo camino que los artículos de la Rendición de Cuentas, aunque con un "mayor nivel de detalle".
La nueva normativa permitirá a los trabajadores certificarse únicamente con su prestador, al tiempo que el BPS ya tiene encaminado un sistema de control y rastreo para monitorear qué ocurre con funcionarios que tienen más de un empleo.
Martín Pereira, delegado de COFE, dijo a la prensa que la propuesta del Ejecutivo busca más "recaudar" que "solucionar el problema de las personas que abusan" del sistema. "Nosotros queremos que haya mayores controles. Hoy el BPS no sabe quién certifica, hay certificaciones cruzadas de prestadores, hay que trabajar en comisiones de salud laboral. Creemos que esto tiene más fin recaudatorio que corregir abusos", afirmó.
Una vez en el Parlamento, los cambios al sistema de licencias de la Administración Central pueden votarse por mayoría simple. Aunque la extensión por ley de ese régimen a los entes y servicios descentralizados requiere mayorías especiales –es decir, el apoyo del Frente Amplio–, desde el gobierno señalaron a El Observador que en caso de avanzar sin consenso con la oposición, cada uno de esos organismos –que cuentan con mayoría oficialista– podrá establecer a través de sus respectivos directorios normativas análogas para las certificaciones.
Los planes del gobierno no se agotan en la letra de la ley. Para la instancia de la reglamentación, en Presidencia pretenden incluir catálogos de enfermedades amparadas o no por el sistema de certificaciones, así como capacitaciones a colectivos médicos para aggiornarse al nuevo marco reglamentario. Las autoridades también proyectan avanzar en un sistema de auditorías para fortalecer el control sobre las licencias y evitar alejamientos de la norma.
