El combate a los asentamientos es una vieja obsesión del presidente Luis Lacalle Pou. Desde sus tiempos como diputado hasta sus dos campañas presidenciales, el nacionalista enarboló la bandera de la erradicación o regularización de los cantegriles en los que al día de hoy viven más de 150 mil uruguayos, y desde que pisó el piso 11 de la Torre Ejecutiva ha transmitido a dirigentes de su confianza que ese es uno de los temas por el que le gustaría que se recordara su gobierno.
En sus primeros 16 meses de gestión, el asunto ha sido foco importante de la atención del presidente, pero a la vez objeto de pujas con sus socios de la coalición, en particular con Cabildo Abierto, partido que lidera el Ministerio de Vivienda.
La decisión de crear un fideicomiso orientado a la regularización de los asentamientos, una iniciativa en la que trabajaron en silencio el presidente Luis Lacalle Pou y la ministra de Economía Azucena Arbeleche, supuso un nuevo paso en las negociaciones dentro de la coalición de gobierno, y en la promesa que el mandatario tiene entre ceja y ceja desde el comienzo de su carrera política.
Del "asentamiento cero" a "regularización de asentamientos"
En la campaña rumbo a las elecciones internas de 2014, en la que Lacalle Pou venció todos los pronósticos y se quedó con la candidatura por el Partido Nacional, una de sus promesas más discutidas fue la del "Plan Asentamiento Cero", un programa que proponía erradicar este tipo de viviendas precarias en diez años, y además se presentaba como el "buque insignia" de un eventual gobierno nacionalista.
El entonces diputado cargó contra las administraciones del Frente Amplio, a las que aseguró de haber impulsado "una verdadera industria" de asentamientos, y también acusó a Tabaré Vázquez, su competidor por la presidencia, de haber propiciado el aumento de cantegriles durante su gestión en la Intendencia de Montevideo, a comienzos de la década de 1990.
“El gobierno ha sido 100% incapaz, cuando no ha tenido incidencia directa en la conformación de esta vivienda informal. Desde que el Frente Amplio llegó al gobierno, los asentamientos llegaron a convertirse en una verdadera industria impulsada por motivos electorales o ideológicos (...) En Montevideo, el mayor número de ocupaciones de tierras se produjo durante los años en los que fue intendente el doctor Tabaré Vázquez”, dijo en marzo de 2014.
Cinco años después, cuando volvió a la carrera por la Presidencia, Lacalle Pou y su equipo se fijaron una meta similar, aunque la forma de presentarla fue matizada para evitar que se la tildara de irrealista. En su programa de gobierno hacia octubre, el candidato nacionalista propuso la “regularización de asentamientos”, con el objetivo de "llegar tendencialmente a una situación de ‘asentamiento cero’ en un horizonte de diez años”. El documento programático del Partido Nacional reconocía que la situación era “compleja” y que ameritaba "una batería de acciones simultáneas”.
Como en 2014, sin embargo, los planteos de Lacalle Pou sobre los asentamientos no estuvieron exentos de una polémica que continúa hasta hoy, relacionada a la cantidad de uruguayos viviendo en esos sitios.
“A pocos minutos de acá hay más de 190 mil uruguayos que hoy van a dormir entre agua, aguas servidas y el viento entrándoles por todos lados. Hay más de 190 mil uruguayos que viven en asentamientos. Más que a la salida de la crisis de 2002, con sus familias muchas veces en una pieza”, dijo el candidato en setiembre durante una conferencia organizada por la organización judía B’nai B’rith.
Esa cifra, incluida en el programa de gobierno del Partido Nacional, se basaba en un informe elaborado por la organización civil Techo en 2019, con una metodología diferente a la de los organismos estatales, y por ello de discutible aplicación para comparar con años anteriores. Sus futuros socios, como el Partido Colorado y el Partido Independiente, hablaron en la campaña de entre 164 y 165 mil personas viviendo en asentamientos, en línea con cifras de la Encuesta Continua de Hogares de 2018 y del censo de 2011, respectivamente.
El Partido Nacional, en cambio, comparaba la cifra de Techo con la que arrojó un relevamiento del Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2006, que registró 662 asentamientos, con 49.263 viviendas y 179.545 habitantes.
Más allá de la discusión sobre las cifras, la promesa de soluciones para los uruguayos viviendo en cantegriles se plasmó en negro sobre blanco en el Compromiso por el país, firmado por los cinco partidos de la coalición multicolor entre la primera y la segunda vuelta de 2019. El documento, base programática del actual gobierno, prometió "desarrollar una política activa de regularización de asentamientos y de creación de Unidades Barriales Sostenibles, incorporadas al tejido urbano y dotadas de los servicios de infraestructura vial, saneamiento, agua potable por cañería y conexión regular a la red de energía eléctrica".
El control político
Ya desde comienzos de su gobierno, Lacalle Pou impulsó cambios en la gestión de las políticas de combate a los asentamientos.
En el proyecto de ley de Presupuesto, el presidente promovió llevar a su órbita el Programa de Mejoramiento de Barrios, a cargo del Ministerio de Vivienda, una cartera en la que el Partido Nacional no cuenta con ninguno de los tres principales cargos.
El plan de Presidencia era poner a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) al mando de la iniciativa de erradicación de asentamientos, pero en el Parlamento Cabildo Abierto se plantó firme y rechazó que Vivienda perdiera era prerrogativa.
De todos modos, el tire y afloje se saldó con la designación de una persona de confianza de Lacalle Pou en la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana (Dnisu), creada por la Ley de Urgente Consideración (LUC), y responsable de la regularización de los barrios irregulares. Para ese lugar se nombró a la arquitecta Florencia Arbeleche, hermana de la ministra de Economía.
Más allá de esa discusión de organigramas, en la coalición de gobierno también persistió un debate sobre los recursos destinados al combate de los asentamientos, una política que todos reconocen como cara y compleja.
Tanto Cabildo Abierto como el Partido Colorado reclamaron hacer mayores esfuerzos económicos por ese tema. El senador Guido Manini Ríos, líder de Cabildo, y el expresidente Julio María Sanguinetti, secretario general del Partido Colorado, plantearon directamente la necesidad de desembolsar recursos en esa área.
El jueves pasado, Lacalle Pou reunió a los líderes de la coalición en Suárez y Reyes, y los puso al tanto de la propuesta de crear un fideicomiso que se nutrirá de los fondos que hasta ahora se destinaban al Instituto Nacional de Colonización para la compra de nuevas tierras.
Según contaron a El Observador fuentes políticas, tanto Lacalle Pou como Arbeleche tenían en mente desde hace un tiempo utilizar esos recursos para la regularización de asentamientos.
La discusión parlamentaria de la Rendición de Cuentas marcará un nuevo capítulo del debate político sobre esas viviendas irregulares a las que muchos prometieron dar respuesta.
