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Gobierno seguirá adelante con portabilidad numérica y espera que esté operativa en diciembre
El gobierno continuará adelante con el proceso de implementación de la portabilidad numérica, pese a que es uno de los artículos de la ley de urgente consideración (LUC) que se pretende derogar a través del referéndum impulsado por el Frente Amplio y el PIT-CNT. La oposición sostiene que esto genera “inseguridad” y “perjuicios” para la empresa administradora de la base de datos y las compañías de telefonía móvil.
El consorcio Cleartech Ltda. - Cietel SA quedó en primer lugar en la lista de prelación para ser el administrador de la base de datos (ABD) del servicio de portabilidad numérica implementado en la LUC y tiene cinco días para aceptar la selección. En segundo lugar quedó el consorcio Sonda Uruguay SA – Mediafon Datapro, en caso de que el primero no acepte.
Sin embargo, el gobierno incluyó una cláusula en los contratos con la empresa que exime al Estado de toda responsabilidad jurídica ante una eventual derogación de los 135 artículos de la LUC, según informó la La Diaria. Esa norma también aplica para las empresas de telefonía móvil (Antel, Claro y Movistar). La implementación de esa cláusula contó con la anuencia de todas las compañías involucradas.
La presidenta de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), Mercedes Aramendía, dijo a El Observador que se está manejando diciembre como la fecha para que esté funcionando la portabilidad numérica.
“Ahora empieza la parte de lo que es la suscripción de los contratos entre el ABD con cada uno de los operadores de telefonía móvil y también empiezan hacerse las adecuaciones de los sistemas de conectividad de los operadores con el ABD. Luego se da el inicio de pruebas y validaciones para posteriormente lograr que el sistema esté operativo a la brevedad”, explicó.
“La LUC está vigente y el referéndum no tiene efecto suspensivo, además al momento la Corte Electoral está haciendo el conteo de firmas por lo que todavía no está confirmado y nuestro deber es aplicar la ley. Nosotros tomamos todos los recaudos para dar seguridad a todas las partes, al Estado, a los ciudadanos, a los operadores de telefonía móvil y al eventual ABD”, agregó Aramendía.
Pablo Siris, representante del Frente Amplio en el Directorio de la Ursec, dijo a El Observador que se debería solicitar al Poder Ejecutivo un nuevo plan de instrumentación. “Un cronograma que permita que la determinación de la población sobre este tema no genere perjuicios para el Estado, para las empresas, ni para los usuarios”, reclamó.
“¿Qué va a suceder con la inversión realizada por el ABD? ¿Vamos a generarle un perjuicio a esas empresas? ¿Qué hacemos con los operadores de telefonía móvil? ¿Simplemente tienen que absorber los costos de las inversiones y gastos en los que vayan a incurrir?”, cuestionó Siris.
Por su parte, Aramendía manifestó que las empresas tenían la libertad de aceptar o no la cláusula propuesta por el gobierno y que “a sabiendas de la condición y de los potenciales riesgos que puede llegar a tener, aceptaron seguir adelante”.
“Nosotros nos preocupemos por los ciudadanos y el Estado. A las empresas le damos seguridad y transparencia y ellas eligen, con las cartas vistas, apostar y seguir adelante con nosotros para que los ciudadanos puedan tener ese derecho (portabilidad numérica) a la brevedad”, sostuvo.
Impacto para los usuarios
“¿Qué sucede con los usuarios que vayan a aportar? Si una empresa realiza un contrato de dos años para varios celulares: ¿qué sucede con esos usuarios?”, fue otra de las preocupaciones que planteó Siris.
El representante frenteamplista en la Ursec también sostuvo que con una derogación de los 135 artículos de la LUC, el Comité de Portabilidad Numérica (CPN) dejaría de existir. “Entonces, ¿quién adoptaría las resoluciones que permitirían volver atrás o restaurar a su estado natural la situación?, apuntó.
Según Aramendía, la derogación del artículo de la portabilidad numérica no tendría ningún impacto para los usuarios que ya portaron.
“El usuario que, haciendo uso de su derecho, portó a otra compañía, si luego llega a pasar que hay referéndum y el referéndum afecta la portabilidad numérica, los usuarios que ya hayan hecho uso de su derecho durante el tiempo en que se pueda gozar del mismo, ya quedaron efectivos en la otra compañía a la que se han cambiado; no tienen que volver para atrás”, explicó.
Para la presidenta de la Ursec, el único impacto que tiene una derogación del artículo referido a la portabilidad numérica es a la libertad del usuario de poder elegir y de ser propietario de su número. “Volvemos a estar presos de nuevo, volvemos a no poder cambiarnos de operadora llevando nuestro número, el cual hoy es parte de nuestra identidad digital. Perderíamos parte de nuestra identidad digital de nuevo”, afirmó.
