Aunque todavía falta más de un mes para que caigan 143 convenios en el sector privado, los contactos previos entre gobierno, empleadores y sindicatos ya empezaron. Las tres partes saben que es un año particular donde difícilmente se pueda negociar mesa por mesa como se acostumbra desde hace ya tiempo. En eso hay consenso.
Ahora lo que se busca definir es qué criterios guiarán los ajustes salariales a partir de julio, mientras no se convoque a la octava ronda de negociación colectiva que en principio sería recién a mediados de 2021.
El PIT-CNT propuso a comienzos de abril extender los convenios vigentes de la ronda pasada como una alternativa. Eso fue rápidamente rechazado por las cámaras empresariales e incluso desde el gobierno se manifestó que no se veía posible ese camino, dado el cambio radical que muestran varios indicadores de la economía respecto a dos años atrás por el golpazo del covid-19.
El Ministerio de Trabajo ya mantuvo encuentros por separado con varias gremiales y con el PIT-CNT para conocer de primera mano la posición de cada uno, antes de definir cualquier lineamiento. Lo que sí está claro es cómo debe ser el primer corte de esos lineamientos. La crisis desatada por la pandemia ha afectado a la amplia mayoría de los sectores de actividad, pero en distinto grado, por lo que resulta dificultoso aplicar una fórmula general. De ahí que las propuestas que se pondrán a consideración del Consejo Superior Tripartito intentarán reflejar esas diferencias.
“Cuando estamos trabajando sobre los lineamientos salariales, la primera división que uno hace es en sectores afectados y sectores más afectados”, explicó este martes el subsecretario de Trabajo, Mario Arizti, durante una conferencia virtual organizada por la Asociación de Profesionales Uruguayos en Gestión Humana.
Hay sectores de servicios como hotelería y gastronomía vinculados al turismo que están totalmente paralizados desde marzo. Pasa algo similar con sectores del comercio que recién están volviendo a encender sus motores, como ejemplo, las tiendas. El golpe es fuerte y lo muestran las solicitudes de seguro de paro. Pero hay otros que siguieron en actividad todos estos meses, como los supermercados, la industria química, la construcción e incluso el agro.
“Tenemos diferentes escenarios diseñados. Estamos trabajando y escuchando. Cuando lleguemos a un escenario donde estemos cerca de un acuerdo lo llevaremos al Consejo Superior Tripartito. Nos importa mucho que haya un debate y que se discutan los lineamientos. Hemos sido muy críticos muchas veces cuando el gobierno por si solo decide los lineamientos, convoca al Consejo y se los presenta, pero no se debate”, añadió el subsecretario.
El Poder Ejecutivo planea reunir en los próximos días al Consejo Superior Tripartito y en ese ámbito definir las condiciones salariales que regirían para el grueso de los trabajadores privados hasta que se vuelvan a convocar las mesas en 2021, había dicho días atrás a El Observador una fuente de gobierno.
Camilo dos Santos
Contactos previos
La cartera de Trabajo ya se reunió con varias gremiales empresariales. Por ejemplo, la Cámara de Comercio trasmitió en esos encuentros que solo 1 de cada 10 empresas está en condiciones de seguir pagando lo acordado en la ronda de 2018, según supo El Observador.
También se colocó sobre la mesa la carga adicional que representará para las empresas el pago de los correctivos por inflación pasada una vez terminen los acuerdos pactados hasta el 30 de junio próximo. Se da por descontado que en el mejor de los casos esa compensación extra estará arriba de 3%. A ello se suma el pago del medio aguinaldo antes del próximo 30 de junio. Son dos elementos que se suman al menú y que se deberá definir cómo procesarlos, en un escenario de baja facturación, comercios cerrados y envíos masivos al seguro de paro.
“¿Cuál puede ser la salida? Todavía no lo tenemos definido. Estamos haciendo intercambios con el ministerio de Trabajo y a nivel de las cámaras empresariales”, dijo una de las fuentes consultadas por El Observador.
También la Confederación de Cámaras Empresariales pasó el viernes pasado por la sede ministerial de la calle Juncal. El planteo realizado a las autoridades se centró en que no hay condiciones para poder extender acuerdos firmados hace dos años.
“Las empresas están en dificultades. Sospechamos que mucha de esa gente que está en seguro de desempleo no va a volver a sus puestos de trabajo. Tenemos que ser muy inteligentes, tratar de pasar esta coyuntura y hacerlo con el menor trauma posible para las empresas y los trabajadores. (…) El empleo es una variable de ajuste y el salario también es una variable de ajuste”, afirmó su presidente Gerardo García Pintos en declaraciones a radio Uruguay.
Empleo vs salario
Por otro lado, la posición del PIT-CNT está basada en dar pelea para mantener el salario real. Ese argumento ha cobrado fuerza en un contexto de inflación elevada como el de estos últimos meses. Pero la dinámica de precios actual supone una dificultad extra dado que se necesitan ajustes cada vez más elevados para evitar una caída del poder de compra.
El mantenimiento del salario real es también una de las banderas que sostiene el Sunca dentro de la industria de la construcción. Esa reivindicación ya motivó paros en todo el país esta semana. El sindicato reclama una pronta convocatoria de los Consejos de Salarios para discutir la viabilidad de prorrogar el acuerdo vencido el 30 de abril, diseñar un acuerdo puente o incluso un convenio nuevo.
Y desde el resto de los sindicatos se ve con buenos ojos que la construcción sea uno de los primeros sectores en definir los criterios de ajustes salariales, porque en alguna forma pueden ser referencia para los que deban acordar luego. De ahí que sea también una actividad cuyas definiciones de ajustes se seguirán muy de cerca desde el gobierno.
Desde la central sindical no se comparte que la pérdida de puestos de trabajo se explique por presiones salariales, más allá de situaciones particulares que pueden darse en empresas o sectores.
“Creo que hay empresas que se han visto muy golpeadas, que no han podido producir o desarrollar su actividad. Y las empresas que no tenían espalda y no están siendo respaldadas con medidas para sobrevivir a esta situación difícilmente puedan hacerlo porque los salarios crezcan algún punto más o menos, o incluso si los salarios asumieran una caída real. En este contexto no van a ser los incrementos salariales, en caso que los hubiera, los que van a hacer que se pierdan puestos de trabajo”, afirmo a M24 la economista Alejandra Pico del Instituto Cuesta Duarte.
Al cierre de 2019 dentro del sector privado el 30% de los asalariados (274.500) ganaban menos de $ 20.000 en la mano por 40 horas de trabajo a la semana. Los sectores con mayor porcentaje de veintemilpesistas eran el servicio doméstico (45%), rural (42%), comercio (39%) y restoranes y hoteles (36%), según un informe del Cuesta Duarte.
