El equipo económico remarcó como clave que la política fiscal y salarial sea consistente con la monetaria; sindicatos públicos advierten por pérdida de poder de compra durante el quinquenio
“Lo que queremos dar son señales de largo plazo, nuestro compromiso de cuál es la tendencia de la inflación”, afirmó el jueves el presidente del Banco Central (BCU) Diego Labat.
Tras la primera reunión del Comité de Coordinación Macroeconómica -que integran el Ministerio de Economía (MEF) y el BCU- de este período de gobierno, las autoridades del equipo económico anunciaron que desde setiembre de 2022 habrá una nueva meta de inflación de entre 3% y 6%, es decir 1 punto sobre el techo que rige actualmente (7%).
También se ratificaron los números con los que el gobierno venía elaborando el Presupuesto quinquenal, que contempla una senda descendente de la inflación hasta 3,7% al cierre de 2024.
"El Presupuesto está siendo enviado al Parlamento con un mensaje que es muy fuerte y muy ambicioso en lo que compete al Banco Central, que es la inflación", afirmó Labat en conferencia de prensa. "La política monetaria va actuar en consistencia con ese objetivo", aseguró el titular de la autoridad monetaria.
La semana pasada Labat insistió en que el único objetivo de la política monetaria será el control de la inflación y como prioridad de corto plazo el anclaje de las expectativas (de 24 meses) al rango meta.
El Comité de Política Monetaria (Copom), ya anunció que uno los cambios que se aplicará en los próximos meses será el de volver a la tasa de interés como instrumento (precio del dinero) en lugar de los agregados monetarios (cantidad de dinero).
“Lo importante es la consistencia de tres políticas a la vez. Por un lado la política fiscal, por otro la monetaria y por otro la de ingresos”, afirmó el jueves la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche.
El gobierno prevé terminar el 2020 con un déficit fiscal de 6,5% del PIB, apunta a reducir ese resultado a 4,1% del PIB al cierre de 2021 y avanzar a una meta de 2,5% del PIB al final del período en 2024.
Del lado salarial, en el sector privado la fórmula oficial para el llamado período puente hasta junio próximo, prevé que el salario real acompañe la caída de la actividad a nivel país. Y para el sector público la pauta de ajustes establece cambios significativos en comparación a los criterios que se venían aplicando en los últimos 10 años.
“Ese tipo de política de ingresos es lo que también tiene que articularse y forma parte de esta trayectoria descendente que estamos buscando de forma gradual, pero de forma bien importante en la evolución de precios”, afirmó Arbeleche.
Los lineamientos de ajustes salariales para el sector público de cara al período 2021-2024 se presentaron oficialmente el lunes. La nueva pauta, que es rechazada por los sindicatos, coloca sobre la mesa dos elementos centrales. Por un lado toma en cuenta la delicada situación de las cuentas públicas que se ha visto potenciada por las dificultades económicas generadas por la pandemia. Y por otro pone de manifiesto la intención de bajar la inflación en los próximos años para poder transitar hacia la desindexación salarial.
Hasta ahora en cada enero los funcionarios públicos tenían un ajuste por inflación proyectada, a modo de adelanto (5% equivalente al centro del rango meta). Y al cierre de año un correctivo por la inflación observada en los 12 meses, menos lo adelantado en enero.
Ahora la fórmula del gobierno plantea que en enero de 2021 se pague el correctivo inflacionario de 2020 y ese sea el único ajuste de 2021. De esa manera, si la inflación al terminar este año fuera de 9,3% (proyección en mediana de la última encuesta de expectativas del Banco Central para cierre de año), el aumento será de 4,3%.
Lo que plantean los sindicatos es que el punto de partida de la nueva propuesta lleva a que se pierda toda la inflación de 2021. Del otro lado, el gobierno busca generar credibilidad respecto a una baja progresiva de la inflación en el mediano plazo que haga que el impacto en los bolsillos sea el menor posible en el primer año y a posterior.
De hecho, para 2022, 2023 y 2024 la pauta oficial toma como base para los ajustes únicamente la inflación esperada (las proyecciones para cada año acompañarán la ley de presupuesto). A su vez incorpora una recuperación gradual a lo largo del período del salario real perdido en 2021, y prevé correctivos para los años siguientes si fuera necesario, pero sujeto al cumplimiento de las metas fiscales.
“La apuesta grande del gobierno es llegar a una inflación que en el correr de los años esté en 3%, 4%. (…) Siempre hay una batalla conceptual entre desindexar y no desindexar. Si nosotros logramos una inflación que esté en el 3%, 3,5%, eso va a dar ciertas garantías para futuras negociaciones. No va a ser necesario tener un correctivo a fin de año que corrija todo para atrás. Eso es lo que estamos buscando”, afirmó este miércoles a radio Carve el director nacional de Trabajo, Federico Daverede.
Un análisis de la propuesta del Poder Ejecutivo elaborada por economistas de Cooperativa Comuna a la que accedió El Observador, establece que habrá pérdida de salario real en los primeros años y después una recuperación, sin que quede claro “cómo operaría la misma, ya que no hay ningún mecanismo que lo garantice”.
El trabajo plantea dos escenarios alternativos de ajuste. En el primero donde la inflación es igual a la inflación esperada para 2022,2023 y 2024 (5%), el nivel más bajo de salario real se daría en 2021. Ese año el salario cerraría 7,5% por debajo del de enero de 2020 (y enero de 2021). Luego se daría una mejora incremental llegando en 2024 a un 95,71% del salario de enero de 2020.
Un segundo escenario que se considera “más realista” y que es muy distinto al proyectado por el gobierno, asume que la inflación de 2022 en adelante es de 7,5%. En el primer año la dinámica es idéntica a lo planteado en el caso anterior, pero para 2022 el salario real continúa bajando y llega a tener una caída de 8,72%. Se mantiene en el mismo nivel en 2023 y aumentaría en 2024 “ascendiendo apenas a un 92,66% del salario (enero 2020)”, dice el texto.
Otra de las novedades en la pauta para los trabajadores públicos es la cláusula de salvaguarda a la que está sujeto el cumplimiento del convenio. Ese punto establece que si el resultado financiero del sector público consolidado en el presupuesto 2021-2024 no se cumpliera, el Poder Ejecutivo “podrá llamar al Consejo Superior Tripartito para renegociar los ajustes y correctivos antedichos. Según el análisis de Comuna, esa cláusula gatillo es solo para el gobierno, opera como forma de “bajar salario”, y nunca es para los trabajadores.
De hecho, uno de los argumentos manejado por los sindicatos en los últimos días es que en ningún momento y bajo ningún escenario se considera la posibilidad de aumento real de salarios. También se habla de que la propuesta supone cierto grado de desindexación, porque más allá que figure en la pauta, la aplicación de correctivos no es algo seguro y automático. Eso está atado a la evolución que tengan las cuentas públicas y a los resultados que puedan tener los planes del gobierno en ese frente.
“La lógica de ajuste en cualquier escenario tiene dos componentes claros. Una baja del salario real fuerte al principio y un aumento en 2024. Este último, parece estar supeditado a la lógica electoral. Podrá ser útil a los propósitos del Poder Ejecutivo, pero claramente perjudicial para trabajadores que pierden durante todo el convenio, y solo recuperan un poco el último año, quedando muy por debajo del nivel salarial de enero de 2020", dice el informe de Comuna.
En el sector privado, el lineamiento para el llamado "período puente" prevé un ajuste nominal de 3% en enero de 2021, más un correctivo final por inflación a mitad del año próximo al que se le resta los puntos porcentuales de caída de la economía en 2020 (entre 3% y 3,5%). La pérdida de poder adquisitivo que se verifique al finalizar la Octava Ronda comenzará a recuperarse a partir del 1° de enero de 2022 si la evolución del PIB del año 2021 indica crecimiento. No está especificado a qué ritmo se procesará esa recuperación, lo que deberá resolverse el año próximo. Tampoco se conoce la política salarial que impulsará el gobierno una vez terminado el "puente".