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Gobierno priorizó la reactivación de la economía con ajuste moderado de tarifas
Por Miguel Noguez y Andrés Oyhenard
Como todos los años al llegar noviembre y diciembre el gobierno comenzó a analizar qué hacer con las tarifas públicas.
Y como en otras veces al momento de tomar esas decisiones estuvo presente el viejo dilema de dónde poner el foco: si en la competitividad del país o en la salud financiera de las empresas y el sector público.
Pero este año también se sumó otro ingrediente extra: la pandemia y sus duras consecuencias sobre el conjunto de la actividad que se hacen sentir en la economía doméstica y de las empresas. Las ventas cayeron, el mercado laboral empeoró y los salarios de gran parte de los trabajadores se han visto afectados.
La última semana del año fue intensa y movida para varios jerarcas de la primera línea de gobierno que en las últimas horas definieron los ajustes de los servicios públicos para el arranque del próximo año.
La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, el director de OPP, Isaac Alfie, el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, y el de Ambiente, Adrián Peña, intercambiaron varias llamadas y reuniones virtuales para terminar de atar los precios de las tarifas, siempre con la supervisión del presidente Luis Lacalle Pou, informó una fuente a El Observador.
En el intercambio político y técnico que hubo entre los integrantes del Ejecutivo estuvo presente la pata económica. En ese sentido, el gobierno sopesó el ritmo de reactivación de la actividad tras el embate que dejó la última pandemia. Si bien la economía uruguaya rebotó durante el tercer trimestre, en el último tiempo hubo indicios claros de que la recuperación en forma de V tendrá pocas chances de materializarse, en particular, luego de las últimas medidas sanitarias que obligaron a cerrar las perillas de varios sectores de actividad.
En la definición de prioridades, el gobierno reconoció que se está ante un “momento difícil” para la reactivación del PIB, y por eso se quiso mandar un mensaje claro de apoyo al sector productivo y a sectores asociados como el transporte con el congelamiento del precio del gasoil.
Pero también otras tarifas como la energía eléctrica -cuyo costo es sensible para los hogares- tendrán un ajuste inferior al ritmo de crecimiento de los salarios y las pasividades. En los hechos, se dará una caída en términos reales.
“Una vara alta” para Ancap
Las autoridades del Ejecutivo admiten que con la propuesta únicamente de la nafta y el congelamiento del gasoil, la “vara para Ancap” quedó alta producto de su salud financiera. De hecho, el ajuste de la nafta de 6,2% contempla la corrección que tendrá el Imesi (explica casi el 50% del precio de la gasolina) por lo que los ingresos netos para Ancap por la venta de ese combustible se elevarán alrededor de 3% y no en 6%.
Sin embargo, en el gobierno se consideró que era el momento de que el ente petrolero se concentre puertas adentro de la refinería de La Teja para acercarse a los Precios de Paridad de Importación (PPI) que define la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), y concretamente en el precio del gasoil donde la brecha es mayor (ronda los $ 5 por litro).
El Poder Ejecutivo tiene previsto enviar en enero al Parlamento un nuevo esquema para el funcionamiento de toda la cadena de combustibles en Uruguay y cuyo plazo de implementación se definió por un comité de expertos en tres años.
De todas formas, el gobierno seguirá de cerca los números de Ancap y en particular del precio del petróleo Brent, ya que se asume que el tipo de cambio no tendría grandes sobresaltos en 2021. Si el precio del crudo se fortalece en los mercados, es más que factible que el gobierno vuelva a revisar las tarifas de esta empresa en el correr de los próximos meses.
Por otro lado, en el caso UTE las fuentes también admitieron que el porcentaje es “exigente” para los números y proyecciones de la empresa para el ejercicio 2021. Esto porque hay dudas con el impacto que tendrá el déficit hídrico en los costos de generación durante el primer trimestre del año si no se revierte la situación climática. Si bien se cuenta con un Fondo de Estabilización Energética, el mismo cuenta con recursos bastante más acotados que en años anteriores.
Una de las posibilidades que el Poder Ejecutivo maneja es que esta empresa realice una menor transferencia de utilidades a Rentas Generales (alrededor de US$ 60 millones por año). La otra empresa que realiza aportes a la caja del Estado es Antel (unos US$ 78 millones).
Dentro del intercambio que hubo con los servicios técnicos y jerarcas de las empresas no estuvo sobre la mesa compensar ese menor ajuste de tarifas al que aspiraban los entes con una reducción de las inversiones proyectadas para 2021, indicó una fuente.
El ajuste en números y las dudas sobre la inflación
El economista Aldo Lema, escribió en su cuenta de Twitter que el gobierno resolvió una corrección de las tarifas públicas a partir de enero que en la mayoría de los casos es inferior a la inflación pasada (9,3%) e incluso está por debajo de la inflación esperada para 2021 (7%).
El economista Marcos Soto, discrepó con parte de ese razonamiento. "La última actualización tarifaria fue a partir del 1/4/20 (que incluyó inflación hasta esa fecha) por tanto se debería contar desde allí la inflación pasada la que se ubica en el entorno del 5%. Por tanto, el ajuste tarifario está por encima o alineado a la inflación".
En UTE la suba será de 5% en promedio. Los ajustes habrán de variar según cargo fijo, potencias y diferentes tarifas. Y en las tarifas de los servicios de OSE el ajuste será de 6,5%.
Antel tendrá un aumento promedio de sus precios de un 6,4%: la suba es de 6,3% para teléfonos móviles y de 9,5% en la tarifa de internet. Por su parte, las naftas suben 6,19%, mientras que el supergás aumenta 6,9%.
Las correcciones son inferiores a la proyección comercial que presentaron algunas empresas estatales.
El caso más claro es Ancap, donde por mayoría de su Directorio se habían propuesto dos escenarios: uno con un ajuste promedio de 12,3% para todos los combustibles y otro con suba promedio de 10%. Esas eran las correcciones que se consideraban necesarias para mantener los números en equilibrio y no comprometer la salud financiera de la empresa. Lo decidido por el gobierno está lejos de las aspiraciones que tenía la empresa.
Por otro lado, el Poder Ejecutivo resolvió mantener sin aumento el precio del gasoil, principal combustible utilizado por el sector productivo y el transporte. El valor por litro del gasoil común (50S) sigue congelado en $ 40,4.
El presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA), Alfredo Lago, saludó la medida. “Muy buena decisión. Valoro positivamente esta acción que va en pro de la competitividad de los sectores productivos, e impactará favorablemente en toda la economía nacional”, escribió en su cuenta de Twitter.
Más temprano había calificado como “lamentable” la propuesta que había realizado el lunes el Directorio del ente.
