Intereses políticos frente a responsabilidad funcional

Ha llamado la atención de la ciudadanía la reacción manifestada por profesionales médicos frente a la decisión de las nuevas autoridades de ASSE (Administración de los Servicios de Salud del Estado) de cesar a jerarcas del anterior gobierno en puestos de confianza en las Regionales en que se divide el mapa del país. La noble profesión que ejercen estos funcionarios públicos  en esta Administración (la mayor prestadora de servicios de salud del país), hizo al parecer prevalecer sus intereses políticos, soslayando su responsabilidad funcional.

El sólo anuncio de esta “renuncia en masa” o “puesta a disposición de sus cargos” de muchos de los médicos de la Regional Oeste y Este, (también ellos, funcionarios de confianza política de la Administración anterior, sólo uno ha ingresado por concurso) a consecuencia de la remoción de jerarcas de confianza del anterior gobierno, no pudo ser más inoportuno en los especiales tiempos por los que atraviesa nuestro país.

Nos encontramos en una “emergencia sanitaria” de significación en todo el territorio nacional, con graves consecuencias no sólo de riesgo de vida, sino de efectos económico financieros de muy difícil apreciación. Dicen los entendidos en estos temas, que estaríamos en una “etapa de mitigación”, la cual no supone que luego de las medidas adoptadas por el gobierno a partir del 13 de marzo próximo pasado, se haya vencido este flagelo, sino que por el contrario debemos seguir adoptando medidas de resguardo e higiene, a efectos de contribuir –cuarentena voluntaria mediante– a que no colapse todo el sistema sanitario del que estos funcionarios forman parte y por cierto conocen. Funcionarios médicos que, mucho más allá de su afiliación partidaria –muy legítima por cierto- son ante todo, funcionarios públicos y deben cumplir con responsabilidad las tareas que se les haya asignado dentro de los respectivos servicios de salud, en atención a su especial formación profesional. Y ello por sobre toda filiación política partidaria.

Dentro de su principal obligación como funcionarios públicos (incluso aún sin que tengan dedicación exclusiva) está la de asistir al Servicio, cumplir sus funciones y  por cierto, acatar las directivas de sus respectivos jerarcas, los que no siempre pertenecerán a su sector político partidario, sino a la Administración que rija en cada momento o período, los destinos de esta repartición del Estado.

Tratar de justificar su actitud en consideraciones de tipo político –pues decidir cómo y con quienes se administrarán los recursos de ASSE para enfrentar esta pandemia vaya si lo es- está muy por fuera de sus atribuciones. Que nadie pretenda justificarse por sentirse ofendido por algunas declaraciones y/o desplazado; pero que tampoco pretenda actuarse “corporativamente” lo que podría llegar a configurar una conducta claramente desestabilizadora, de la que cada quien se hará cargo. Lo decidido entonces, violenta normas legales y de la propia Constitución Nacional que en su artículo 58 mandata expresamente a quienes desempeñen funciones públicas a estar “al servicio de la Nación” y “no de una fracción política”. Esto le quita todo asidero jurídico a su errada decisión y no debiera olvidarse.