Israel revocó el permiso de viaje del canciller palestino por una decisión de Naciones Unidas

Riad Malki reveló que fue notificado de la revocación de su permiso cuando regresaba de la toma de posesión del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, medida de igual característica a la adoptada contra tres altos integrantes del partido Fatah, cercano al presidente de la ANP, Mahmud Abás, después que visitaran a un árabe-israelí liberado luego de cumplir una condenado de 40 años de cárcel por asesinar a un soldado israelí.

Las revocaciones forman parte de un paquete de sanciones en represalia por la decisión de la ANP de impulsar una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que analice  la reciente visita del nuevo ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, a la Explanada de las Mezquitas, el tercer sitio más sagrado del islam, acto que voceros palestinos calificaron como una “deliberada provocación” y que amenaza con desatar una nueva intifada.

Las cancelaciones, así como la anunciada reducción de los fondos que habitualmente transfiere Israel a la ANP, también constituyen una respuesta al exitoso reclamo del gobierno de Abás a la Asamblea General de la ONU, foro que pidió a la Corte Internacional de Justicia que emita opinión sobre la ocupación israelí y las constantes incursiones de sus fuerzas armadas en Cisjordania, que han dejado el peor saldo de víctimas desde 2006, incluido la muerte de varios adolescentes.

Según Natanyahu, las cancelaciones apuntan “a los responsables palestinos VIP que llevan a cabo una guerra política y legal contra Israel", estrategia que calificó como “un paso extremo”. En este contexto, su gobierno precisó que retendrá US$ 39 millones de la APN y que los transferirá a un programa de compensación para las familias de las víctimas israelíes de los ataques de militantes palestinos, suma equivalente a la que la APN pagó en 2021 a las familias de los prisioneros palestinos y los muertos en el conflicto, incluidos los militantes implicados en los ataques contra israelíes.

En tanto, los voceros palestinos condenaron las revocaciones y afirmaron que Israel debería ser el “castigado por sus violaciones del derecho internacional”, al tiempo que definieron los pagos como una asistencia social necesaria, mientras que Israel sostiene que el llamado Fondo de los Mártires del que se nutren los pagos incentiva la violencia, situación que amenazan con exacerbar los problemas fiscales de la APN y la violencia.

El gabinete israelí también decidió congelar los proyectos de construcción palestinos en algunas zonas de Cisjordania, ocupada por Israel desde 1967, paquete de sanciones anunciadas a poco menos de semanas de la asunción de Netanyahu en alianza con dos partidos ultraortodoxos, Judaísmo Unificado de la Torá y Shass, y las formaciones de extrema derecha Sionismo Religioso, Fuerza Judía y Noam, coalición que afianza una línea dura que transforma las conversaciones de paz en un recuerdo cada vez más lejano.

En ese marco, el gobierno israelí disolvió durante el fin de semana una reunión de padres palestinos para debatir sobre la educación de sus hijos alegando que estaba financiada ilegalmente por la APN, operativo que supervisó Gvir. Ziad Shamali, jefe del Sindicato de Comités de Padres de Estudiantes en Jerusalén, negó que hubiera participación de la APN y precisó que la reunión se iba a realizar para discutir la escasez de maestros en las escuelas del este de Jerusalén.

Los sucesivos gobiernos de Israel se han opuesto a que la APN, creada para administrar la Franja de Gaza y partes de la Cisjordania ocupada, se involucre con cualquier tipo de acción en el este de Jerusalén, zona que Tel Aviv capturó en la guerra de 1967 y luego anexó, en un movimiento no reconocido por la mayor parte de la comunidad internacional, pese a que Israel considera la ciudad como su capital indivisa y eterna, mientras que los palestinos aspiran a que el sector este sea la capital de su anhelado y hasta ahora frustrado estado nacional.

La creciente tensión entre el gobierno de Israel y la APN se da, además, en momentos en que crece la oposición interna al flamante gobierno encabezado por el líder del Likud. "Vi las duras imágenes de la manifestación de izquierda que comparó al ministro de Justicia con los líderes de los nazis", dijo Netanyahu en alusión a las reacciones contra la reforma judicial impulsada por Yarid Levin que busca, entre otros objetivos, deducir el otorgamiento de la ciudanía israelí.

Netanyahu calificó de "incitación salvaje" a la manifestación que se registró en Tel Aviv contra la coalición derechista y ultra religiosa, y que reunió a unas 20.000 personas en dos marchas organizadas por De Pie Juntos, que promueve la igualdad y cooperación entre judíos y árabes, y Ministro del Crimen, centrada en criticar las políticas del líder del Likud, movilizaciones en las que se pudieron observar algunas banderas de las Organización para la liberación de Palestina (OLP).

Netanyahu, que rechazó las críticas a las propuestas de reforma judicial, sostuvo que "carece de cualquier tipo de fundamento el argumento de que la reforma es el fin de la democracia", según comunicó oficialmente a través de su oficina. Por su parte, y en el marco general del conflicto, el movimiento islamista palestino Hamás, que gobierna en la Franja de Gaza, denunció en un comunicado las "medidas de castigo" y llamó a la APN a "no ceder" ante Israel.