Izquierda cuestiona vacación fiscal para extranjeros que se instalan en Uruguay

Desde el 1° de julio el monto del patrimonio necesario que se debe tener en el país para obtener la residencia fiscal bajó de los US$ 1,7 millones a US$ 377 mil a valores de hoy. El decreto estableció que las personas físicas que permanezcan al menos 60 días en el año podrán obtener la residencia siempre y cuando tengan o adquieran un inmueble por 3.500.000 unidades indexadas (US$ 377 mil). 

La residencia fiscal también se podrá obtener con una inversión, directa o indirecta, en una empresa por valor superior a 15 millones de UI (unos US$ 1,6 millones). Anteriormente el monto necesario era de 45 millones de UI (US$ 4,8 millones) o proyectos declarados de interés nacional en virtud de la Ley 16.906.

Cuestionamientos

El exsecretario ejecutivo del Centro de Estudios Fiscales (CEF), Gustavo Viñales, y el senador del Frente Amplio, Mario Bergara, criticaron que al establecerse la extensión de la exoneración de renta y posesión patrimonial para los no residentes (conocida como vacación fiscal) que se instalen en Uruguay, se genera un privilegio frente a los uruguayos que actualmente poseen capital mobiliario. Además cuestionan que se extienda dicha exoneración sin requerir una inversión a cambio para los que estaban sujetos a esa normativa previamente.

Uruguay comenzó a gravar las rentas de capital mobiliario obtenido en el exterior desde el año 2011, gravamen que no había sido contemplado en la Reforma Tributaria de 2007. Este régimen sobre la renta abarca a intereses, dividendos o derechos de autor, pero no se incluye a los relacionados a los beneficios por inmuebles.

Bergara cuestionó -en la comisión de Hacienda del Senado de la pasada semana- “un relajamiento excesivo de las exigencias para el otorgamiento de la residencia fiscal”, y consideró que “no es un mecanismo de promoción de inversiones”.

“Venir a Uruguay y comprar un inmueble por US$ 380 mil no es una inversión en el sentido económico”, cuestionó. 

Además, el exministro de Economía y expresidente del Banco Central (BCU) puso especial hincapié en el objetivo del proyecto de ley de extender la “vacación fiscal de cinco a diez años”,  para aquellas personas que ya tienen la residencia fiscal e inversiones realizadas, sin pedir ninguna contrapartida.  

“La justificación de la vacación fiscal de cinco años fue dada por el cambio de las reglas de juego en el año 2011. Por lo tanto, no vemos dónde está la promoción de inversiones y el impulso a que venga gente si esta gente ya está ¿Cuál es el sentido de extenderle un beneficio tributario de esta naturaleza, que puede ser muy importante en algunos casos, por cinco años más, sin tener efectivamente ninguna contrapartida?”, argumentó el economista.

En la misma dirección, Viñales -que fue asesor del equipo de campaña de Daniel Martínez- consideró que con el proyecto que entró al Parlamento no solo se extienden plazos para los no residentes que pueden venir al país, “sino también para los que ya estaban y además no se les está exigiendo ningún nivel de inversión para los beneficios que se les están dando”.

“Esto claramente beneficia a los extranjeros, que a diferencia de cómo ocurre con UPM -que se le dan exoneraciones por el monto de inversión-, ahora se les dice que vengan para ser residentes, pero a los que ya están los vamos a seguir tratando como no residentes en vez de por cinco, por diez años más”, declaró el especialista tributario a No toquen nada de FM del Sol.

Consultado por El Observador, el especialista en derecho tributario Leonardo Costa apuntó que aquellos extranjeros que tenían con anterioridad tres años de cumplida esa vacación fiscal, ahora tendrán un plazo de siete años más, en lugar de dos.

“Una de las críticas que se ha hecho es que para el caso de que alguien haya cumplido los cinco años, se le otorguen efectivamente cinco más. Ahí sí puede existir un sacrificio fiscal. En realidad no sé exactamente los números, pero en definitiva es más bien una plata marginal la que se está cobrando por esos conceptos”, explicó Costa.  

Por su parte, la directora de la Asesoría Tributaria del Ministerio de Economía y Finanzas, Pía Biestro, defendió la medida argumentando que la razón era “darles el mismo tratamiento a los residentes que se configuraran como tales”.

“La Ley18.910 estableció ese período ventana –tax holiday- para los residentes que configuraran residencia fiscal a partir de 2011, cuando se implementó el criterio de la renta mundial en lo que respecta a los rendimientos de capital mobiliario. La razón es exactamente la misma. Tratar de igual manera a quienes van a acreditar o configurar la renta fiscal ahora y a los que ya lo habían hecho”, argumentó la jerarca en la Comisión de Hacienda ante los cuestionamientos de Bergara.