Economía y Empresas > Residencia fiscal

Qué beneficio aprobó el gobierno para los usuarios de zonas francas

Un decreto permite que puedan prestar servicios a extranjeros que obtuvieron la residencia fiscal uruguaya durante el ejercicio 2020

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04 de enero de 2021 a las 13:19

“Los servicios prestados por usuarios de zonas francas a personas físicas que hayan adquirido la residencia fiscal en la República a partir del ejercicio fiscal 2020, se considerarán prestados al exterior del territorio nacional, siempre que dichos servicios se prestaran, por el prestador al prestatario, en forma previa a la entrada en vigencia del presente Decreto. Lo dispuesto en este artículo es de aplicación hasta el 30 de junio de 2021”, dice el decreto que aprobó el Poder Ejecutivo y que cuenta con un único artículo.

El socio de Deloitte, Juan Bonet, dijo a El Observador que se trata de un cambio relevante teniendo en cuenta el período de “gran movilidad de personas” que buscan la residencia fiscal en Uruguay tras las flexibilizaciones que aprobó el gobierno de Luis Lacalle Pou a poco de asumir en el gobierno. Según explicó el experto tributario, había casos de muchos usuarios de la ley de zonas francas que prestaban servicios a personas y residentes del exterior.

El usuario de zonas francas tiene prohibido por norma competir (por las exoneraciones fiscales que tiene) con empresas instaladas en territorio uruguayo no franco. Bonet indicó que existía una situación transitoria donde un usuario de zona franca que le prestaba servicio a un sujeto del exterior que -durante el ejercicio 2020- comenzaba a tener los criterios para obtener la residencia fiscal en Uruguay. Eso podría implicar una “discontinuación del servicio” que le podían prestar los usuarios de zonas francas a estas personas.

Por eso el decreto que aprobó el gobierno permite -sin violar la ley de zonas francas- que los usuarios de zonas francas puedan prestarle servicios a personas que hayan obtenido la residencia fiscal uruguaya a partir del 2020. “Lo que se pide es que los servicios hayan sido prestados en forma previa a la entrada en vigencia del decreto”, precisó Bonet.

El usuario de las zonas francas deberá contar con las pruebas de que previamente venía prestando esos servicios a los clientes que ahora pasaron a ser residentes fiscales en Uruguay.

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