La causa sobre las amenazas que recibió el plantel y la dirigencia del club Villa Española, días después de la intervención a la institución dispuesta por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), se encuentra estancada porque los jugadores del club decidieron no identificar a las personas que los amenazaron por "miedo", confirmó el fiscal del caso, Fernando Romano, a El Observador.
Los integrantes del plantel declararon ante la Unidad Contra la Violencia en el Deporte de la Jefatura de Policía de Montevideo, debido a que Romano se encuentra en medio de la feria judicial hasta el 19 de julio, con la presencia de un abogado. Sin embargo, Romano lamentó que los jugadores no brindaron información relevante al caso.
El expresidente de Villa Española, Miguel Romero, y el exsecretario del club, Omar Cazarré, declararon el 1° de julio ante la misma unidad, supo El Observador. Fuentes del caso dijeron que Romero y Cazarré hicieron declaraciones escuetas, también sin dar nuevos elementos para la investigación.
El 30 de junio el club emitió un comunicado en el que afirmó que "el clima de violencia" que ahora investiga la fiscalía "no es nuevo". Por el contrario, "es sistemático, incluyendo amenazas de muerte y agresiones físicas".
En la próxima semana, cuando termine la feria judicial, Fiscalía analizará cómo continuar la investigación, dependiendo del aporte de los jugadores. Romano indicó que "es difícil" investigar una denuncia por amenazas cuando los afectados no aportan información y "no hay cámaras".
La situación terminó en manos de Fiscalía cuando Santiago López, jugador y referente de la institución, decidió retirarse del fútbol luego de recibir más amenazas contra su persona, como publicó el 30 de junio Referí. La situación llevó a la renuncia de la directiva, que estaba por ser desplazada por la intervención del MEC, y el cuerpo técnico del equipo, y luego a un paro del fútbol profesional decretado por la Mutual de Futbolistas Profesionales.
Los jugadores ya habían manifestado su temor a denunciar la situación. "Les explicamos que el delito de amenazas es un delito perseguible a instancia de parte y que la denuncia es clave para poder investigar y judicializar la situación", dijo Gerardo Lorente, gerente nacional del Deporte, a Referí, el 5 de julio, tras una reunión de las autoridades para estudiar la vuelta del fútbol, lo que se dio el pasado fin de semana.
