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/ Mundo / La crisis catalana

Justicia española encarcela a más dirigentes de Cataluña

Presidenta del Parlamento quedó libre al pagar fianza

11 de noviembre de 2017 5:00 hs
El Observador | Redacción

Por  Redacción

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O. DEL POZO AFP

Más allá de las protestas populares y del debate suscitado en España respecto a la existencia de presos políticos, la Justicia sigue siendo implacable con los dirigentes catalanes que impulsaron la declaración de independencia.

La gestión de Carles Puigdemont y los consejeros que le acompañaban en el gobierno regional de Cataluña quedó en entredicho en los últimos dos meses, como consecuencia del impulso sececionista, que dividió a los catalanes, produjo la crisis política más importante en España durante las últimas cuatro décadas y concluyó con la intervención del gobierno en esa región.

Pero, además, el presidente de la Generalitat, su vicepresidente Oriol Junqueras, y el resto de los consejeros fueron destituidos.

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Mientras Puigdemont viajó a Bélgica, supuestamente en busca de "garantías", junto a cuatro exmiembros de su gabinete –con quienes aún permanece en Bruselas–, ocho exconsejeros fueron enviados a la cárcel.

El expresidente catalán está ahora a la espera de que una corte belga se expida respecto a la orden de captura europea solicitada por la Justicia española, que lo acusa de haber incurrido en los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos.

De hecho, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy –quien sostuvo, y hasta ahora ha ganado, una pulseada política con Puigdemont– siempre sostuvo que las autoridades catalanas se apartaron del orden institucional y vulneraron los principios democráticos.

Mientras eso sucede, las elecciones anticipadas convocadas por Rajoy en Cataluña para el próximo 21 de diciembre tientan a Puigdemont, quien anticipó su deseo de presentarse, incluso desde el extranjero.

Pero la situación política sigue siendo compleja: mientras el destituido presidente catalán pretende que los partidos independentistas se presenten juntos a esa instancia electoral, estos evalúan si lo harán juntos o separados.

Al mismo tiempo, la Justicia española sigue actuando sobre los dirigentes que promovieron la independencia regional.

De hecho, un magistrado del Tribunal Supremo español dictó este jueves órdenes de cárcel para la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y otros cuatro diputados que tramitaron la declaración de independencia ilegal aprobada en esa Cámara el pasado 27 de octubre.

El juez Pablo Llarena fijó una fianza de 150.000 euros (equivalentes a unos US$ 174.000) a Forcadell, y de 25.000 euros (unos US$ 29.000) para los diputados Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet y les otorgó una semana de plazo para concretar el pago.

Al igual que otros prominentes dirigentes catalanes, Forcadell fue enviada a la cárcel pero recuperó la libertad tras haber pagado la fianza estipulada.

La Fiscalía había pedido para los cinco parlamentarios penas de prisión por los delitos de rebelión y sedición

Otro diputado, Joan Josep Nuet, que fue interrogado por el juez, recuperó la libertad, pues de acuerdo con el ministerio público demostró que había votado en contra al momento de tramitar la declaración independentista.

Durante su comparecencia, Forcadell y sus compañeros de mesa del Parlamento regional atribuyeron a la declaración de independencia de Cataluña un valor simbólico, pero no jurídico.

El juez del Tribunal Supremo señaló que los parlamentarios catalanes afirmaron que "o bien renuncian a actividad política futura o, los que desean seguir ejerciéndola, lo harán renunciando a cualquier actuación fuera del marco constitucional".

El magistrado asignó a Forcadell una "actuación principal" en el proceso independentista tanto "por su intervención medular" como por la repercusión generada por su liderazgo.

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