La batalla que perderá el gobierno por tercer año

Pandemia y guerra: el combo que le juega una mala pasada al BCU

La ambiciosa hoja de ruta a cinco años que se había trazado el equipo económico del Ministerio de Economía y Banco Central (BCU) cuando asumió el 1° de marzo de 2020 para llevar una inflación a 3,7% al cierre de su mandato (2024) luce más que comprometida. La apuesta (decidida) que en su momento se realizó con una coordinación de las políticas fiscal, salarial y monetaria como norte para llegar a ese objetivo sufrió contratiempos. A menos de un mes un asumir, el gobierno de Lacalle Pou debió enfrentar la pandemia del covid-19 y, desde ese entonces (hasta no hace mucho tiempo atrás) las baterías (monetaria y fiscal) apuntaron a la reactivación de la economía y el empleo, este último duramente castigado por los efectos del virus. 

En 2021, la inflación cerró en 7,96%, 1 punto por encima del 6,9% que había proyectado el equipo económico en la Rendición de Cuentas que presentó a mediados de ese año ante el Parlamento y fue una de las tareas que quedó en el debe. 

Con la economía uruguaya recobrando los niveles prepandemia antes de lo previsto (durante el tercer trimestre del año pasado), el 2022 era el año para cumplir con la otra pata del libreto que estaba fallando, anclar las expectativas inflacionarias de los agentes económicos. Así las autoridades y los técnicos del BCU estaban confiados hasta el cierre del año pasado en que el ritmo de aumento de precios de este año se desaceleraría a 5,8%, dentro del rango meta (más exigente) que comenzará regir desde setiembre próximo  cuando se achique en un 1 punto el techo del mismo. 

Sin embargo, con la foto de la inflación de dos meses (enero -1,78%- y febrero -1,47%-) y las previsiones de otra (fuerte) suba de precios en marzo (arriba del 1%), las chances de cumplir con ese objetivo tienden a desvanecerse. 

Hoy el grueso de los analistas privados y agentes económicos está elevado al alza sus expectativas sobre cuánto aumentarán los precios este año. El número grueso se ubica más sobre un eje del 8%, es decir, 2 puntos por encima del objetivo trazado (5,8%). Precisamente, ese 8% coincide con el promedio de alza de los precios que ha predominado en la economía uruguaya en los últimos 15 años. 

¿Puede la política monetaria hacer más?

El instrumento de acción que tiene la principal arma del BCU (la política monetaria) para anclar las expectativas inflacionarias tiene un poder de fuego limitado. En primer lugar, porque Uruguay es un caso atípico de economía bimonetaria (peso/dólar) donde solamente se pueda ponerle precio a una mitad del dinero que circula en la economía (los pesos uruguayos). El BCU viene elevando la tasa de interés (subiendo el costo del dinero) desde agosto pasado buscando reforzar su mensaje para anclar las expectativas de los agentes. 

En febrero, la autoridad monetaria elevó la tasa de interés en 75 puntos básicos hasta 7,25% y anticipó otro incremento de similar magnitud en la próxima reunión del Copom (abril), alcanzando un nivel neutral de la tasa de interés (8%) al comienzo del segundo trimestre de 2022. Esa tasa —que el BCU fija como referencia de política— termina luego incidiendo en el costo del dinero en el resto de los eslabones de la economía doméstica. A mayor tasa, más incentivo para el ahorro sobre el consumo, algo que debería llevar a reducir las presiones inflacionarias de una economía. 

En las últimas semanas, algunos agentes económicos han considerado que las autoridades del BCU no deberían enfrascarse en cumplir su objetivo a cualquier precio. El economista Javier de Haedo (uno de los más críticos con la política de suba de tasas del BCU) fue uno de ellos. “El momento de mayor inflación mundial en mucho tiempo no parece ser el mejor para tratar de poner la inflación en el rango meta en Uruguay. Confío en que el Directorio del BCU entenderá que no tiene sentido hacerlo a cualquier precio”, escribió. 

A las autoridades del BCU más que el dato puntual de inflación de cada mes, les interesa que en el horizonte de política (24 meses) los agentes y empresas crean que será capaz de llevar la inflación al rango meta. Hasta ahora, no ha logrado su objetivo. La tarea más compleja parece tenerla con los empresarios, que siguen viendo una inflación de 8%.

Entre los productos que se apreciaron considerablemente por el conflicto en Ucrania, los más relevantes para el bolsillo de los uruguayos son el petróleo crudo —que tocó máximos desde 2008— y el trigo —que alcanzó valores récord—.  Los productos panificados son el 5% y los combustibles el 4% de la canasta promedio consumo de las familias. También otros bienes sensibles para el consumo de los uruguayos como la carne (vacuna y aviar), lácteos, aceites y café han aumentado por encima de la evolución promedio de los precios en los últimos meses.

El economista y docente de Macroeconomía José Licandro explicó en un hilo de Twitter que en el corto plazo la política monetaria del BCU “no tiene mucho para hacer para evitar el incremento transitorio de IPC y su variación (inflación), más allá de una comunicación clara de que el shock no debería tener impacto en el largo plazo”. De todas formas, reconoció que “podrían desanclarse” las expectativas de los agentes en el horizonte de acción para la política monetaria (24 meses). “Eso dependerá crucialmente de la credibilidad de la autoridad monetaria. Si se desanclan, habrá que hacer ajustes (subas) en la Tasa de Política Monetaria”, consideró.

Algunas consecuencias que pegarán 

Si la inflación no cede, el escenario más probable es que los trabajadores uruguayos vuelvan a perder poder de compra, al igual que las jubilaciones. El economista y socio de Exante Pablo Rosselli le puso números. En declaraciones en Perspectiva, el experto proyectó que con una inflación promedio en torno a 7,5% durante este año, el salario real de los trabajadores caería 0,5% y las jubilaciones 2%, consignó Búsqueda. 

Otros agentes como Grant Thorton ven una inflación cercana al 8% en todo el año, mientras que Cinve proyectó una inflación finalizando el 2022 en 8,6%. Para este centro de investigaciones, la probabilidad de que la inflación ingrese al rango meta oficial se reduce hoy al 2%.

Si ese escenario de pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores se repite por tercer año consecutivo será un golpe para el gobierno. El ministro de Trabajo Pablo Mieres se había mostrado optimista en una entrevista con El Observador en que este año se “iba a recuperar” una parte del salario real perdido durante los dos primeros años de la pandemia (2020-2021). El poder de compra de los empleados privados se contrajo 3,6% durante ese bienio y un tercer año de números rojos le sumaría una presión extra al gobierno de Lacalle Pou, que se comprometió a que su gestión terminará sin pérdida de salario. Pensar en que en dos años (2023 y 2024) se puedan recuperar 4 puntos de salarios luce todo un desafío para que la inflación pueda converger a los niveles que estimó el Ejecutivo cuando asumió. 

Si las presiones inflacionarias de corto plazo persisten y el salario real continúa cayendo, es más que factible que uno de los motores de la economía uruguaya (el consumo privado) no tenga buenas noticias en los próximos meses y esté lejos del nivel de actividad que hoy muestran otros motores más dinámicos como el comercio exterior o la construcción. Si la demanda interna se resiente, las industria manufactureras —que están abocadas al mercado interno— también acusarán el impacto en sus niveles de actividad. 

Así como el empleo, fue la gran preocupación y prioridad del equipo económico para salir del shock de la pandemia, todo hace prever que la inflación será el tema de la agenda de corto plazo en los próximos meses.