La electricidad en Uruguay ya es renovable…, ¿ahora qué?

La semana pasada, un artículo de El Observador sostuvo que hacia el año 2100 es probable que hayan desaparecido la playa de Pocitos y la de Malvín, unas 40 escuelas, la refinería de Ancap y el hotel Carrasco. Es que, entre otras consecuencias, el nivel del mar aumentará en todo el mundo y los eventos climáticos extremos serán cada vez más frecuentes —y saldrán más caros—. La explicación está en lo que la ONU calificó como “el mayor desafío de nuestro tiempo”: el cambio climático, y en particular el calentamiento global.

El calentamiento global se debe al llamado efecto invernadero. Es igual que cuando se deja un auto estacionado al sol en verano y al abrir la puerta el calor dentro del vehículo es mucho más fuerte que el del aire de afuera. El efecto invernadero funciona así a escala mundial, y se está agravando por culpa de las emisiones humanas de algunos gases (GEI) que no dejan escapar el calor de la atmósfera.

Los principales GEI son tres: el dióxido de carbono (CO₂) —que viene, sobre todo, de la quema de combustibles fósiles y de la industria— y, por otra parte, el metano y el óxido nitroso, que se emiten más que nada en el sector agropecuario —por ejemplo, en la eructación de las vacas—.

Aunque en el mundo el CO₂ pesa el triple que los otros dos juntos, en Uruguay la relación es la inversa, dado el papel central del agro en la economía del país.

La matriz energética

Es habitual escuchar que la matriz energética de Uruguay es renovable, pero eso solo es correcto para la electricidad, cuya oferta en fuentes verdes cubre casi toda la demanda nacional anual. Sin embargo, la mayoría de la energía consumida en el país no es eléctrica. Basta pensar en el transporte a combustión, en las industrias que usan biomasa o derivados del petróleo para funcionar, o en hogares que usan gas y leña. Aunque son ajenos a la electricidad, estos usos están detrás del 83% de la energía que consume Uruguay, y el 43% que no es biomasa es contaminante.

Del total de emisiones por el consumo energético de combustibles, 60% viene del transporte, por lo que es necesario avanzar en su electrificación.

Si bien hay incentivos económicos para comprar autos eléctricos, en el transporte público los estímulos van a contramano: el fideicomiso que habilita a las empresas a comprar gasoil a $13 por litro les hace muy barato usar vehículos contaminantes. En cambio, el subsidio podría reemplazarse por uno que pague la diferencia entre la compra de unidades eléctricas (que son más caras) y los ómnibus comunes. Los eléctricos cubren una cantidad de kilómetros tal que lo que ahorran de gasoil en su vida útil hace que la inversión se pague sola, y el cambio no afectaría al precio del boleto.

Además, podría no ser el gasoil al público el que cueste $3,5 extra por litro y financie buena parte del subsidio. Consultado al respecto, el exdirector de Transporte de la Intendencia de Montevideo Gonzalo Márquez, opinó que “tiene sentido gravar la movilidad individual, que es sobre todo a nafta, y no el gasoil, que se usa con fines productivos”.

El hidrógeno verde y un fondo para el agro

Para donde sea difícil electrificar —como en el transporte de larga distancia o algunos procesos industriales— uno de los combustibles sin emisiones que más promete es el hidrógeno verde, cuya producción en Uruguay ya está prevista a gran escala en las próximas décadas por el MIEM y Ancap. A partir de la exportación de hidrógeno verde, el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, defendió la idea de crear un fondo soberano para ahorrar e invertir, como hacen los noruegos con el petróleo.

 Un fondo así podría usarse para financiar investigación y desarrollo de soluciones para el agro, lo que es central considerando que para reducir los GEI en el sector —73% del total— se requiere innovación. El especialista en agroecología Eduardo Blasina explicó que lograr que una vaca eructe sin metano no es como cambiar un motor de combustión a uno eléctrico. “Es mucho más difícil que resolver un problema industrial-tecnológico”, afirmó.

Consultada sobre dóndedestinaría más recursos, la directora del proyecto Ganadería y Clima del MGAP, Cecilia Jones, respondió que “en el largo plazo iríahacia mucho trabajo de mejoramiento genético. Nueva Zelanda, Australia... están todos mirando eso. También aditivos para inhibir la metanogénesis. Después, mejorar los manejos y eliminar emisiones improductivas. Y fortalecer las capacidades terciarias técnicas en los productores y más asistencia técnica”, remarcó. El proyecto Ganadería y Clima, la apuesta nacional más fuerte en este rubro, tiene un presupuesto de solo US$ 2 millones, obtenidos de donaciones.

Ninguna de las iniciativas expuestas es imposible de financiar para los recursos del país, ni de implementar para las capacidades de su gente. Estas y muchas otras pueden sumarse para honrar el compromiso de transitar a una economía amigable con el ambiente, que no es más que una economía respetuosa de los uruguayos que aún no nacieron.

 *Primer Premio Academia Nacional de Economía 2022