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La iniciativa de Lula para elevar el gasto público tiene avales para ser debatida en el Senado
Luego de semanas de intensas negociaciones, el Senado dio luz verde a la tramitación del Proyecto de Enmienda Constitucional (PEC) que propone el presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva, iniciativa que contempla un aumento presupuestario del orden de los US$ 28.000 millones para incrementar a gasto social durante el próximo año.
El proyecto, que ingresó en la Cámara Alta el lunes por la noche y propone modificar la norma constitucional sancionada durante el gobierno de Michel Temer (201-2018) que fija un techo del gasto público por 20 años, obtuvo las 27 firmas necesarias para ser tramitada, aunque requiere mayorías especiales de 3/5 en ambas cámaras del Congreso para ser sancionada.
Se trata de proporciones que la coalición que lidera el Partido de los Trabajadores (PT) está lejos de alcanzar, motivo por el cual el mandatario electo propuso apoyar a uno de sus adversarios, el actual titular de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, para un nuevo mandato al frente del cuerpo legislativo.
Lira, aliado del presidente saliente Jair Bolsonaro, integra el conservador Partido Progresista y el denominado “Centrao”, el bloque de espacios que domina la agenda económica y política mediante la administración de una parte del presupuesto nacional y que hasta el momento no ha garantizado que usará su peso parlamentario para que la PEC reúna los votos necesarios.
La PEC es una herramienta fundamental para el futuro gobierno del líder del PT, quien busca costear el programa de asistencia social llamado Bolsa Familia, un signo de sus gobiernos anteriores, y que beneficiará a unos 50 millones de ciudadanos, además de ser una herramienta imprescindible para viabilizar otras iniciativas destinadas a la atención de la población más humilde.
Los analistas locales señalan que si la PEC no fuera aprobada hasta mediados de diciembre, quedará fuera del calendario legislativo y el próximo gobierno comenzaría su gestión sin esa norma crucial para la implementación de las políticas sociales, que muchos estiman como impostergables pese al recelo del mercado financiero.
Los bancos de inversión y la ortodoxia fiscal sostienen que la iniciativa de ser aprobada, implicará que el techo del gasto público en un monto que consideran excesivo y que, según argumentan, pondría en riesgo el balance fiscal, situación que obligó a Lula da Silva a encabezar en forma personal las negociones.
Desde el mundo financiero, además, se han reiterados los pedidos para que el presidente electo anuncie quien será su futuro ministro de Economía, solicitud que, según fuentes del PT, quedaría satisfecha en los próximos días, cuando se menciona como probable el nombre de Fernando Haddad, dirigente del PT que fue intendente de San Pablo y candidato presidencial en 2018, a quien se le atribuye una concepción desarrollista.
Por lo pronto, y tras conseguir las firmas necesarias para avanzar con el debate de la modificación constitucional, el vicepresidente en ejercicio, el general Hamilton Mourao, recibió a quien será su sucesor, Geraldo Alckmin. "Me telefoneó, me preguntó si podía venir a tomar un café, y así fue, todo normal", declaró Mourao tras el encuentro en el Palacio del Planalto, sede oficial del gobierno.
El encuentro es el primer cara a cara entre Mourao y Alckmin tras la victoria de Lula da Silva en el balotaje del 30 de octubre y, según los analistas locales, tiene importancia no solo protocolar, sino también funcional, ya que permite consensuar criterios para la entrega de información necesaria para la toma de decisiones del futuro gobierno.
