La ley de urgente consideración y sus desafíos políticos y presupuestales

El documento aún no ha sido presentado a los líderes de los otros partidos que acompañan a los blancos en el gobierno pero, una vez que esto ocurra, se lo dará a conocer a toda la población, según prometió el presidente electo, Luis Lacalle Pou.

“Mi idea es que ese proyecto de ley lo conozca todo el mundo. Va a tener algunos ajustes, después los miembros de la coalición (lo recibirán) y después queremos que se conozca”, dijo entrevistado el miércoles pasado en el programa En La Mira de VTV sobre el documento que se encuentra en etapa de borrador.

A su vez, en ese programa, dijo que irá con su equipo a una reunión con el PIT-CNT en las próximas semanas, en la que están dispuestos a tomar en cuenta aportes para ese proyecto. Además, aseguró que haría lo mismo en el caso de las cámaras empresariales y el Frente Amplio. “Me encantaría que el Frente Amplio mejore la ley. Es una ley para el país”, dijo el presidente electo.

No es difícil imaginarse que algunos artículos de ese proyecto de ley generen una ofensiva política del Frente Amplio y movimientos sociales afines. Por ejemplo, todo aquello relacionado a la negociación colectiva. En la oposición hay consenso en que el decreto que entiende la ocupación como extensión de derecho a huelga debe ser derogado y esa idea no cae nada bien en filas sindicales.

En términos educativos y tal como lo informó El Observador este sábado, en la ley de urgente consideración también se planteará eliminar la exigencia de 10 años de experiencia en la educación pública para integrar órganos de gobierno de la ANEP (Administración Nacional de Educación Pública) que establece la ley de educación. 

De esa forma, podrán ingresar a la conducción de la enseñanza personas que no tienen trayectoria en la educación estatal y varios nombres están vinculados a Eduy21, una organización muy criticada por los sindicatos.

Pero más allá del desafío político, existe un desafío presupuestal. El presupuesto será discutido en el segundo semestre del año y recién comenzará a regir el primero de enero del 2021. ¿Cómo se llevarán a cabo, entonces, algunos eventuales movimientos que planteará la ley de urgencia sin el presupuesto?

La experiencia legislativa muestra que hay soluciones presupuestales alternativas a la propia ley referida al asunto. Y entre la discusión de la ley urgente y la del presupuesto, hay un proyecto que se debatirá en el Parlamento y que podrá ayudar a la coalición de gobierno: la rendición de cuentas.

En la mayoría de las rendiciones de cuentas (menos aquellas que son de “gasto cero”), solo hay un artículo referido explícitamente a la rendición y muchos tomos y textos adjuntos en el anexo, donde los organismos dan cuentas sobre sus números. Pero luego, hay alrededor de entre 300 y 400 artículos (dependiendo de cada caso) que puede contener elementos presupuestales que sirven para que el gobierno, en ese momento, pueda avanzar en sus proyectos.

Esta ley permite crear cargos, mover impuestos y posibilitar reestructuras institucionales. A modo de ejemplo, en la rendición de cuentas del año 2016 se realizó un ajuste fiscal. Para el año próximo es esperable que, entre otras cosas, otorgue recursos para la creación de un nuevo ministerio de Medio Ambiente que va a estar planteado en la ley de urgente consideración.

La ley debe ser presentada en el Parlamento antes del 30 de junio de cada año. Como la normativa no refiere un plazo mínimo, el documento puede presentarse en abril, por ejemplo, y eso permitirá que la coalición adelante los tiempos de discusión.

Los proyectos de ley de urgente consideración, por su parte, son enviados por el Poder Ejecutivo a cualquiera de las dos cámaras del Parlamento y deben ser aprobados en un plazo máximo de 90 días. La cámara que recibe el proyecto tiene 45 días para tratarla y votarla. En la otra, el tratamiento será de 30 días porque los 15 restantes se utilizan en caso de que se le realice modificaciones y deba volver a la cámara donde ingresó. Si se superan los 90 días y no hubo sanción, la ley queda aprobada tácitamente. Es decir, el Parlamento tiene que expedirse sí o sí en tres meses. Se prevé que esta ley urgente sea presentada ni bien asuma el nuevo Ejecutivo.