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La polémica por los cambios y el papel del Estado en Colonización

Dos artículos de la ley de urgente consideración sirvieron para despertar un debate sobre el rol del Poder Ejecutivo en el acceso a la tierra  

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12 de febrero de 2020 a las 05:01

Con un área récord de 610 mil hectáreas (ha) afectadas (230 mil ha no son de su propiedad), el Instituto Nacional de Colonización (INC) es en el presente el principal propietario de campos en Uruguay y representa para actores políticos de todas las tendías partidarias una herramienta valiosa para fomentar la radicación en el medio rural y distribuir tierras a productores familiares y asalariados.

Sin embargo, lo planteado en la ley de urgente consideración en los artículos 313 y 314 ha generado un debate sobre los cambios que pretende hacer el gobierno electo, tanto dentro del propio directorio del organismo como de la coalición multicolor. 

En el borrador presentado se propone modificar la ley 11.029 de 1948, quitando la obligación al colono de residir en el predio rural que le fue adjudicado. Este ha sido el cambio con más repercusión desde conocido el anteproyecto. 

La presidenta del Instituto de Colonización (INC), Jacqueline Gómez, criticó este martes luego de reunirse con la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) los artículos mencionados y expresó que “hay una lista sin ninguna dudas de lo que se afectarían de un lado y del otro”, aunque no quiso individualizar ningún caso.   

La jerarca expresó que la no obligación de la explotación directa y la residencia, "va en contra de la ley que creó el INC" y “tiene una lógica de defender intereses individuales”, sin aportar al interés general y a lo "que la sociedad necesita en el entorno rural”.

“Somos defensores del derecho al acceso a la tierra de los productos familiares y asalariados, pero hay que tener claro que una política subsidiada por toda la sociedad uruguaya, también junto con los derechos vienen un conjunto de obligaciones. Y esas obligaciones se tienen que cumplir. En caso de no estar de acuerdo con la residencia y la explotación directa, el 96% de la superficie nacional no está afectada a la ley, por lo tanto existen muchas oportunidades”, señaló Gómez a El Observador.     

En las tierras del INC hay más de 3.500 unidades económicas en funcionamiento en distintos rubros. Hay ganadería, lechería, agricultura, arroceros y granjeros.

La jerarca sugirió que en caso de que la normativa sea cambiada, un predio del INC, “que es parte de una política pública”, puede llegar a ser administrado y supervisado desde cualquier lugar del país, lo que va en contra del propio espíritu de la ley.  

“Si la residencia no es obligatoria, se podría ser usufructuario de una política pública subsidiada del INC para explotar 150 hectáreas de producción lechera, pudiéndolo manejar desde Montevideo, mientras el tambo se encuentra en Flores o Paysandú”, ejemplificó.  

En tanto, el delegado del INC en representación del Ministerio de Ganadería, Rodrigo Herrero, discrepó con la postura de Gómez. Ese director defendió los cambios planteados en la ley, en el entendido de que “lo que se intenta hacer es adaptar a los tiempos de hoy algo que fue redactado en 1948”.

“Cuando uno empieza con una empresa agropecuaria con el transcurrir de los años va cambiando el entorno familiar y también uno como productor rural. A cierta edad, en la juventud, y lo viví en carne propia, uno se puede radicar en el predio con la familia cuando la vas formando, pero llega un punto que te lleva a tener parte de la familia –hijos- en un centro poblado que te pueda brindar los servicios –educación, salud-  que en el medio rural no vas a tener”, defendió Herrero.

Para Herrero, en el caso de los propietarios en particular, que suelen tener empleados en los establecimientos, “hoy en día la realidad es que se los multa por no residir en la fracción, cuando de repente se trata de alguien que está a 30 o 40 kilómetros del predio”.

“A nosotros lo que nos interesa conceptualmente es que la explotación por parte del beneficiario de ese predio sea sustentable. No consideramos que vivir los 365 días en el predio sea mejor para la ruralidad, ni para la explotación de la fracción”, dijo Herrero.  

Unas 5.000 familias habitan el 92% del total de hectáreas que tiene el INC y cerca de un  8% están sin adjudicar. El 75% de los colonos está al día con la renta, según las últimas declaraciones de la presidenta del INC, Jacqueline Gómez. En total se registran 3.647 unidades de producción y la mayoría se concentra en San José (494), Paysandú (445), Colonia (424) y Canelones (376). 

En contrapartida a su compañero en la dirección del INC, Gómez insistió en que plantear la no obligatoriedad de la residencia ni la explotación directa va en contra de “del cuidado y la protección de la producción familiar”.

“El Estado uruguayo ha hecho un esfuerzo importante para promover la radicación y tener un medio rural poblado. Para que la gente pueda vivir y trabajar con las condiciones de cualquier ciudadano. Si en una política pública como la de colonización esas obligaciones dejan de existir implica ir en contra de una política de muchos años y un mal uso de los recursos públicos porque si hay infraestructura –casa, electrificación- es necesario que sea utilizada”, apuntó.  

Gómez entiende que los cambios propuestos van en contra de los productores familiares “en términos generales”, porque cuando la gente se radica en un territorio vive ahí, “produce, trabaja”, lo que permite a que otros productores que no son colonos puedan contar con toda la infraestructura que se genera cuando un territorio está poblado.

“No se visualiza la importancia de la radicación en el territorio rural. Cuando hay gente hay escuelas rurales que cuentan con la cantidad de niños suficientes para funcionar. En la medida  que esos territorios estén deshabitados esos servicios que son básicos para vivir le son restringidos a los que sí quieren vivir y trabajar en el campo”, explicó Gómez.  

Mientras tanto, dentro de la coalición del gobierno electo las voces con respecto a este artículo también son discordantes.

Una vez que Búsqueda dio a conocer que los cambios propuestos beneficiarían directamente a Roque Moreira –padre de la futura ministra de Vivienda, Irene Moreira-, desde Cabildo Abierto se negó la información y además se afirmó que desde el partido liderado por Guido Manini Ríos se pedirá que el artículo sea eliminado del anteproyecto de ley.

“Pensamos que los colonos tienen que estar presentes en el predio, porque además es el espíritu de creación del INC”, expresó.  

Sin embargo, el senador electo por el Partido Nacional y con un fuerte vinculo con el medio agropecuario, Sebastián Da Silva, defendió que se modifique la ley y argumentó que “de esta forma se evitan multas y sanciones a quienes por derecho poseen una parcela de tierra o en la mayorías de los casos heredan”.

Según expresó Da Silva en un hilo de Twitter, con la legislación vigente los sucesores de un colono propietario tienen la obligación de vivir en el predio, “obligando a dos generaciones a vivir en el campo del abuelo”.

“Eso naturalmente afecta el ahorro o inversión o desarrollo productivo imaginado en el momento de comprar un campo. El argumento esgrimido para oponerse a esto de enorme sentido común es que va en contra del ‘espíritu de la ley de 1948’. En 30 segundos podemos cerrar los ojos y comparar la campaña de mediados del siglo XX al de la actualidad”, comentó el futuro el legislador.  

Economistas reclaman debatir subsidios

El economista y socio de la consultora Exante, Pablo Rosselli, también utilizó Twitter para poner algunos números del INC sobre la mesa. Según el experto, el Estado mantiene una inversión de US$ 375 mil por colono, asumiendo un valor de US$ 1.200 millones en las 400 mil ha que el INC tiene bajo su propiedad. "Es urgente contar con estudios sobre el impacto del INC... Cómo compara la productividad de los establecimientos de colonización con los demás establecimientos agropecuarios", cuestionó. 

Por otro lado, Rossellli considera que con una superficie promedio de 125 ha por colono no alcanza para tener una explotación viable. "Esa extensión es extremamente pequeña y su explotación (sin hectáreas adicionales) es económica ineficiente/inviable", apuntó. El economista también se preguntó por cuánto totaliza el "subsidio implícito (por parte del Estado) en arrendamientos baratos, que en muchos casos ni se pagan".

"¿Qué objetivo cumple el INC? ¿Radicar personas en el campo? ¿Cuántas? Y otras pregunta... ¿Por qué sería importante para las políticas públicas radicar unas miles de personas más en el campo?", disparó Rosselli. 

"De acuerdo con los comentarios y análisis de Pablo Rosselli. El INC debe ser analizado seriamente: ¿qué retorno le da a la sociedad? Considerables subsidios sin análisis serio. Ideología, ignorancia e intereses creados fundamentan mala política", dijo su colega Javier De Haedo. 

Más de 150 mil hectáreas fuera de Colonización 

Por otro lado, Gómez también criticó el artículo 314 que plantea sacar las entre 120 y 130 mil hectáreas que hoy están en manos de colonos propietarios, y en su momento pasaron del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) a Colonización. En total unas 230 mil hectáreas son de colonos propietarios y unas 390 mil son de arrendatarios. 

La ley propone que aquellas hectáreas que fueron adquiridas y pagas antes de aprobada la ley de Colonización, queden desafectadas del instituto, ya que se entiende limitan el derecho de  propiedad privada y hubo un cambio de la reglas de juego, que puede afectar el valor de esas tierras al estar condicionada su venta o arrendamiento a la autorización del organismo.  

Para Gómez esto significaría una pérdida patrimonial de Colonización y del Estado uruguayo.

Además, agregó que al pasar esos predios al mercado de tierras, esto también puede implicar una mayor concentración de la tierra. La jerarca apuntó en este sentido que en la actualidad el 9% de las explotaciones rurales en Uruguay tienen un 60% de la superficie.      

“La limitación de la propiedad privada en relación a que los colonos propietarios no puedan vender, arrendar o transferir las tierras sin autorización, están limitadas incluso desde antes de creada la ley. La gente que accedió a esas tierras previo a la ley de colonización también lo hizo a partir de una política subsidiada y ya tenía desde antes limitada la propiedad privada. Todos estos años hemos hablado del despoblamiento de la campaña, de la concentración de la tierra y ambos artículos van en contra de ese proceso”, apuntó.

Según pudo saber El Observador, otro cambio que plantearán desde la nueva dirección del INC es que los colonos puedan volver, siempre que se cumpla con las requisitos de la ley, a tener la posibilidad de comprar campos al Estado. Una resolución del Directorio de 2005 había suspendido esta forma, salvo excepciones muy puntuales. Según establece la ley, aunque un colono compre la fracción que explota, para arrendar o vender su campo deberá de todas formas contar con autorización del INC.

 

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