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La Policía ve imposible el uso de agentes encubiertos en Uruguay
Jueces y fiscales lo piden pero "es muy complicado", según autoridades
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06 de junio de 2017 a las 05:00
Aunque los operadores judiciales consideran que es necesario utilizar más la figura del policía encubierto frente al hecho de que WhatsApp está relegando el uso del teléfono como medio de comunicación entre los delincuentes y se dificulta el obtener información desde dentro de las organizaciones, el responsable de la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas del Ministerio del Interior, Carlos Noria, dijo a El Observador que en Uruguay no hay agentes encubierto porque esa herramienta de investigación es "muy complicada" de aplicar.
Noria, quien además está a cargo del software de interceptación de llamadas y mails El Guardián, dijo que "Uruguay es muy chico para alguien que está encubierto. En cualquier lugar lo pueden ver".
De hecho, puso como ejemplo un caso en el que se utilizó un policía encubierto pero "en determinado momento se decidió retirarlo porque ya no había manera de darle cobertura de seguridad".
El juez penal de Atlántida, Marcos Seijas, dijo el jueves 1° en el El Observador TV que las escuchas telefónicas han quedado "un poco obsoletas" y que "por teléfono de celular a celular ya no se dicen muchas cosas", ya que se utilizan las llamadas o mensajería de WhatsApp que ofrecen mensajes encriptados que los sistemas de escucha no logran descifrar. En el mismo sentido, el fiscal especializado en Crimen Organizado, Carlos Negro, opinó que "WhatsApp ha venido a destruir lo que era un medio de investigación primordial".
Lea también: WhatsApp amenaza la eficacia de los "pinchazos" telefónicosA su vez, a los desafíos tecnológicos se suman otros geográficos, explicó Noria. "Una boca en un barrio de Montevideo genera una situación alrededor de gente que cuida, si es conocido o no en el barrio, y eso dificulta bastante el trabajo", dijo.
Proyecto de ley de Inteligencia
En enero de este año, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley para la creación del Sistema Nacional de Inteligencia, que estará abocado al análisis, procesamiento y "diseminación de información", al tiempo que "detectar, localizar y neutralizar acciones desarrolladas por otros Estados o por personas u organizaciones".
Para llevar adelante esa tarea se creará la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado que tendrá como objetivo coordinar las tareas de inteligencia y contrainteligencia policial y militar. El director de esa secretaría será designado por el Poder Ejecutivo y podrá ocupar el cargo por un plazo máximo de seis años. "No podrá ser designado nuevamente antes de tres años", señala el proyecto.
La normativa permitirá a los agentes encubiertos ocultar su identidad oficial e incluso utilizar documentos con nombres falsos. También se autorizará la utilización de informantes.
El proyecto también permitirá la clasificación de información por un período máximo de 25 años. A su vez, se le exime a los órganos de inteligencia la obligación de presentar los informes dispuestos por la ley de Acceso a la Información.
También estará prohibido establecer como reservada información "cuando refiera a violación de los derechos humanos o sea relevante para prevenir o investigar violaciones a los mismos".
