La primera ministra escocesa busca la independencia de Gran Bretaña

Sturgeon ya ha solicitado a la Suprema Corte que se expida sobre la legalidad de convocar a un nuevo referéndum sin la autorización del Parlamento inglés. A tal efecto, Dorothy Brain, Procuradora general de Escocia, ha cursado una nota de consulta al alto tribunal británico solicitando que determine explícitamente si el gobierno escocés tiene el poder legal necesario para llamar al referéndum.

Por otra parte, Sturgeon informó a los legisladores escoceses que le escribiría al primer ministro británico, Boris Johnson, para solicitarle el debido permiso, pero que ya había establecido planes para obtener la necesaria autoridad legal en el caso de que Johnson quisiera bloquear la iniciativa de realizar el referéndum el 19 de octubre de 2023, según su proyecto de ley presentado el jueves 23.  

“Lo que nunca voy a hacer, es permitir que la democracia escocesa sea prisionera de Boris Johnson o cualquier otro primer ministro”, afirmó Sturgeon en el Parlamento.

También dijo que, si la Suprema Corte fallara que Escocia no tiene fundamentos legales para el referéndum, su partido -el Partido Nacional Escocés (PNE)- haría de la independencia escocesa el único tema política a resolver en las próximas elecciones generales en el Reino Unido, transformando las elecciones en un referéndum “de facto” que podría empoderar al PNE como para discutir la independencia con el gobierno británico si obtiene la mayoría en las elecciones.

Sería ridículo -afirmó- describir el proceso como una declaración unilateral de independencia, sino como una afirmación del derecho escocés a no depender de la intransigencia del gobierno británico. Según Sturgeon “el pueblo tendrá la oportunidad para expresar su punto de vista sobre la independencia y nosotros pondremos ese tema en el corazón de la campaña electoral”.

La Suprema Corte ya ha notificado que recibió la nota de la Procuradora general y se dispondrá a considerar el caso en los términos que decida su presidente, Lord Reed.

En su carta a Boris Johnson, Sturgeon lamenta haber tenido que recurrir a dar el primer paso hacia el referéndum, pero que se vio forzada a hacerlo dada la negativa del gobierno británico a permitirlo de acuerdo a los mecanismos legales establecidos en la Scotland Act de 1998, que en su sección 30 establece claramente las capacidades y poderes del Parlamento escocés.

El antecedente inmediato sobre la aplicación de la sección 30 invocada por Sturgeon es el referéndum de 2014 cuando el primer ministro británico, David Cameron, acordó dar poderes al Parlamento escocés para esa convocatoria.

En el referéndum de 2014, el resultado fue negativo para los partidarios de la independencia escocesa, pero en el partido de la primera ministra consideran que la situación ha cambiado y los electores está más dispuestos a votar a favor.