Parece una broma de mal gusto. A la jueza Mariana Mota la llamaron por teléfono y le dijeron: “Felicitaciones doctora, la Corte la designó para prestar funciones en un juzgado civil” (Brecha, 15 de febrero de 2013) Este argumento fue reiterado, más tarde, públicamente, por alguno de los ministros de la SCJ. Aunque la intención haya sido otra (incluso evitar sancionar a la implicada), de hecho, esta “explicación” es un agravio a la doctora Mota y a la inteligencia de los uruguayos. A nadie se le escapa que los motivos de fondo fueron otros. Hubiera sido mucho mejor, mucho más sano, que la SCJ los presentara públicamente desde el principio. No he escuchado a nadie decir que no tiene derecho a redistribuir a los jueces. No se trata de eso. Tienen la obligación, en un tema tan delicado, de ser mucho más sensibles, prudentes y transparentes. Se apresuraron a emitir un comunicado condenando a quienes, el viernes pasado, invadieron su local. ¿Por qué no hicieron lo mismo explicando las verdaderas razones por las cuales removieron a una jueza que ha jugado un papel tan importante en los últimos años? Todavía están a tiempo de enmendar el error. La SCJ no solo le debe una explicación seria a la jueza Mota. No se la debe, apenas, al Frente Amplio, ni a los familiares de las víctimas de las violaciones a los DDHH. Se la debe a todo el país.
La Suprema Corte y el traslado de la jueza Mota
OPINIÓN - ADOLFO GARCÉ - El traslado de la jueza Mariana Mota conmovió el país y detonó un fuerte conflicto político e institucional. Paso a compartir cuatro apuntes sobre este delicadísimo asunto.