Al menos 264.371 solicitantes de asilo entraron en Europa por barco y por tierra en 2023, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), un aumento del 66% en comparación con el año anterior, la cifra más alta desde 2016. Seis de cada 10 arribaron a las costas italianas.
Flavio Di Giacomo, portavoz de la OIM, señala que estas cifras están muy lejos de las registradas en 2015, cuando más de un millón de personas llegaron a las costas europeas a través del mar. "No existe una verdadera emergencia", explica Di Giacomo. "Son cifras muy manejables y se debería hacer más para dar acceso a un sistema de protección a las personas que llegan por mar", dice el funcionario.
No obstante, los partidarios de la línea dura hicieron sonar la alarma. El primer ministro británico, Rishi Sunak, fue acusado en diciembre pasado de adoptar una retórica “tóxica” después de advertir que la migración “abrumaría” a los países europeos sin una acción firme.
Sus comentarios se produjeron durante una reunión en Roma organizada por la primera ministra italiana de derecha, Giorgia Meloni, semanas después que la Corte Suprema del Reino Unido declarara ilegal el proyecto de Sunak, diseñado para deportar a los solicitantes de asilo a Ruanda.
Al igual que su aliado británico, Meloni había firmado un acuerdo para enviar a otros países a los solicitantes. Albania había aceptado procesar las solicitudes en dos instalaciones dirigidas por funcionarios italianos en territorio de Italia. Sin embargo, el acuerdo quedó bloqueado luego que la justicia albana lo declarara inconstitucional y violatorio de convenios internacionales.
"Los acuerdos que externalizan el procesamiento de asilo plantean interrogantes en términos de estándares de Derechos Humanos, pero también con relación a los costos políticos y financieros", afirma Le Coz. "Ninguno de estos acuerdos avanza porque sus fundamentos legales son inestables y, hasta ahora, no proporcionaron solución alguna", dice la especialista.
En medio de un renovado interés en el procesamiento externo, la UE trabajó en un Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo para hacer que los procedimientos de retorno desde el suelo europeo sean “más rápidos y efectivos”.
El pacto, que alcanzó un acuerdo preliminar el 20 de diciembre último después de largas negociaciones y que será sometido a un mayor debate en los próximos meses, permite a los estados miembros acelerar el procesamiento de las solicitudes de países con bajas tasas de aprobación, como Marruecos, Pakistán e India, y prevé normas más estrictas en caso de emergencias, incluidos períodos de detención más largos.
Las ONG’s denunciaron el pacto como un “golpe devastador al derecho a solicitar asilo en la UE”, argumentando que las medidas erosionan los estándares internacionales de protección. "Normalizará el uso arbitrario de la detención de inmigrantes y devolverá a las personas a los llamados 'terceros países seguros', donde corren riesgo de sufrir violencia, tortura y encarcelamiento", denunció un grupo de 50 organizaciones de la sociedad civil.
Cuando Túnez superó el año pasado a Libia como el principal punto de embarque para personas que se dirigen de África a Europa, los funcionarios de la UE llegaron a un acuerdo de US$ 1.100 millones con las autoridades tunecinas para que el país africano evitara que los refugiados se hagan a la mar a cambio de estabilizar la economía de Túnez.
El país, en definitiva, fue llamado a desempeñar un papel de patrulla fronteriza, similar a los acuerdos anteriores alcanzados con Trípoli, y detener así la afluencia de refugiados a los países europeos, meses después de que el presidente tunecino Kais Saied lanzara una ofensiva contra los subsaharianos indocumentados, a quienes acusó de crímenes y de conspirar para cambiar la composición demográfica de su país.
La mala situación económica de Túnez y la discriminación racial desencadenaron el éxodo hacia las costas europeas. “Túnez solía ser un país de llegada de inmigrantes subsaharianos, pero la discriminación racial obligó a muchos a marcharse”, explica Di Giacomo. Según la ONU, unas 96.000 personas llegaron a las costas italianas en 2023 desde de Túnez, en comparación con las 29.000 registradas en 2022.
Las imágenes de la isla de Lampedusa, en el extremo sur de Italia, recibiendo a más de 6.000 personas en 24 horas provocaron una visita de Meloni y Von der Leyen, quienes prometieron tomar medidas enérgicas contra el “negocio brutal” del tráfico de personas y la rápida repatriación de inmigrantes indocumentados.
Alrededor del 70% de las personas que viajan en barco hacia Europa desembarcan en Lampedusa, según las estimaciones de la OIM. “La emergencia fue sólo en Lampedusa, no en Italia. Esta es una emergencia logística, no numérica”, enfatiza Di Giacomo.
El acuerdo con Túnez encaja perfectamente dentro de las tendencias que caracterizan la cooperación de la UE en materia de migración. Von der Leyen calificó el acuerdo como un “plan” para pactos futuros, y la Comisión Europea anticipó que hay acuerdos similares en trámite con Marruecos, Egipto y Sudán.
Por lo pronto, en junio del año pasado, la UE completó una licitación para la compra de barcos de búsqueda y rescate con la intención de entregarlos a Egipto y se espera una segunda fase del proyecto por US$ 95 millones. “¿Qué harán esos barcos? La gente no emigra a Europa desde la costa egipcia, sino desde Libia”, se pregunta Ibrahim Awad, director del Centro de Estudios sobre Migraciones y Refugiados de la Universidad de El Cairo.
Mientras tanto, las organizaciones humanitarias que operan en el Mediterráneo denuncian que sus operaciones de búsqueda y rescate se volvieron más difíciles debido a una serie de leyes aprobadas por el gobierno de Meloni, que les exige dirigirse a un puerto inmediatamente después de un rescate y desembarcar "sin demora".
Sin embargo, el gobierno normalmente concede acceso sólo a los puertos del centro y norte de Italia, que suelen estar lejos de los lugares de rescate, e impone sanciones administrativas a los buques que violan estas normas.
"Seguimos operando, pero de manera muy ineficiente", afirma Giorgia Linardi, portavoz de SeaWatch. "Cada gobierno está ideando sus propias estrategias para frenar nuestras actividades, mientras las personas que necesitan ser rescatadas pagan el precio", agrega Linardi.
Si bien la UE argumentó que los rescates de las ONG’s alientan a los traficantes, las organizaciones de la sociedad civil denunciaron durante mucho tiempo los acuerdos firmados con los gobiernos del norte de África, señalando que son esos acuerdos los que brindan incentivos a los traficantes de personas.
"Las políticas actuales no frenan el tráfico de personas. Sólo enriquecen a los contrabandistas. Al regresar a los inmigrantes a los países del norte de África, los traficantes de personas pueden sacar provecho de ellos en otra ocasión", concluye Linardi.
(Con información de agencias)
