Desde la entrada en vigencia en febrero de 1992 del Tratado de Maastricht, pacto fundacional de la Unión Europea (UE) que estableció un tope del 3% del Producto Interno Bruto (PIB) al déficit presupuestario de los países, los acuerdos fiscales han generado recurrentes fricciones entre los países del bloque.
Ahora, tras la suspensión por tres años del límite debido a los gastos extraordinarios que los estados debieron asumir para afrontar la pandemia, las diferencias volvieron a surgir, pero no ya entre los países mediterráneos y del norte de Europa, sino entre Francia y Alemania, las dos principales economía de la UE.
Así lo admitió el ministro de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, quien reconoció que su país y Alemania están divididos en las negociaciones por el nuevo acuerdo fiscal que debería entrar en vigencia el año próximo, y que los economistas consideran fundamental para coordinar las trayectorias de las macroeconómicas de los países que integran la zona del euro.
Le Maire argumentó que Francia ya realizó en las negociaciones grandes concesiones a Alemania, un tradicional bastión de las políticas ortodoxas en materia fiscal, en especial en lo que se refiere al ritmo que tendrán los países europeos para reducir sus deudas públicas, discusión en la que aún no se arribó a un acuerdo.
“Francia quiere reglas claras, firmes y creíbles y rechazará las que impidan cualquier tipo de inversión o reforma estructural”, señaló el funcionario francés a la prensa en una alusión implícita a los planes del presidente Emmanuel Macron de utilizar el gasto público para impulsar el nivel de actividad.
Uno de los puntos del acuerdo propuesto contempla que los países que superen el 3% de déficit entren en un procedimiento denominado “déficit excesivo”, hoja de ruta que establece una reducción anual mínima del déficit de 0,5% del PIB, pero que deja abierta la discusión si el ajuste incluirá sólo el déficit primario o también el déficit financiero, que abarca el pago de los intereses de la deuda.
Francia, por otro lado, reclama una mayor flexibilidad en la reducción del gasto, y pide recortar la tasa de ajuste al 0,3% anual para dejar así un mayor margen para hacer frente a las necesidades presupuestarias en el caso de fluctuaciones económicas.
“No aceptaremos reglas que empeoren las dificultades económicas del continente europeo. Si el pacto prohíbe la inversión, entonces no habrá ninguna innovación; si no hay innovación, no habrá una mayor productividad; y si no hay productividad, no habrá ningún crecimiento”, argumentó Le Maire.
Además de la reducción del déficit al 3% del PBI, el acuerdo prevé una reducción anual de la deuda pública en aquellos países en los que supere el 60% del PIB, pauta también establecida en el Tratado de Maastricht y que casi ningún país, salvo contadas excepciones, ha respetado desde la adopción de la moneda común.
En este contexto, España, que se encuentra a mitad de camino entre la solvencia fiscal que exhiben las economías del norte y los problemas de deuda de los mediterráneos, ha propuesto una reducción anual de la deuda del 1% del PIB para los países con un endeudamiento total superior al 90%, como es el caso del país ibérico, y un ajuste de 0,5% anual para los países con una deuda de entre el 60% y el 90%.
Adicionalmente, la iniciativa de Madrid propone para el caso de los países con alta deuda, pero bajo déficit, una reducción del rojo fiscal por debajo del piso de 3% para tener, como reclama Francia, una mayor capacidad de respuesta ante posibles shocks económicos.
(Con información de agencias)
