4 de abril de 2014 19:56 hs

Llovía en aquella tarde del 12 de marzo de 2012, pero eso no iba a ser un obstáculo para que la maquinaria propagandística del kirchnerismo llevara a cabo un acto que se estimaba tendría alto impacto en la opinión pública. En la explanada de la Casa Rosada, la presidenta Cristina Fernández iba a conocer las cosechadoras que la Argentina exportaría a Angola, en un verdadero hito para la industria nacional.

Poniendo al mal tiempo buena cara, Cristina, junto a la ministra de industria, Débora Giorgi, y al gobernador entrerriano, Sergio Urribarri, soportaban la llovizna mientras ascendían por la escalerilla que los llevaba hasta la cabina de manejo de la máquina.

La entusiasta locutora que anima los actos oficiales comentaba que la lluvia era el “bautizo” de esas máquinas, cuyo funcionamiento Urribarri, con indisimulado orgullo, explicaba a la presidenta.

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Leyendo el documento escrito por la Casa Rosada, agregaba que gracias a las rondas de negocios realizadas durante la misión comercial a Angola, los empresarios de la firma entrerriana Grandes Máquinas, del grupo Senor, habían logrado un acuerdo con la angoleña Lumaka Comercial, para la provisión de 18 cosechadoras “Maag Mitos”, tolvas y plataformas, así como el desarrollo de servicios de cosechas para 30.000 hectáreas.

“El mercado agropecuario africano representa una gran oportunidad debido a la enorme necesidad de tecnología en maquinaria agrícola y la transferencia de know how para mejorar sus cosechas, siendo éstas dos de las grandes ventajas con las que cuenta el grupo Senor”, se escuchaba por los altoparlantes, mientras la presidenta observaba las máquinas.

Las imágenes de aquella tarde muestran con elocuencia la alegría de la presidenta. Sonriente, recibía placas recordatorias y saludaba al público. Es sabido que pocas cosas le causan más satisfacción que inaugurar plantas industriales o dar inicio a nuevas líneas de producción.

Por ese entonces, el tema central al que Cristina volvía recurrentemente en sus discurso era la “industrialización de la ruralidad”. El argumento era que había que superar la histórica antinomia entre “campo o industria”, por la vía de alentar una industrialización en torno a las ventajas naturales del país, sin caer en la mera producción de materias primas sin “valor agregado”, otra de sus expresiones preferidas.

Las cosechadoras de Senor calzaban a la perfección con el “relato”: era industria nacional vinculada a la agricultura, y se trataba de una empresa surgida del interior profundo, que producía con tecnología de punta.

Pero no solo eso, sino que era una firma que había logrado potenciar sus capacidades gracias a la decidida intervención estatal. Primero, en lo financiero, porque Grandes Máquinas había recibido un préstamo a tasa subsidiada por un millón de dólares por parte de la provincia de Entre Ríos.

Y además, claro, la firma había logrado una proyección internacional gracias a la nueva diplomacia comercial inaugurada por el kirchnerismo, que priorizaba la exploración de nuevos mercados, en una estrategia “sur-sur” que le permitiera al país desligarse de las penurias económicas que vivían Europa y el mundo desarrollado.

Ese día, el acto de presentación de la cosechadora fue la noticia del día y los infomativistas de la TV pública destacaron que “son máquinas totalmente fabricadas en el país, desde la primera hasta la última pieza”.

El énfasis parecía especialmente pensado para disipar por adelantado las críticas como las que había recibido Cristina seis meses antes, cuando había presentado “el primer Blackberry fabricado en la Argentina”, que por cierto se trata de un aparato ensamblado en Tierra del Fuego, con todas sus partes procedentes de China.

La incómoda realidad

Pero, como tantos otros capítulos del “relato”, el caso de las cosechadoras argentinas que revolucionarían la agricultura africana adolecía de un problema: no era real.

Ya pocas semanas después de la misión a Angola y la presentación pública, surgían voces descontentas de proveedores que criticaban al grupo Senor.

Daniel Huarte, dueño de la empresa cordobesa Plásticos de Camiones, el proveedor a cargo de la carrocería de la cosechadora, ponía una nota de alarma. No solamente se quejaba de tener cinco cheques impagos –en una situación que también compartían otros proveedores– sino que advertía de algo peor: las famosas 18 cosechadores no existían.

La empresa únicamente tenía oficinas de representación comercial pero ninguna planta industrial, y lo único fabricado por Senor era el prototipo presentado a la presidenta, que además contaba con “bajísimo nivel técnico”, denunciaba Huarte.

“Nos les importaba nada, era un menjunje de masilla y cartón, todo para llegar a la fecha de la presentación. La cosechadora se cae sola, se empieza a descascarar”, decía el proveedor en una entrevista periodística.

Luego se conocieron también las denuncias provenientes de Formosa, donde el mismo grupo empresario, en 2008, había estafado a proveedores durante el supuesto proceso de fabricación de maquinaria para exportar a la Unión Europea y Rusia.

Las sospechas fueron creciendo, al punto que se inició una investigación en el Congreso.

El relato está desnudo

Hoy, a dos años de ese “hito” del relato industrialista, las peores sospechas se confirmaron. A la empresa se le declaró la quiebra y se le abrió una investigación por defraudación. Dejó un tendal de acreedores por una cifra estimada en 10 millones de pesos (US$ 1,3 millones, al tipo de cambio oficial).

Entre los damnificados se encuentran el Fondo de Inversiones de Entre Ríos, que reclama 6 millones de pesos, la AFIP, que exige el pago de 778.000 y la Administradora Tributaria de Entre Ríos, a la que se adeuda 250.000.

Y, por cierto, nunca llegaron a los campos angoleños ni una de las 18 cosechadoras con el respectivo know how argentino.

Pero, más que dejar en evidencia los defectos en los controles sobre cómo se conforman misiones oficiales o sobre cómo se otorgan fondos públicos, el caso del grupo Senor viene a revelar algo más grave: que el relato industrialista está desnudo.

No es, por cierto, algo que no supieran los economistas.

Una investigación de Rogelio Frigerio, descendiente de uno de los máximos referentes del desarrollismo, argumenta que, a contramano del “relato” kirchnerista, no ha habido un proceso industrializador. El peso relativo de la industria respecto del total de la economía ha llegado a un 16,4%, lo cual la ubica debajo de la denostada década de 1990, cuando el promedio fue de 17,2%, afirma.

Y no solo eso, sino que Frigerio sostiene, además, que el repunte industrial de los primeros años del kirchnerismo descansó sobre la capacidad ociosa de la industria reequipada en los años de 1990, así como en los precios inusualmente favorables que dejó la devaluación de 2002.

“La estructura productiva argentina continúa dominada por los servicios. Es más, a partir de 2007 se pone de manifiesto un aumento del peso relativo del sector servicios en detrimento de la industria y de la construcción, que bajaron con relación al nivel que tenían en 1998”, dice Frigerio.

En tanto, la consultora Abeceb destacó que el “pico” industrializador de la primera etapa kirchnerista estuvo posibilitado por los bajos salarios en términos de dólares que había dejado el fin del “uno a uno”.

“Agotados estos efectos producto de la creciente dinámica inflacionaria, la estrategia oficial se orientó fundamentalmente al proteccionismo comercial y a subsidiar las tarifas energéticas”, describió Dante Sica, director de Abeceb.

Muchos argumentan que el crecimiento del rubro servicios no es en sí un mal síntoma, dado que es lo que caracteriza a casi todas las economías desarrolladas. Pero claro que en el caso del “modelo K”, hay un detalle adicional: en una década, la nomina de empleados estatales se agrandó en 1.650.000 personas, según datos del economista Orlando Ferreres.

En términos de crecimiento porcentual, esto implica un impactante 72% de incremento, lo cual ayuda a entender la persistencia de bajas tasas de desempleo a pesar del estancamiento de las contrataciones en el sector productivo.

Lo cierto es que el caso de “las cosechadoras de Angola” amenaza con convertirse en un incómodo símbolo de la política industrial kirchnerista. Trascendió que Cristina Fernández entró en estado de furia cuando se conoció la noticia y que el caso resintió su relación con el gobernador Urribarri, quien hasta ayer sonaba como su posible “delfín” para las elecciones de 2015.

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