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Economía y Empresas > REVISIÓN DE LOS COMBUSTIBLES

Los reparos en Ancap sobre las nuevas reglas para las tarifas y los US$ 120 millones en juego

El ente petrolero discrepa con algunos criterios de la Ursea en la metodología de paridad de importación que el gobierno tomará como insumo para fijar los precios desde enero de 2021

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10 de noviembre de 2020 a las 17:29

La nueva metodología que aprobó la semana pasada la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea) con una nueva metodología para definir los Precios de Paridad de Importación (PPI) que el Poder Ejecutivo tomará desde 2021 como insumo para definir las tarifas generó reparos en Ancap. El ente petrolero ya había realizado algunas advertencias sobre algunas inconsistencias ante un proyecto a consulta de la Ursea y que se mantuvieron luego que el regulador diera luz verde a la versión definitiva la semana pasada.

El PPI es un ejercicio (teórico) que calcula el costo que tendría importar combustibles refinados del exterior para comercializarlos en la plaza local. Esto en la práctica no es posible porque Ancap tiene el monopolio en la comercialización, pero el Poder Ejecutivo quiere converger hacia esos precios para que las tarifas sean más eficientes y reflejen con mayor periodicidad los vaivenes de las dos variables clave en este negocio: la cotización del crudo en los mercados internacionales y la evolución del dólar en Uruguay.

De acuerdo al nuevo PPI de octubre de la Ursea, el precio del gasoil en Uruguay debería ser $ 6,38 más barato (hoy está en $ 40,40), mientras que la nafta Súper debería costar $ 1,36 menos (hoy sale al público $ 54,95).

Un cálculo grueso que realizaron en Ancap en las últimas horas es que si desde enero el gobierno optara por cumplir al 100% con lo que marca hoy el PPI de la Ursea, el ente resignaría ingresos por unos US$ 120 millones anuales (de una facturación anual de US$ 1.300 millones) solo por concepto de gasoil y nafta.

Este escenario no contempla la posible eliminación del subsidio cruzado al supergás, que, en este caso, se vende bastante por debajo de su PPI y que a Ancap le cuesta unos US$ 40 millones y que compensa con tarifas (más elevadas) en otros combustibles. Por tanto, si el Poder Ejecutivo decidiera corregir ese subsidio, los ingresos para el ente petrolero se verían menguados en unos US$ 80 millones y no en US$ 120 millones, una cifra abultada y que parece poco probable Ancap esté en condiciones de asumir en un solo año (2021). De hecho, en el Poder Ejecutivo no se comprometen a fijar una fecha para igualar los precios de PPI porque también entran en juego los números y la salud financiera de la empresa estatal. Para determinar las tarifas de los combustibles en enero del próximo año, el Poder Ejecutivo no solo tomará en cuenta el PPI de la Ursea sino también un informe de Ancap. Acá también entrará en juego la postura del Ministerio de Economía y la OPP.

"Para ser eficientes, hay que cambiar cosas: racionalizar el gasto, tener menos funcionarios, bajar el gasto de las empresas públicas. La matriz energética cambió, pero no pudo reflejarse en el precio de los combustibles”, dijo este martes en rueda de prensa el subsecretario de Industria, Walter Verri.

En diciembre, un comité de expertos entregará al Ministerio de Industria una propuesta integral de revisión del mercado de combustibles en todos sus eslabones. El Ejecutivo utilizará ese trabajo como un insumo para una nuevo marco regulatorio que presentará ante el Parlamento en enero del próximo año.

Las dudas de Ancap

Uno de los puntos de la nueva metodología de la Ursea donde Ancap insiste en que hay fallas es en los inventarios (stock) que son necesarios para asegurar el 100% del suministro de combustibles en todo el país. En los supuestos de la Ursea, se maneja un período de 20 días de stock, mientras que Ancap considera que eso es insuficiente. El ente plantea que en base a criterios internacionales actualmente se fija para el país la necesidad de contar mínimamente con 60 días de inventario, y en base a ello se dimensiona la infraestructura necesaria y la inversión.

Otro de los puntos donde Ancap mantuvo sus diferencias con la Ursea es con el cálculo de los alijes que estimó la Ursea ya que, según el ente, “no refleja la realidad de los puertos de Uruguay”. El alije es el costo de traer el combustible en barcos más pequeños desde altamar y descargarlos en el puerto de La Teja. En su metodología, la Ursea estimó un costo de alije de $ 0,45 por litro de nafta Súper y de $ 0,41 para el gasoil, además de costos de intermediación –uso de muelles, tasa consular, costos financieros por adelanto de impuestos y otros costos de internación– de $ 0,90 (nafta) y $ 0,92 (gasoil). En cambio, dentro del Poder Ejecutivo entienden que es posible bajar los costos porque una cosa es operar este negocio en forma esporádica (como lo hace Ancap cada vez que debe importar algún combustible refinado) y otra distinta es hacerlo en forma asidua con más de un operador ofreciendo ese servicio de alije.

Finalmente, Ancap también tiene reparos con la reducción en la mezcla de etanol en las naftas al mínimo que exige la ley del 5%, ya que, actualmente, el porcentaje de mezcla ronda el 10%. El ente considera que parece poco probable de implementar porque ello implicaría operar la planta de Paysandú (bastante más eficiente que Artigas) apenas cuatro meses al año.

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