El nuevo esquema para el mercado de combustibles plantea que el Poder Ejecutivo aprobará los precios a los que Ancap deberá vender en las plantas de distribución desde donde se abastecen las estaciones de servicio.
Para eso utilizarán como base los Precios de Paridad de Importación (PPI), es decir, el precio que asumiría un privado si importara y vendiera los mismos combustibles que vende Ancap.
En los últimos días Ancap presentó una respuesta donde expone algunas diferencias con la metodología que se plantea utilizar para la determinación de esos PPI. El anteproyecto había sido puesto a consulta pública por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea).
Según plantea la respuesta del ente, los PPI “necesariamente” deben recoger las condiciones existentes de la infraestructura de recepción, almacenamiento y logística disponibles en el país, ya que es la alternativa real de abastecimiento. A modo de ejemplo, señala que ante la eventualidad de una importación ocasional efectiva (por falla en refinería de La Teja) esa compra no debería producirse a un precio mayor que el de paridad.
Una de las observaciones hechas por Ancap refiere al stock de almacenamiento de combustibles, que se debe tener por seguridad para garantizar el suministro en el país. El ente plantea que en base a criterios internacionales actualmente se fija para el país la necesidad de contar mínimamente con 60 días de inventario, y en base a ello se dimensiona la infraestructura necesaria y la inversión.
Ancap explicó que Uruguay a lo largo del tiempo sostiene inventarios de seguridad, “manteniendo un compromiso de eficiencia entre el nivel de garantía de suministro y los costos financieros asociados a éstos”.
“Contar únicamente con 30 días de inventario (como plantea Ursea) compromete a niveles no aceptables (probabilidad de quiebre de suministro no admisible) la seguridad de suministro del país”, advierte el informe de Ancap.
Y agrega que “esta diferencia sustancial de días impacta fuertemente en los análisis financieros desarrollados para la determinación de los costos de la cadena de abastecimiento”.
Otro de las observaciones hace referencia al costo del buque alijador. En el ejercicio teórico de que se importara combustible los barcos de gran calado no podrían entrar al puerto y por lo tanto ese combustible tendría que trasladarse con barcos más chicos.
Según dice el documento presentado por Ancap, Ursea mantiene un criterio que no es acorde con el marco conceptual del cálculo de PPI y presenta cálculos que “no reflejan la realidad actual del mercado”. Para evaluar el costo de ese servicio, la Ursea considera un escenario de un importador que maneje todo el volumen de derivados de petróleo que demanda Uruguay. Ancap no coincide con que el escenario más eficiente se corresponda con la importación de todo el volumen que se consumo en el país.
Además, la Ursea considera que el importador, al ser único, puede hacer una planificación a varios años y disminuir costos. El informe de Ancap señala que “no se desprende que en esa condición de único actor se logren precios eficientes cuando no hay competencia”.
El informe señala que Uruguay no cuenta con infraestructura para la recepción de biocombustibles vía marítima, por lo que se considera que no es procedente un cálculo de tarifa en esta modalidad.
Según Ancap, para poder utilizar el abastecimiento vía marítima en los cálculos debería incluirse la inversión necesaria (y por lo tanto repago de esa infraestructura). De lo contrario el modelado de precios de paridad debería ser vía camión hacia plantas de distribución donde sí existe infraestructura de recepción, bombeo y mezcla, planteó el informe técnico.
Sobre el margen de comercialización que tendría un operador mayorista, Ancap sostiene que el informe de Ursea es “conceptualmente y “cuantitativamente erróneo”. Según el ente, “no refleja la retribución esperada por un agente económico racional que invierta recursos financieros elevados (capital de trabajo), asumiendo riesgos por la variación de precios de compra del producto y del tipo de cambio por períodos de 60 días. También sostiene que ninguno de estos factores fue evaluado aplicando técnicas y metodologías conocidas.
El informe completo elaborado por técnicos de Ancap con el apoyo del consultor internacional Carlos Zegers puede leerse aquí:
Respuesta Consulta Publica Ursea 23102020 by El Observador on Scribd
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