¿El fin del supergás barato para cocinar, calefaccionar y secar granos?

Actualmente, un comité de expertos está trabajando en una revisión de las características del mercado de combustibles, de acuerdo a lo que prevé el artículo 237 de la ley 19.889 (LUC) del gobierno de coalición. El comité deberá presentar su propuesta integral de revisión legal y reglamentaria del mercado de combustibles antes del 15 de diciembre del 2020 al gobierno.

Uno de los temas que estos expertos deberán abordar y sugerir cambios al Ejecutivo será en el mercado del Gas Licuado de Petróleo (GLP), más conocido como supergás.

Este energético es la principal fuente de cocción para los hogares uruguayos (91%), y también para calefacción (24%), según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los meses de la pandemia hasta setiembre, el consumo de supergás se disparó casi 10% respecto al quinquenio 2015-2019, según un informe de la consultora SEG Ingeniería.

El hecho de que las personas cocinaran más y permanecieran por más tiempo en sus hogares –por las medidas de confinamiento– explicó buena parte de ese incremento de la demanda de supergás en la última zafra de otoño-invierno.

También, el GLP es un insumo relevante para muchas empresas cerealeras que utilizan este energético para secar los granos que reciben en sus plantas de acopio. Por tanto, cualquier ajuste en cómo serán las tarifas pensando en la próxima campaña de cultivos de verano es un tema que los privados siguen de cerca. Lo mismo ocurre con las cuatro empresas que abastecen al público minorista (Riogas, Megal, Acodike y Ducsa).

Una brecha grande

Una garrafa de 13 kilos cuesta hoy al público $ 609,7, más el costo de envío. El kilo de supergás es de $ 46,9 con el IVA incluido en todo el país. De acuerdo al último informe de Precio de Paridad de Importación (PPI) de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) de setiembre, el ejercicio teórico de importar el supergás dejaría un precio al público de $ 68,2, es decir, un 45% por encima de la cotización actual. Por tanto, el precio de una garrafa al público de 13 kilos debería costar $ 887 (unos $ 300 más).

Si el fin de este subsidio se corrige al 100% desde enero de 2021 –cuando usualmente el Poder Ejecutivo revisa las tarifas públicas– el supergás ya no sería una opción tan económica para cocción o calefaccionar un hogar frente a otros energéticos como la energía eléctrica, por ejemplo, donde las autoridades quieren promover un mayor consumo de los hogares para aprovechar los excedentes que tiene hoy el sistema uruguayo.

Una de las deficiencias que tiene el funcionamiento actual es que toda la población accede a un precio subsidiado del supergás independientemente de su nivel de ingresos. Las propias autoridades de Ancap reconocen esa falla.

“Tengo posición sobre el GLP (gas licuado de petróleo). Es un agujero negro que tiene Ancap. Son US$ 40 millones de pérdidas por año. Ancap compra el metro cúbico a más menos US$ 24 y vendemos a US$ 8”, dijo en una reciente entrevista con El Observador el director de Ancap, Richard Charamelo.

El jerarca aseguró que actualmente “hay un subsidio que lo paga Ancap. Se debería tener un PPI (precio paridad de importación) y vender a ese precio igual que el combustible. Hoy el subsidio está para toda la población. Debería haber una readecuación importante. El país no puede perder US$ 40 millones en un negocio donde se subsidia a todo el mundo y quizás los más carenciados son los que más pagan”.

Habrá que esperar qué propuesta plantea el Comité de Expertos y qué camino toma el Poder Ejecutivo para reducir totalmente o parcialmente ese subsidio a partir de 2021. También habrá que ver si el gobierno opta por mantener alguna tarifa preferencial para los hogares más vulnerables y cómo sería su instrumentación.