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13 de abril 2020 - 5:01hs

Por Pablo Brugnoni

Hace algo más de sesenta años, en abril de 1959, se transitaban las primeras semanas de un gobierno del Partido Nacional, luego de un largo período en el llano (con algunos períodos de coparticipación). Apenas asumió el Poder Ejecutivo, que estaba integrado por una heterogénea coalición intrapartidaria, ocurrieron las inundaciones. El mayor desastre del siglo XX modificó radicalmente las prioridades políticas y puso al país frente a una crisis tan grave como inesperada. 

En abril de 2020 ocurre el mayor desastre del siglo XXI, cuando el Partido Nacional, con el apoyo de una heterogénea coalición interpartidaria, inicia su gobierno, luego de un largo período en el llano. Nuevamente estamos frente a una crisis tan grave como inesperada. 

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Las inundaciones de 1959 y el coronavirus de 2020 son los desastres naturales que causaron el mayor impacto disruptivo de los últimos ciento cincuenta años, y ambos sobrevinieron durante gobiernos del Partido Nacional. De los cuatro gobiernos decididamente blancos de este siglo y medio, por tanto, dos debieron enfrentar un colosal evento exógeno al inicio de su período.

Las inundaciones de 1959 comenzaron a principios de abril y rápidamente afectaron a todo el país. La incertidumbre ganó a la sociedad y el Estado, con decenas de miles de evacuados, grandes zonas aisladas e incomunicadas y el temor a que la represa de Rincón del Bonete estallara ante la incontenible presión del embalse. En muchos sectores se paralizaron la producción y el suministro de los bienes y servicios básicos, y esto generó una extraordinaria demanda sobre el sistema político.

Las acciones emprendidas por el gobierno fueron de carácter material y simbólico. La respuesta material fue asignar bienes y servicios para la protección de la vida durante la fase de emergencia y para el restablecimiento de condiciones normales durante la recuperación temprana; con ese propósito se desplegaron todos los recursos disponibles para atender a los damnificados; si bien no fueron suficientes, dada la magnitud del evento, la población aprobó el desempeño gubernamental. Esto se debió, en gran parte, a las acciones simbólicas y políticas. Esa dimensión discursiva tuvo un propósito estratégico muy claro: la gestión de la agenda pública. 

El control de la agenda es un componente fundamental del gobierno. En tanto éste sólo puede manejar un conjunto limitado de demandas, algunas deben ser mantenidas fuera de la agenda antes que sean expresadas, otras deben ser excluidas cuando llegan a los ámbitos de decisión o, cuando todo esto falla, deben ser reducidas o neutralizadas durante la fase de implementación de las políticas. La ocurrencia de un desastre modifica radicalmente la agenda pública y las capacidades de las autoridades para gestionarla. Sin embargo, en las inundaciones de 1959 el Poder Ejecutivo logró mantener el control, a partir de tres movimientos:

En primer lugar, ubicó la culpa exclusivamente en la naturaleza, y logró exonerar al sistema político de cualquier responsabilidad. En segundo lugar, postuló como objetivos excluyentes la respuesta y reconstrucción frente al desastre, y esto permitió prorrogar las otras demandas que dominaban la ingobernable agenda de los meses anteriores. En tercer lugar, modificó la conformación de la arena política, que fue la estrategia más ambiciosa.  
Con ese objetivo se aprobaron Medidas Prontas de Seguridad, por medio de las cuales el gobierno le dio al Ministerio de Defensa, y por su intermedio a las Fuerzas Armadas, la coordinación general de la respuesta. De esta manera rompió la tradición de que fuera el Ministerio del Interior quien condujera las situaciones de excepción. Ese despliegue militar le aseguró al gobierno un mensaje de firmeza y neutralidad políticas. 

También se definió una nueva frontera con la sociedad civil; las donaciones pasaron a ser de competencia estatal exclusiva, y se apartó a las organizaciones que estaban realizando esa tarea. Simultáneamente, se promovió la solidaridad individual (sin la intermediación de grupos sociales), movilizando a la ciudadanía con la “Cruzada de la Solidaridad”, que logró insuflar un fuerte sentimiento de unidad nacional. Con estas acciones, el gobierno pudo responder a la disrupción de las inundaciones, neutralizó los conflictos políticos previos y logró consolidar su liderazgo político, que le sirvió de capital inicial para los siguientes años. 

Frente a la actual pandemia el Partido Nacional también necesita controlar la agenda. Las formas ya no pueden ser las mismas; entre otras razones, porque los militares perdieron esa vieja imagen de neutralidad política, y las Medidas Prontas de Seguridad, que en 1959 se conocieron como las “medidas buenas”, quedaron definitivamente manchadas de autoritarismo. Sigue siendo cierto, sin embargo, que la movilización de la solidaridad y la apelación a la unidad son acciones necesarias para enfrentar una crisis que debe comprometer a la sociedad entera. 

No es prudente realizar pronósticos. Las respuestas del gobierno y el sistema político estarán cargadas de la contingencia que generan los desastres cuando liberan a la acción política de los determinantes estructurales. Si ocurre así, como en las inundaciones de 1959, es posible que dentro de la estable política uruguaya aparezcan múltiples espacios de innovación y cambio institucional, algunos de los cuales quedarán como los legados de larga duración de esta pandemia.  

Pablo Brugnoni es doctor en Ciencia Política. Exdirector técnico del Sistema Nacional de Emergencias.

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