La profunda transformación del Estado que la pandemia puso arriba de la mesa

En el sector privado muchos se han dado cuenta de eso. Otros no. 

En el Estado lo mismo. Muchos han reaccionado rápido y de manera efectiva. Otros no. El problema es que cuando eso sucede en el ámbito público las consecuencias las paga casi toda la sociedad. 

En algunas áreas del Estado la reacción no solo fue lenta para pensar en cambios estructurales a futuro, sino que incluso fue inexistente para poder seguir funcionando durante la primera fase de aislamiento social. El caso más grave fue el del Poder Judicial.

La buena noticia es que hay áreas en el Estado en las que las cosas sí funcionaron bien y en las que, además, hay gente pensando en realizar cambios realmente transformadores a futuro. La mala noticia que trae esa buena noticia, es que esos cambios no se podrán ver de manera inmediata, sino a 10 o 15 años. El presidente Luis Lacalle Pou tiene el desafío de decidir si acepta embarcarse en esos cambios por más que el crédito político no lo vea durante su gestión. 

Digitalización

El fenómeno provocado por la pandemia nos obligó a todos quienes podemos hacerlo a trabajar desde nuestros hogares o, al menos, a minimizar el contacto con otras personas. Los que ya estamos totalmente digitalizados tuvimos pocos problemas para hacerlo. Pero para los que no, es una oportunidad única para avanzar en los cambios de procesos.

No hay rubro en el que en algún punto no pueda digitalizarse algo. El otro día escuché parte de un webinar sobre cómo incluso una refinería realizó una gran transformación. 

Las universidades uruguayas en línea general reaccionaron muy bien. La tenían más fácil porque ya habían dado varios pasos y por eso en la mayoría las clases pudieron continuar. 

Al ser una crisis sanitaria, algunos prestadores de salud también reaccionaron para algunas modificaciones mínimas. Pero lo que esta crisis les demostró es todo el largo camino que tienen poder delante para hacer cambios profundos en el campo de la telemedicina. O incluso en pasos muchos más simples y concretos como la coordinación de consultas. Digitalizando procesos, ¿te imaginás todo el tiempo que te podés ahorrar como usuario? Al pedir hora para consulta en policlínica ya podrías poner el tema de consulta, por ejemplo, y desde allí ahorrarte pasos, esperas y hasta tener que ir al prestador de salud si no es necesario.

Esos son costos que se ahicarían para todos. 

La alerta y el freno

Cómo es lógico, este rumbo de la digitalización tiene un problema adicional: en el camino hay puestos de trabajo que se pierden. Sobre todo, los que agregan poco valor al proceso. Y esas personas son, justamente, las más vulnerables y con menos nivel educativo para lograr reinsertarse. 

Allí la sociedad se merece un debate profundo. ¿Avanzar como lo hace el mundo, siendo más ágiles y más eficientes o ir más lento para no dejar gente en el camino? Esa es otra discusión, mucho más amplia, sobre cómo puede hacer Uruguay para ayudar a quienes pierdan su trabajo por el avance tecnológico a recapacitarse y buscar una reinserción. Por ahora no es un tema en agenda del sistema político. 

El Estado

Una mala experiencia

De los tres poderes del Estado, hubo uno que reprobó largamente la prueba de la pandemia: el Poder Judicial. En primer lugar porque fue el único que dejó de funcionar durante más de un mes y medio. Obviamente que las urgencias (sobre todo en el ámbito penal o de familia) sí se atendieron. Hasta el 29 de abril que se levantó la feria, la Justicia descansó sin procurar en lo más mínimo adaptar algunos procesos a la nueva realidad valiéndose de la tecnología.

Pero incluso luego de levantada la feria, la Justicia no está funcionando de forma dinámica. Solo a modo de ejemplo: cuando un abogado debe presentar un escrito, ya sea en el marco de una causa vigente o por una nueva, debe pedir hora por internet para luego ir de forma presencial a entregarlo. ¿Te imaginás todas las complicaciones que se ahorrarían si tuviesen un sistema electrónico para presentar los escritos a través de internet?

Según algunos operadores del sistema judicial, en el ámbito penal la tecnología del Poder Judicial está mucho más avanzada y no se sintió tanto el efecto de la pandemia. Tener a Fiscalía y a la Policía también digitalizados ayudó a acelerar los procesos. 

Pero en el ámbito civil, los atrasos son impresionantes. Seguramente si conocés a algún abogado sabés todo lo que están sufriendo. 

Otro aspecto son las audiencias. ¿Es necesario realizar todas las audiencias de manera presencial o tener que suspender cientos para evitar riesgos? Al igual que otro montón de rubros la tecnología permite hoy tomar declaraciones a distancia y no se están aprovechando. 

El Centro de Conciliación y Arbitraje por ejemplo, que funciona en el ámbito la Cámara de Comercio, nunca dejó de funcionar. Se realizaron decenas de audiencias por zoom, tomando declaraciones a todas las partes. 

El Poder Judicial es un gigante olvidado que, al igual que los otros contrapoderes, se lo relega en cada asignación presupuestal. Es imprescindible que se adapte a la nueva realidad porque el Estado de derecho necesita a ese poder fuerte. Ya hay algunos procesos de cambios tecnológicos en marcha, pero para poder acelerar los pasos se necesita voluntad política y sobretodo, dinero.

Una buena experiencia

Con miles de cosas para mejorar y corregir, los otros dos poderes funcionaron bien durante la pandemia. El Poder Legislativo no solo ha sesionado ininterrumpidamente sino que incluso una de las cámaras analizó la ley de urgencia y recibió a decenas de delegaciones sin problemas. 

Para el Poder Ejecutivo obviamente era más complejo, pero aprobó la situación con nota. 

Miles de funcionarios de la administración central trabajaron a distancia desde sus hogares apoyados por la tecnología. Una aplicación de la Oficina de Servicio Civil creada durante la administración anterior pero que aún no se había utilizado, permite que los funcionarios marquen tarjeta a distancia. Desde la app ponen hora de ingreso y luego marcan cuando dejan de trabajar. El sistema permite georeferenciar dónde está el trabajador, que debe poner una foto al empezar a trabajar y otra al terminar. 

Pero la mejor noticia no es que los funcionarios hagan lo que tienen que hacer, trabajar. El director de Servicio Civil, Conrado Ramos, tiene planes para cambiar de forma muy profunda la carrera laboral de la administración central.

Por ahora los planes están verdes porque necesitan respaldo político para avanzar. No solo dentro del gobierno, sino también con la oposición. Esas modificaciones tocarán la carrera funcional y por tanto deberían ser parte de una política de Estado porque será algo que no podrá ver sus frutos en este período de gobierno. Los vínculos que tienen los funcionarios hoy con el Estado no se podrán modificar, pero los cambios sí regirán para nuevos ingresos y para que perduren necesitan amplias bases de acuerdo. 

En líneas generales, ¿cuál es el objetivo? Que los funcionarios empiecen a trabajar por resultados y objetivos. Por eso no es relevante en muchos puestos si el trabajo lo hacen desde su casa o desde la oficina, sino que lo hagan y bien. 

Otro de los objetivos es cambiar los criterios de contratación. 

Hoy al Estado hay mucha gente que se muere por entrar. Pero son, muchas veces, las que tienen menos formación. Para esos puestos que, más tarde o más temprano, podrán sustituirse por la automatización. Sin embargo la administración central tiene serios problemas para conseguir personal más capacitado y en algunos rubros específicos que se necesitan.

Por eso los ministerios, que son quienes deben diseñar las políticas públicas, apelan a dos tipos de trampas para conseguir mejores recursos humanos: los pases en comisión de personas que tienen mejores sueldos en las empresas públicas, o al pago de compensaciones para mejorar los salarios.

En ambos casos, las designaciones terminan siendo absolutamente arbitrarias y regidas por la voluntad política del jerarca de turno. 

En el Estado hay 1.300 tipos de compensaciones diferentes para poder aumentar el sueldo a los funcionarios. ¡1.300! Este dato es contundente y por eso se necesita realizar cambios. 

Esperemos que el sistema político esté a la altura de acompañar los aires renovadores que impulsa el nuevo director de Servicio Civil.