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El efecto del coronavirus en la Justicia y las restricciones que tienen las investigaciones en feria sanitaria
Las medias sanitarias que se decretaron desde el viernes 13 de marzo por la llegada del coronavirus a Uruguay también afectaron al sistema de Justicia, y grandes casos judiciales quedaron en suspenso hasta al menos el 3 de abril, día en que culminará la feria judicial sanitaria dispuesta por la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Esa fecha, aunque es provisoria, está sujeta al avance de la enfermedad en el país. "Dependiendo de cómo avance la situación, pueden tomarse más medidas" o extenderse ese plazo, dijo a El Observador el vocero de la SCJ, Raül, Oxandabarat.
Por lo tanto, por el momento no habrá avances en investigaciones como la que inició la fiscal de Estupefacientes Mónica Ferrero a fines de agosto contra el único imputado por los 4.500 kilos de cocina incautados en Alemania, y que estaban en un contenedor uruguayo, o como el caso a cargo de la fiscal Stella Llorente, que investiga la confiscación récord de casi 6.000 kilos de cocaína encontrados en el puerto y en una chacra, y por el cual fueron imputados el productor Gastón Murialdo y su hijo, además de dos peones.
También quedaron en suspenso juicios orales, como el que estaba dispuesto que comenzara en los próximos días contra al empresario y sindicalista Marcelo Balcedo, acusado de lavado de activos, contrabando y tráfico de armas, al igual que juicio que estaba en curso contra tres jóvenes imputados por violar a una mujer en un camping en el balneario de Valizas el primer día del año 2019.
Es que por resolución del máximo órgano de la Justicia, no se dictará ninguna audiencia o actos que no sean "indispensables para los justificables, sin cuyo incumplimiento corra grave riesgo el ejercicio del algún derecho". Esto quiere decir que sí habrá audiencias a las que deberán comparecer tanto fiscale como jueces y abogados de imputados, cuando el asunto a resolver sea, por ejemplo, las medidas cautelares impuestas contra los indagados. La prisión preventiva siempre se ordena con plazos fijos y, cuando se llega a su final, los jueces tienen que decidir si hay mérito para que el imputado siga tras las rejas esperando su juicio, o si en cambio puede aguardar el proceso en su casa bajo prisión domiciliaria, sin que haya riesgo de que ponga en peligro a otros o altere las pruebas.
La Suprema Corte de Justicia también definió que habrá audiencias para definir recursos de amparos –que son acciones que pueden presentar cualquier persona si entiende que la decisión tomada por alguna autoridad está vulnerando derechos fundamentales de otros–, así como "procesos de protección, investigación y penalización de la violencia doméstica y basada en género", la conducción de detenidos infraganti a la Justicia, la aprobación de solicitudes de detenciones y allanamientos y las internaciones compulsivas de enfermos mentales, entre otras decisiones de urgencia que no pueden aplazarse.
Pero en ninguno de esos casos, las audiencias están abiertas al público o a los medios de comunicación, como una de las principales medidas sanitarias adoptadas.
Medidas para investigar
Los fiscales, a cargo de todas las investigaciones penales desde que funciona el nuevo Código del Proceso Penal, no escapan al cumplimiento de las medidas sanitarias dictadas por el Ministerio de Salud Pública y por la propia Fiscalía General de la Nación, y algunas ofrecen limitaciones para avanzar en las causas o indagaciones.
Por disposición del fiscal de Corte, Jorge Díaz, solo irán a sus oficinas aquellos fiscales que se encuentren de turno, mientras que el resto trabaja con las carpetas de los casos desde sus casas, pese a que es algo que no tienen mayor urgencia ya que los plazos procesales dejaron de correr desde este lunes 16 de marzo hasta el 3 de abril, y no hay fechas o plazos que se venzan. Trabajan hacen a través del uso de tablet, con las que acceden a los sistemas informáticos de la Fiscalía.
Según explicaron a El Observador algunos fiscales consultados, siempre que sea posible se acuerda con todas las partes evitar "los contactos directos" entre operadores jurídicos, imputados, abogados y magistrados. E incluso entre los fiscales y el brazo auxiliar de las investigaciones, que son los policías.
"Por ahora, lo que estamos haciendo es tratar de reducir al mínimo todo lo que sea presencial. Y tenemos varios mecanismos: la policía puede tomarle declaración a los testigos, o nosotros podemos llamar a los testigos de un hecho por teléfono y grabar esa conversación", dijo William Rosa, fiscal adjunto de Flagrancia y secretario general de la Asociación de Fiscales.
Pero no siempre se puede, sobre todo cuando hay que interrogar a una persona sospechosa de haber cometido un delito. "Por una cuestión de garantía constitucional, el indagado tiene derecho a que se le tome declaración (in situ), y eso no se lo puede restringir. Pero sí restringimos la cantidad de personas que participamos del interrogatorio, y tomando todas las medidas de higiene que se recomiendan", agregó Rosa, refiriéndose al uso de tapabocas y alcohol en gel.
Pero esas son situaciones que se generan cuando los fiscales están en sus oficinas, a la espera de la llamada de la policía para notificar sobre denuncias o detenidos. De lo contrario, cuando están en sus casas, las instancias de investigación son muchas menos que en momentos normales, debido a la feria.
"Solo podemos avanzar en investigaciones que todavía no fueron formalizadas", explicó. Es decir, solo pueden profundizar en las indagaciones de aquellos casos en los que todavía no hubo detenidos ni imputados. "Por lo que los que no estamos de turno podemos aprovechar para poner en orden las carpetas en la tranquilidad de nuestras casas, algo que usualmente no podemos hacer por la vorágine de todos los días", destacó el fiscal.
