Por Emiliano Heguaburu. Content Manager de InfoCasas.
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El caso de Chile
La inversión chilena en Uruguay es un fenómeno más reciente y responde a una realidad política compleja que se agudizó frente a las propuestas de reforma constitucional impulsadas por el gobierno del presidente Gabriel Boric.
El plebiscito realizado en setiembre del 2022 no contó con los votos necesarios para llevar adelante los cambios y generó preocupaciones en algunos sectores de la sociedad chilena que decidieron buscar nuevos destinos para su inversión, entre ellos Uruguay.
El perfil del inversor chileno es más conservador y busca diversificar su portfolio que históricamente estuvo concentrado en Estados Unidos. Las propiedades en pozo son las más buscadas con destino para renta y la modalidad de pago más usada es pago contado o cuotas durante plazo de obra.
En cuanto a zonas más buscadas en Montevideo se encuentran: Pocitos, Punta Carretas, Malvín, Punta Gorda. Punta del Este es otro de los puntos elegidos con inversiones que van desde los USD 180.000 a los USD 400.000.
Según estimaciones del portal InfoCasas, la inversión chilena superó los US$ 12.000.000 a fines de 2022 en vivienda y oficinas.
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¿Por qué Uruguay?
Uruguay ha tenido un comportamiento estable en lo que refiere al plano económico, político y social. Sin tener demasiados altibajos y con una conducta previsible, ha logrado cosechar un perfil buscado y valorado en América Latina.
En cuanto a transparencia y calidad de vida, Uruguay lidera las primeras posiciones de la región con un marco institucional y jurídico sólido.
De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2022 elaborado por la ONG Transparency International (TI), el país se mantiene en lo alto del ranking latino, reforzando la imagen como destino de inversiones.
Esto se contrasta con la realidad latinoamericana que, golpeada por la inflación, crisis económicas e inestabilidad política, mantiene preocupados a los gobiernos y a las sociedades en general. Este estado de incertidumbre se traduce en una fuga de capitales por parte de inversores que buscan nuevos destinos para invertir o radicarse.
La batería de medidas promovidas por el gobierno ha sido otro de los estímulos a la llegada de inversiones extranjeras. La Ley 16.906 establece exoneraciones impositivas aplicables a: Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto al Patrimonio, Impuesto de Trasmisiones Patrimoniales (ITP), Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) e Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE), que dan un fuerte estímulo desde el punto de vista financiero.