Llegar hasta el fondo

La decisión de Placeres quitó presión a los diputados del Frente Amplio que, sin su paso al costado, tenían que definir en estas horas si daban su voto a la solicitud del fiscal del caso, Luis Pacheco. De la investigación judicial surge que Placeres, en su actuación como diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP), hizo gestiones a favor de Envidrio y acompañó una resolución decisiva para que la firma gestionada por un grupo de trabajadores recibiera préstamos en condiciones beneficiosas de parte de instituciones estatales. El problema legal es que su intervención la realizó mientras a la misma vez tenía un “rol de gestión y de conducción en múltiples tareas” en la cooperativa Envidrio, lo que configura un delito, según el artículo 161 del Código Penal.

El artículo invocado por Pacheco, que trata sobre la conjunción del interés personal y del público dice que “el funcionario público que, con o sin engaño, directamente o por interpuesta persona, se interesare con el fin de obtener un provecho indebido para sí o para un tercero en cualquier acto o contrato en que deba intervenir por razón de su cargo, u omitiere denunciar o informar alguna circunstancia que lo vincule personalmente con el particular interesado en dicho acto o contrato, será castigado con pena de seis meses de prisión a tres años de penitenciaría, inhabilitación especial de dos a cuatro años y multa de 10 UR (diez unidades reajustables) a 10.000 UR (diez mil unidades reajustables)”. 

Diputados frenteamplistas, particularmente de la numerosa bancada del MPP, expresaron su apoyo a Placeres, a quien felicitaron por su actitud, y muchos de ellos aseguraron que no ha cometido delito alguno.

Sin embargo, el artículo 161 es muy claro respecto a que un funcionario público no puede intervenir en situaciones en los que tiene algún tipo de interés y, además, está obligado a informar sobre un eventual conflicto de interés. Es decir, que, para demostrar su inocencia, Placeres debería tener pruebas de que nada de ello es cierto como surge de diversos testimonios que recoge la investigación judicial y que dieron lugar al fallo del fiscal Pacheco.

Enhorabuena la renuncia de Placeres porque contribuirá a que avance la investigación judicial y que todos sepamos de una buena vez cómo se gestionó y aprobó el financiamiento a una cooperativa de trabajadores, que es parte de un plan más general de “recuperación” de empresas fundidas, como una alternativa al modelo de gestión capitalista, y que tuvo el apoyo estratégico del gobierno de Venezuela del extinto Hugo Chávez y del actual de Nicolás Maduro. Nada positivo, por cierto, dado el deterioro que ha sufrido Venezuela por la aplicación de ese fracasado modelo del socialismo del siglo XXI.