Los astros se vuelven a alinear

Como te relaté en el número de mayo de #ConsultorTributario, en el pasado ya hubo esfuerzos para evitar la competencia fiscal considerada “nociva” entre los países, como fueron los trabajos en materia de base imponible única y la jurisprudencia sobre subsidios y ayudas de Estado en el ámbito de la UE, o los estudios y acuerdos que venían desarrollándose en el ámbito del Proyecto BEPS de la OCDE, en particular a propósito de los Pilares I y II de su Acción 5.

Pero esta iniciativa es distinta a las que te menciono. ¿Por qué? A mi entender, y como expresé el 21 de junio pasado en El País, por el impulso que le está dando la Administración del presidente Biden, que ha decidido que éste sea uno de los principales drivers en su política exterior. Esto no solo se vio reflejado en sus declaraciones casi inmediatamente luego de asumir su presidencia al respecto, sino en hechos concretos más o menos evidentes para la opinión pública, como por ejemplo la influencia decisiva que tuvo Estados Unidos en la elección del nuevo Secretario General de la OCDE, Mathias Cormann, australiano nacido en Bélgica; o el hecho de que Biden haya apuntado nada menos que a su Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, como encargada de dirigir este esfuerzo con el G7, el G20 y la OCDE, sin dejar de estar implicado personalmente en el tema como se ha podido ver.

Luego de años debilitada por la actitud de la anterior administración de Estados Unido, ahora la OCDE vuelve a empoderarse como no lo estaba desde que el G20 le encomendó en 2009 luchar contra la evasión tributaria mundial, luego de la Gran Crisis del año anterior. Para encontrar un esfuerzo de la profundidad de éste, hay que remontarse hasta el año 1933, con el informe Mitchell Carrolll, como ha sostenido el prestigioso profesor Eduardo Baistrocchi, de la London School of Economics y Universidad Torcuato di Tella. Los astros de nuevo se han alineado para la organización, qué duda cabe, y el reciente acuerdo en el marco de la OCDE lo demuestra.

Ahora bien, aun aceptando que este proceso está apalancado en una profunda convicción política de la nación más poderosa del mundo, que ha puesto sus mejores herramientas al servicio de la causa, ¿podemos esperar resultados en lo inmediato? 

Pues lo primero que debe decirse es que estamos a meses de poder contar con un marco normativo nuevo que refleje estas intenciones, y por eso la discusión de momento tiene necesariamente un cariz político, de alta política, pero político al fin. 

De momento, el proceso cuenta con el impulso del G7 desde junio pasado, y ya ha sido refrendado en el escenario de la OCDE por 130 de 139 países, China entre ellos, como te informaba al comienzo de esta columna. Como reza la propia declaración final del G7 de junio, sus miembros están comprometidos con relanzar la economía de manera equitativa luego de superada la trágica crisis del COVID-19, asegurando la prosperidad futura, y con ese propósito consideran en su tercer punto que es imprescindible reformar el sistema comercial mundial y, al mismo tiempo, establecer una nueva arquitectura fiscal global que contravenga la llamada “carrera hacia el fondo” o “race to the bottom”, que supone que algunos países rebajen sus impuestos de forma unilateral para atraer inversiones.

Al recordarte lo anterior quiero enfatizar que estas dos facetas son las que van a marcar el compás de las negociaciones futuras: la comercial y la fiscal, que irán de la mano. Esto quedó evidenciado por el hecho de que Estados Unidos, para dar un mensaje claro sobre la seriedad de sus intenciones, ha dispuesto -y luego suspendido- una serie de aumentos de tarifas con varios países del G20. El mensaje es claro y contundente: avénganse a esta nueva arquitectura de fair play fiscal global que propongo, u olvídense de comerciar libremente. Todo no se puede. 

Y en nuestra región, ¿qué podemos esperar? Pues dado que los países de LATAM son países en desarrollo y no son sede de las principales 100 empresas del mundo que en principio estarán alcanzadas por este esfuerzo de redistribución de potestad tributaria, es probable que puedan perder recaudación como consecuencia de estas medidas, aunque asegurarlo con el estado de avance actual es imposible. Es mucho más probable que experimenten impactos más inmediatos países como Irlanda, Suiza o territorios como Hong Kong, por su interconexión con esquemas globales de la Economía. 

Pero no por ser más lejanos los efectos deben menospreciarse, a mi juicio por dos razones: 

• En primer lugar, porque el proceso puede ir más rápido de lo que se cree, y el consenso logrado hace horas lo demuestra. En lo internacional, pese a la resistencia inicial de países como Irlanda, Estados Unidos como indiqué antes está dando mensajes claros de que no se podrá comerciar libremente si no se avienen a esta nueva arquitectura y eso está alineando a Europa. China, por su parte, quitando el rol de Hong Kong como hub, siempre ha defendido estos procesos y ve esto como una oportunidad de relanzar su relación comercial con Estados Unidos, y por eso ha adherido. Y en lo interno, aunque el camino parlamentario para la Administración Biden no es tan pacífico, hay algunos indicios de que podrían dar lugar a pensar que es posible avanzar.
• En segundo lugar, hay que entender que este proceso es más geopolítico que fiscal. Estados Unidos está poniendo en juego las reglas del comercio internacional expresamente en este proceso, y los países latinoamericanos dependen mucho del comercio exterior, ni que decir Uruguay. Esto quedó claro con las medidas de aumento de tarifas que dispuso el gobierno estadounidense, y luego suspendió, y está explícito en las declaraciones del G7. Por eso también esto es parte de una negociación clave por el gravamen de las empresas y plataformas digitales por parte de Europa, algo que Estados Unidos quiere distender.

¿Qué cabe para nuestro país ante una iniciativa colosal como ésta? Antes de nada, estamos aún lejos de cualquier norma concreta, como vengo de decir, y en tal sentido lejos de sufrir impactos concretos. No es probable que vaya a exigir aumentar impuestos, pues la tasa corporativa de Uruguay ya está alineada con la de los países OCDE, que por lo demás se ha ido reduciendo dramáticamente en las últimas décadas, desde alcanzar más del 40% a poco más del 20% en la actualidad.

No obstante, no hay que menospreciar este proceso, porque como indiqué antes, está interrelacionado íntimamente con la vocación comercial multilateral de Estados Unidos y los países centrales a futuro, y eso a Uruguay le pesa mucho. 

Y en el plano fiscal, no debería perderse de vista el impacto que puede tener en los regímenes promocionales como Zonas Francas, Propiedad Intelectual o Promoción de Inversiones, porque el esfuerzo pretende limitar este tipo de regímenes para generar una competencia fiscal leal entre países; y, por último, otra consecuencia a futuro podría ser limitar la posibilidad de recaudación por países pequeños de las rentas derivadas de plataformas digitales, que en Uruguay han venido pagando pacífica y ejemplarmente sus impuestos, todo esto si se continuaran algunas líneas de los Pilares I y II de BEPS sobre economía digital, algo altamente probable. 

Nuestro país ha venido defendiendo muy inteligentemente sus regímenes promocionales, que han sido evaluados positivamente por la OCDE luego de algunos ajustes normativos, y está hoy muy bien posicionado para mantenerse competitivo en el escenario que asoma. Pero eso no quita que deba mantenerse muy atento y prestar atención ante el nuevo fenómeno. En general, es poco lo que controlamos hombres y naciones (como reza un sutra lleno de sabiduría que recuerda Emmanuel Carrère en su última novela, Yoga: “Si quieres ver a Dios reír, cuéntale tus planes”); mucho menos un país pequeño como Uruguay. Pero eso no significa que no haga todo lo que está a su alcance para preservar sus activos y seguir atrayendo inversiones directas genuinas, algo esencial en el mundo pospandémico.