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Los lugares del interior a los que el Estado no llega
Vivir con luz, tener un cajero cerca para sacar dinero o regularizar una actividad para aspirar a una jubilación no es un problema para gran parte de la población en el Uruguay de este siglo.
Sin embargo, en algunos lugares, en pequeñas localidades del país que solo se ven con un zoom en el mapa, hay personas que viven sin luz desde hace más de diez años. También hay problemas en la regularización para aspirar a una jubilación e incluso hay pasivos que dependen de los guardas de ómnibus para cobrar su dinero porque no tienen un cajero o un local de pagos cerca.
En el Uruguay del siglo XXI de cifras ejemplares, comparado con la región, hay quienes no tienen las mismas facilidades que los que viven en medianos y grandes centros poblados y sus historias, por lo general, también quedan en el ostracismo.
A oscuras
Hace más de dos décadas que un grupo de pobladores se instaló en La Masamorra, en el departamento de Durazno. Todos los habitantes del lugar -que no llega a ser un pueblo- tienen algún contacto con el medio rural.
Pero la complicación que tienen seis familias de La Masamorra no es el trabajo, sino que desde hace diez años no tienen luz, a pesar de que la columna de UTE más cercana está a 250 metros, donde termina una estancia de la zona. Allí, en un tiempo que todavía algunos de los integrantes de las seis familias recuerdan, hubo una policlínica y servicios que fueron desapareciendo luego de que la luz se apagara.
Según las estimaciones oficiales, 1.500 hogares del medio rural no tienen acceso a la red de energía eléctrica. Uruguay es el país que presenta más electrificación de la región y las cifras de casas sin luz han disminuido a una mínima expresión del 0,3%. Pero dentro de esa cantidad hay familias, como las de este lugar del departamento de Durazno, que no tienen acceso a la electricidad.
Según el Programa de Electrificación Rural que lleva adelante la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), desde el año 2012 se incorporaron 1500 hogares rurales y 17 escuelas al del suministro de UTE. Además, según cifras del organismo, se desplegaron 2.170 kilómetros de cableado eléctrico.
El director nacional de Evaluación y Monitoreo del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Juan Pablo Labat, dijo a El Observador que los casos en donde no hay luz son “muy raros” porque Uruguay tiene un nivel de electrificación de la escala de países europeos. De igual modo, reconoció que hay lugares en donde queden familias sin luz, pero aclaró que esto se da porque en muchos casos no es rentable hacer determinadas infraestructuras e invertir dinero para electrificar.
En esta misma línea, sostuvo que desde una visión global Uruguay no tiene “ese problema de la falta de luz” porque hay determinados factores que hacen que en ciertos casos la falta de electricidad o incluso del acceso al agua potable sean propias del medio rural, a donde las autoridades no pueden llegar por motivos territoriales. “Siempre quedan marginalmente pequeñas poblaciones a las cuales no se puede llegar. Aproximadamente el 1% de la población no le llega la electrificación, es algo muy bajo”, dijo Labat.
Uno de los mayores inconvenientes que hay es que “al haber tan pocos sin conexión” es difícil poder acceder a los casos específicos para hacer llegar la luz, dijo el director de de Descentralización e Inversión Pública de OPP, Pedro Apezteguía, a El Observador.
El jerarca afirmó que hoy en día la OPP tiene una lista de 695 personas que aún no accedieron a la electricidad en sus hogares. No obstante, Apezteguía dijo que en muchos casos son las personas que deciden que no llevarán adelante la conexión por distintos motivos, entre los que se destaca el costo. El precio por la instalación eléctrica varía según las características del suelo, la cantidad de kilómetros que implica la conexión y el número de clientes que usufructúen un mismo cableado. Pero, según Apezteguía, el promedio es de US$ 10.000 de los cuales la OPP financia un 40%.
El director espera que para los meses de mayo o junio de este año se pueda cumplir con la totalidad de las solicitudes de conexión. “Igual, siempre cuando terminás, aparece alguno que no tiene luz. Es decir, no es algo que tenga fecha de terminación, siempre hay reclamos”, dijo.
Sobre algunos casos, como el de La Masamorra, en el que la luz termina muy cerca del lugar. Apezteguía dijo que se acostumbra a hacerle una solicitud a UTE para que realice la conexión faltante. “El vecino va y le pide a la gente de UTE”. Es decir, si se está a menos de un kilómetro la idea es que la persona solicite poder tener acceso a la luz para no tener que comenzar todo el proceso que exige el Programa de Electrificación Rural de OPP.
No obstante, el director aclaró que desde la OPP no tienen forma de saber donde no hay electricidad, si el caso no es presentado antes. “Nosotros hicimos la campaña Uruguay Todos con Luz para poder cubrir la mayor cantidad posible de casos sin electricidad, pero de otra forma no hay manera de que nosotros sepamos”.
Sin embargo, esas campañas que mayoritariamente se hacen en redes sociales no siempre llegan al público objetivo que no tiene luz. Apezteguía dijo que las zonas más complicadas son dentro del departamento de Lavalleja, Tacuarembó y Salto. “Dentro de estos departamentos las complicaciones aparecen en lugares profundos”.
Por pocos metros
En Puntas del Chileno, en Durazno, hay un almacén desde el año 1920. El local se encuentra justo en la intersección de dos caminos rurales,por lo que se transforma en el sitio de descanso donde muchos estancieros o peones se encuentran para tomar algo. Como en todo pueblo chico, el lugar y su dueña son conocidos por los habitantes desde hace muchos años.
Mientras que en la actualidad hay más de 1 millón de personas que aportan para su seguro jubilatorio, la dueña del lugar comenzó a hacer el papeleo necesario para ser una más. Pero a medida que fue avanzando en el trámite se encontró con una traba que la dejó sin poder finalizar el proceso y siguió siendo parte de ese 17% de los trabajadores uruguayos que está en negro. Desde el BPS le argumentaron que era imposible que ella comenzara a aportar porque al local en donde trabaja le faltan tres metros.
Pero esta situación no se soluciona con una simple reforma edilicia ya que el almacén es hecho de piedra y la reforma implicaría tirar abajo la vieja edificación. Además del valor sentimental, el costo excede los ingresos que posee la dueña del lugar.
Sixto Amaro, representante de los jubilados en el BPS, dijo a El Observador que no se han dado muchos casos de esta índole. Amaro señaló que en la actualidad no hay una manera de palear la situación con una alternativa, por lo que la solución más evidente es que se lleve adelante la reforma del almacén. De igual modo, Amaro, recalcó que la situación puntual le parece un fenómeno “casi único” en todo el país y que habría que analizarlo con detenimiento para encontrar una solución en caso de que no se pueda hacer la reforma correspondiente.
Jubilación en ómnibus
Mientras algunos intentan aspirar a una jubilación, a otros se les hace difícil acceder al dinero. Este es caso de los pasivos del pueblo Morató, en el límite de Paysandú y Río Negro. Los jubilados, que vivieron toda su vida en el campo y trabajaron en él, se encuentran mes a mes con la dificultad de poder cobrar sus pasividades.
Si bien al principio manejaron opciones que implicaban viajar a Guichón, lugar que les queda a 60 kilómetros, finalmente desistieron porque la mayoría cobra cifras mínimas y este gasto les complicaría llegar a fin de mes. Entonces tomaron la decisión de que lo mejor era entregarle a los guardas de ómnibus que pasan por el pueblo sus tarjetas de débito y sus cédulas de identidad para que ellos sacaran el dinero de un cajero automático o de una dependencia del BPS a cambio de una pequeña comisión que se llevan los transportistas. Si bien es común que en algunas localidades lleguen delegados del BPS con el dinero de los pasivos, en Morató donde hay 300 habitantes, los funcionarios del banco no llegan. Y tampoco hay cajeros.
“Estamos en conocimiento de que hay lugares en donde no hay cajero pero tampoco existe un local de pagos como Abitab y mucho menos una dependencia del banco”, dijo Amaro y aclaró que en este caso la única opción que les queda a los jubilados y pensionistas es tratar de llegar al lugar más cercano para poder obtener su mensualidad.
El representante de los pasivos afirmó que el BPS ha recibido quejas de muchos casos de este tipo. Como alternativa, el ente realiza giras mes a mes para tratar de llegar con el dinero a todos los jubilados, no obstante, Amaro dijo que en muchos casos se tuvieron que cancelar por motivos de seguridad. “Entre los temas que trancaron a este tipo de giras, la seguridad de nuestro personal fue uno de los primeros en estar sobre la mesa”.
El coordinador del Programad e Inclusión Financiera del Ministerio de Economía, Martín Vallcorba, dijo a El Observador que la ley previó desde sus inicios este tipo de situaciones por lo que se aclara que los jubilados y pensionistas pueden seguir cobrando en efectivo. “En aquella localidades de menos de 2000 habitantes que no cuenten con un fondo de extracción de efectivo, no aplican las medidas referidas al pago a través de medios electrónicos”.
Además Vallcorba aclaró que a través de las modificaciones que se aprobaron en diciembre de 2018, todas los pasivos tienen la posibilidad de cambiar la forma en la que reciben sus jubilaciones. Si alguien que recibe el dinero mes a mes en una cuenta bancaria decide que quiere hacerlo a través de una dependencia del BPS o local comercial lo puede hacer. “Este caso concreto no está alcanzado por la ley”, sostuvo el economista.
Desde el Banco República, dijeron a El Observador que en localidades pequeñas como Morató, no es viable colocar un cajero porque el mantenimiento y la logística que implica llevar el dinero tiene un costo que el banco no puede asumir. Señalaron que la opción que les queda a quienes cobren por cajero son los locales comerciales. No obstante, en el departamento de Paysandú el más cerca que tienen quienes viven en Morató es en Guichón, por lo que también implica salir del pueblo.
Otra alternativa que ha llevado adelante el banco es dar pequeñas capacitaciones en el interior del país, precisamente en 20 lugares, para enseñarles a los clientes del BROU cómo manejar su dinero a través de la página del banco. Pero, como en todos los casos, estos cursos aún no han arribado a Morató.
Desde el banco afirmaron que se está poniendo foco en la instalación de nuevos cajeros automáticos en sus sucursales, especialmente en las que están ubicadas en el interior del país. En 2018 se instalaron 28 cajeros en todo el interior y dos en lo que va de 2019.
Un tema histórico
Los distintos gobiernos que han estados en la administración pública trataron el tema de la descentralización. Pero siempre quedan lugares recónditos de Uruguay donde algunos servicios no llegan.
El analista político, Adolfo Garcé dijo a El Observador que Uruguay es un país que por razones históricas está construido mayoritariamente por el Partido Colorado, y este se caracterizó sobre todo en la época del batllismo de estar apegado a lo urbano. “Todo el Uruguay tiene un sesgo más batllista que otra cosa”.
El analista señaló que la descentralización siempre es “muy tímida” porque el Estado no puede desapegarse de la historia que lo construyó. “Es un poco el patrón del Uruguay, porque si uno mira las cifras de desarrollo humano en los departamentos del interior puede ver que siempre son más bajos”, dijo.
