Los pedidos para censurar libros rompen récords en las bibliotecas y escuelas de los Estados Unidos

“Nunca había visto algo así. Los dos últimos años fueron agotadores, aterradores, indignantes”, aseguró Deborah Caldwell-Stone, directora de la Oficina por la Libertad Intelectual de la ALA, durante la presentación del documento que, además de compilar el número de pedidos de censura y los títulos, también aporta datos sobre la naturaleza cambiante de los reclamos.

Hasta hace algunos años, la mayoría de los intentos de silenciar un libro buscaban retirarlo o restringir el acceso al texto. Por lo general, apuntaban a un título en particular y procedían de padres o miembros de la comunidad escolar. “Ahora estamos viendo que las impugnaciones proceden de grupos organizados que se dirigen a las reuniones de los consejos de administración de las bibliotecas locales para exigir la supresión de una larga lista de libros con el objetivo de que nadie los pueda leer", explicó Caldwell-Stone.

Algunos de esos grupos actúan en forma coordinada en todo el país. Es el caso de Madres por la Libertad, un movimiento ultraconservador que se organizó en el estado de Tennessee durante la pandemia para exigir que los niños asistieran a clases sin barbijo y que, luego de extenderse a muchos otros Estados, dice tener por misión “unificar, educar y empoderar a los padres para defender sus derechos parentales en todos los niveles del gobierno”.

Ya hacia fines del año pasado, el PEN America, la institución fundada en 1922 que integran escritores y editores para defender la libertad de expresión mediante la literatura, advirtió que las “iniciativas mordaza” en los legislativos comunales y estatales habían aumentado un 250% con relación a 2021.

En esa oportunidad, la entidad identificó unos 50 grupos activos que promocionan las prohibiciones, la gran mayoría formados en 2021. “El dramático aumento en la cantidad de iniciativas mordaza es en sí mismo un motivo de alarma. Refleja una mayor inclinación hacia la censura y las iniciativas tienden a ser más punitivas, apuntan a un mayor número de instituciones y procuran restringir una variedad cada vez más amplia de expresiones”, alertó el PEN America.

El informe elaborado por la Oficina por la Libertad Intelectual de la ALA indica que un total de 2.571 títulos fueron objeto de censura en 2022 frente a los 713 del año anterior y los 156 de 2020, marcando así un nuevo récord. El relevamiento de la asociación creada hace 140 años indica que el 58% de los intentos estuvieron dirigidos contra libros en bibliotecas y planes de estudios escolares, mientras que el resto contra títulos en bibliotecas públicas.

La entidad anunció que dará a conocer la lista de los títulos afectados a fines de abril, durante la Semana Nacional de Bibliotecas que se celebra en Washington; aunque anticipó que algunos de los libros afectados son clásicos de la literatura estadounidense, como Matar a un ruiseñor, de Harper Lee; De ratones y hombres, de John Steinbeck, y Ojos azules, de la fallecida premio Nobel de Literatura Toni Morrison. También Proyecto 1619, un reportaje ganador del premio Pulitzer publicado por The New York Times y que se centra en el legado de la esclavitud.

Según el PEN America, las presentaciones realizadas por grupos organizados en las legislaturas y en las juntas educativas comunales desataron una “batalla legal” que afecta a unos 5.000 establecimientos educativos públicos a los que asisten unos 4 millones de estudiantes. “El objetivo es suprimir las voces de aquellos tradicionalmente excluidos de los debates públicos, como las personas de la comunidad LGTBQIA+, o las personas de color", precisó Caldwell-Stone.

Los especialistas coinciden en que en los Estados Unidos hay una verdadera guerra legislativa y que en el centro de la batalla están las “iniciativas mordaza”, que procuran restringir la enseñanza, la capacitación y el aprendizaje en las escuelas, pero también en el ámbito de la educación superior. Según Jonathan Friedman, autor principal del informe del PEN America, el movimiento “se acelera rápidamente y resolvió en que más y más estudiantes pierdan el acceso a la literatura que los prepara para enfrentar las complejidades de la democracia".

“Son los lectores los que deben decidir y no la autoproclamada policía del libro", enfatizó Caldwell-Stone. “La censura no ataca sólo a los libros. Cada vez hay más amenazas contra trabajadores de las bibliotecas a su empleo, su seguridad y en algunos casos amenazas directas por proporcionar libros a los jóvenes”, denunció la titular de ALA, Lessa Kanani'opua Pelayo-Lozada. De hecho, algunas de las iniciativas presentadas incluyen castigos cada vez más severos, como fuertes multas o la pérdida de fondos estatales para las instituciones, e incluso cargos penales contra los educadores.

El documento del PEN America puntualiza que “si bien la mayoría de los proyectos siguieron centrándose en la enseñanza de temas raciales”, un número creciente se orientó a censurar a las identidades LGBTQ+. Es el caso del proyecto de Ley HB 1557, presentado en la legislatura de Florida y conocido popularmente como "No digas gay", que tras fracasar el año pasado podría volver a ser debatido en el actual período de sesiones.

Se trata de un estado en el que su gobernador, el republicano Ron DeSantis, aprobó normas para revisar materiales de lectura y limitar en las escuelas los debates sobre identidad de género y racismo, lo que produjo que se retiraron de forma temporal o indefinida títulos como Buscando a Alaska, de John Green; Tocando el cielo, de Colleen Hoover, y la novela distópica de Margaret Atwood El cuento de la criada, entre otros.

En este contexto, escritores, editores y educadores advierten que las iniciativas desbordaron los márgenes habituales para convertirse en campañas sofisticadas y con muchos recursos. Señalan, además, que la tendencia indica que muchos proyectos de censura también se dirigen a escuela, colegios y universidades privadas. “Hace apenas unos años, los legisladores republicanos defendían proyectos de ley que protegían la libertad de expresión en los campus universitarios; ahora, muchos de ellos se concentran en proyectos que censuran ideas particulares”, alertó en su momento el PEN America.

En el marco de la presentación de su informe, ALA recordó que la impugnación de un libro puede resolverse a favor de mantenerlo en la colección, restringir su acceso o retirarlo de la biblioteca. Los especialistas añaden que, si bien los gobiernos estatales y las juntas escolares tienen libertad para establecer estándares curriculares, la Corte Suprema de Justicia también afirmó que al hacerlo deben reflejar los principios democráticos y reservar espacio para la disidencia.

Quienes denuncian que la ola prohibicionista en aulas y bibliotecas no para de crecer, enfatizan que las iniciativas mordaza violan esos preceptos y deben ser revertidas. En este sentido, destacan el fallo del exintegrante de la Corte Suprema William Brennan, quien, en 1967, en una sentencia por mayoría, estableció que las escuelas no deben “arrojar un paño mortuorio de ortodoxia sobre el salón de clases”. Posición que reafirmó en 1982 a favor de la pluralidad, al señalar que las escuelas públicas deben operar “de una manera que concuerde con los imperativos trascendentes de la Primera Enmienda”.

Entidades como el PEN America y ALA admiten que la educación es un bien sujeto al debate público, la deliberación y la supervisión, al tiempo que reconocen que las partes interesadas deben tener voz en el sistema educativo. Y aunque destacan que no tienen intención de tomar una posición sobre los beneficios o inconvenientes de materiales específicos, no dejan de alertar sobre los riesgos que supone la censura al libre flujo de ideas y las restricciones gubernamentales a la libertad de leer, aprender y enseñar.

“En una democracia, la respuesta a los desacuerdos nunca puede ser prohibir la discusión de ideas o hechos, simplemente porque causan malestar”, recordó el PEN America en su último informe. Oportunidad en la que advirtió que las iniciativas prohibicionistas “crean un amplio efecto escalofriante entre maestros y profesores, tanto por su omnipresencia como por el discurso de censura que inspiran”. Una campaña nacional prohibicionistas en aulas y bibliotecas que no muestra signos de disminuir.

(Con información de la agencia de noticias AFP)