El gobierno entra en su segundo año de gestión con encuestas que marcan un apoyo a la baja, una economía que parece enfriarse y la ausencia de mayorías absolutas en el Parlamento, lo que dificulta la aprobación rápida de distintas medidas. En ese contexto, el debate sobre cuál será la agenda política del gobierno se vuelve especialmente relevante. Sin embargo, no parecen existir grandes ambiciones ni iniciativas capaces de generar una alineación clara dentro de la propia fuerza de gobierno.
Más bien ocurre lo contrario. Las últimas semanas se han caracterizado por cruces públicos entre distintas figuras del oficialismo —tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo— sobre cuáles deberían ser las prioridades a impulsar. En muchos casos, lo que una figura propone es rápidamente descartado o criticado por otra del mismo espacio político. El resultado es evidente: más que una agenda común de la fuerza política, lo que aparece es una suma de agendas individuales.
Mientras figuras relevantes del Frente Amplio, como el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, o el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, defienden la necesidad de crear un Ministerio de Justicia, otras figuras del propio oficialismo —como senadores actuales o la histórica dirigente Lucía Topolansky— han señalado que esa iniciativa no es “ni cerca una prioridad número uno”. Algo similar ocurre con la propuesta de aplicar un impuesto del 1% al 1% más rico de la población.
Mientras parte del Frente Amplio la impulsa con entusiasmo, la iniciativa ha sido descartada de plano por el equipo económico y por el propio presidente de la República. Aun así, hay quienes continúan defendiendo su conveniencia, bajo el riesgo de desautorizar a las principales figuras del gobierno. A esto se le debe sumar la propuesta que en los últimos días ha planteado el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, de abrir la inversión de empresas públicas a capitales privados.
La propuesta ha generado curiosidad —e incluso cierto apoyo— en la oposición, pero también rechazo entre varios actores del propio oficialismo y del movimiento sindical. Algunos incluso han recordado que el propio presidente Yamandú Orsi presentó su visión de gobierno ante el Parlamento el pasado 2 de marzo y que en ese discurso no había ninguna referencia a una iniciativa de este tipo. Si no estaba en ese discurso, ¿por qué aparece ahora? Continuando con las agendas individuales, el ministro de Trabajo impulsa una medida para que las empresas deban informar previamente al gobierno antes de anunciar despidos. Sin embargo, el respaldo político a la iniciativa no parece ir más allá de su ministerio o de su sector político.
Lo mismo sucede con el planteo de un senador frenteamplista de limitar la construcción de monoambientes. Hasta el momento no se ha escuchado un apoyo claro del Ministerio de Vivienda, de las intendencias ni del Ministerio de Economía y Finanzas. La confusión también se extiende al plano internacional. La propuesta del presidente estadounidense Donald Trump de impulsar una iniciativa conjunta denominada “Escudo de las Américas” fue recibida por algunos senadores oficialistas como una propuesta “irrisoria” y como un “club de amigos ideológicos” del que Uruguay no debería formar parte. Sin embargo, pocas horas después el presidente de la República afirmó que el país está dispuesto a analizar su eventual participación.
Cuando estas contradicciones se multiplican, lo que queda en evidencia no es un simple debate interno —algo natural en cualquier fuerza política— sino una pregunta más profunda: ¿cuál es realmente la agenda del gobierno? El Frente Amplio tiene una larga historia de diversidad ideológica dentro de sus filas.
Incluso podría decirse que esa diversidad ha sido una de sus principales fortalezas, al presentar un amplio abanico de sensibilidades que le ha permitido consolidarse, durante décadas, como una de las principales fuerzas políticas del Uruguay. Esa diversidad siempre implicó diálogo e incluso tensiones al momento de fijar la agenda política. Pero aun en esos contextos existían espacios comunes y propuestas que actuaban como la raíz central de su proyecto político. Durante el período electoral no abundaron las ideas o propuestas que se posicionaran como el eje central de la campaña del Frente Amplio.
Más bien ocurrió lo contrario, con eslóganes como “Que gobierne la honestidad” o “La revolución de las cosas simples”, consignas que podrían haber sido utilizadas sin mayores problemas por partidos de la coalición o por cualquier otra fuerza política, de derecha o de izquierda, en la región.
Cuando estas contradicciones y propuestas individuales se repiten semana tras semana, la sensación que queda es que no estamos frente a un debate dentro del oficialismo, sino frente a una competencia de ideas sueltas. La necesidad de una agenda clara y unificada del oficialismo parece hoy una condición clave para el país, aunque todavía no ha logrado aparecer con nitidez. Cuando eso no ocurre, la política deja de parecer un proyecto y empieza a parecer una conversación desordenada. Y en política, cuando la agenda no la define uno, terminan definiéndola los demás.
